El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, compareció la semana pasada ante la Comisión de Economía del Parlamento de la Comunidad Valenciana para presentar el informe de fiscalización de la Cuenta General de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2011. La prensa local recoge su preocupación por el aumento de las obligaciones no reconocidas (las denominadas facturas en los cajones) y los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar esos gastos en siguientes ejercicios, que se están convirtiendo en «una forma normal de pago» en muchos ayuntamientos. 

La guerra contra las facturas del cajón tiene varios frente abiertos, además del permanente altavoz de la eficiente Sindicatura valenciana. Por un lado –respecto los años anteriores- los planes de pago a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico impulsado desde la Administración del Estado, que las financiaron. Sin embargo, como nos recuerda Montse Carpio, hay dos frentes legislativos decisivos que pretenden extinguirlas en el futuro. Por un lado el proyecto de Ley Orgánica de control de la Deuda comercial en el sector público, que el Consejo de Ministros envió la semana pasada a las Cortes Generales y que equipara el principio de sostenibilidad financiera con el de sostenibilidad de la deuda comercial, además de obligar a las Administraciones a publicar el período medio de pago.

Pero, sin duda, el cambio sustancial lo proporcionará otro gran proyecto –exigencia UE- que entró en el Congreso en julio pasado: la futura Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Un texto breve, de tan solo 13 artículos, que generalizará el uso de la factura electrónica en el sector público -obligatoria a partir del quince de enero de 2015- exigiendo en todas las Administraciones Públicas -estatal, autonómica y local- unos puntos generales de entrada de facturas electrónicas para que los proveedores puedan presentarlas y lleguen electrónicamente no sólo al órgano administrativo al que corresponda su tramitación -¡el cajón!- sino a la oficina contable competente.

Continúa el deterioro presupuestario

El informe (descargar aquí sin los anexos) debatido con el Síndico Mayor -en la foto adjunta durante un congreso de la EURORAI– refleja el «empeoramiento» de las cuentas locales por la crisis, con un aumento del 8 % en el remanente de tesorería negativo, que suma 129,8 millones. La presión fiscal permaneció inalterable (subió un 1 %) pero la carga financiera por habitante creció un 33 % y las inversiones se desplomaron un 41 %.

Informar del deterioro de las finanzas locales es una tarea recurrente de la Sindicatura durante los últimos años, que ha completado con el seguimiento de las debilidades del control interno local y la exigencia de responsabilidades y sanciones para los ayuntamientos renuentes a la rendición de cuentas (Por todos, este artículo de 2008!).

En España, es frecuente encontrar artículos de prensa sobre los Pueblos que sortean la bancarrota. Pero es esta una preocupación europea. Así, los diez millones de alemanes que viven en Ayuntamientos prácticamente insolventes. En Francia, el Tribunal de Cuentas acaba de llamar la atención sobre la falta de compromiso para el control del gasto local donde la masa salarial todavía subió un 3,3% entre 2012 y 2013.

En la Comunidad valenciana, de las 588 entidades locales que presentaron la Cuenta General fueron requeridas 529 entidades locales para que subsanaran o justificaran las incidencias no aceptadas por esa Sindicatura. Las comprobaciones globales sobre los estados presupuestarios han reflejado que 373 entidades locales presentan incidencias; la más frecuente: el resultado presupuestario ajustado negativo, que afectaba a 176 entidades locales, indicativa de un deterioro de la situación económica de la entidad.

La falta de estimación del importe de dudoso cobro en el remanente de tesorería, que afectaba a 170 entidades locales -un indicio de que se han incumplido las normas presupuestarias y contables- que obligan a su determinación para calcular el remanente de tesorería, era la segunda incidencia más frecuente. Asimismo las comprobaciones sobre el balance y la cuenta de resultados habían reflejado que la incidencia más frecuente se debe a la existencia del fondo de maniobra negativo que la presentan 206 entidades locales.