Finanzas al límite

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Esta semana se hizo público el informe de fiscalización del sector público autonómico valenciano correspondiente al ejercicio 2009. Como viene siendo habitual cada año, se trata del primero que se aprueba y publica a nivel nacional, conteniendo la fiscalización del año inmediatamente anterior. El informe, por tanto, suele ser premonitorio de la situación general de las finanzas públicas, tanto autonómicas como locales.

Como era de esperar, el informe constata el gran deterioro de las finanzas autonómicas. Los medios de comunicación han titulado el escenario de ahogo o situación inasumible e insoportable, incluso de caos contable y hasta de  quiebra.

La alarma producida en la opinión pública ha sido de tal calibre que obligó a la Sindicatura ha difundir un comunicado de prensa rechazando que en ningún momento se apuntase en el informe hacia una quiebra técnica.

Veamos a continuación las partes más relevantes del informe.

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Contenido

La Sindicatura valenciana viene incluyendo diversos informes individuales correspondientes a todos los ámbitos del sector público autonómico (Administración de la Generalitat, entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones públicas) así como de las cinco Universidades públicas de la Comunidad Autónoma.

Además de las fiscalizaciones de control general, sobre áreas significativas y de control formal, este año la Sindicatura ha realizado un esfuerzo adicional llevando a cabo una fiscalización especial sobre la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyos resultados se recogen en los distintos informes individuales de cada ente.

Asimismo y como en los dos ejercicio precedentes, el Informe de la Sindicatura de Comptes incluye la auditoría de los sistemas de información de varias entidades, así como el seguimiento de las mejoras recomendadas.

A continuación podéis descargar los informes:

Los aspectos más relevantes del Informe de la Cuenta General de la Generalitat se incluyen en el Resumen de la Fiscalización (Volumen I, Introducción y Conclusiones, capítulo 6), y son:

1.- Deuda sanitaria

  • El análisis de la denominada “deuda sanitaria” y las correspondientes “facturas en el cajón” suele ser la estrella de los informes de fiscalización de las Cuentas Anuales de las CCAA. Desconfíe usted de aquellos gobiernos y de sus respectivos auditores que no mencionen este aspecto de forma clara, directa y transparente: sin duda, están eludiendo el problema. En este sentido, la Sindicatura valenciana es un ejemplo. Eso permite a la Generalitat sacar pecho (en las formas) y resaltar que dicho informe “pone de manifiesto clarísimamente el cumplimiento con la legalidad, que hay más transparencia, más publicidad y más oportunidad en la información financiera suministrada”. Sin embargo, el fondo de las cuentas ponen de manifiesto que la Comunidad Valenciana tiene un serio problema.
  • Así, el gasto de asistencia sanitaria sigue siendo el que más peso tiene en el presupuesto. El conjunto de los seis programas de asistencia sanitaria suponen el 40,7% de las obligaciones reconocidas totales, seguido de los gastos en educación, cuyos tres programas presupuestarios representan el 28,1%.
  • Como ya se indicaba en informes de ejercicios anteriores, los gastos sanitarios han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, siendo sus causas numerosas y complejas. Para la Sindicatura este desequilibrio se relaciona con los problemas estructurales derivados de la financiación insuficiente del sistema sanitario valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual, que tienen su reflejo en el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito suficiente (apartado 8.1.f del Informe de la Cuenta General).
  • En el presupuesto de gastos de 2009 de los programas de asistencia sanitaria se han reconocido obligaciones correspondientes a gastos de ejercicios anteriores por 275 millones. A 31 de diciembre de 2009, la deuda santaria figuraba contabilizada por 1.543,3 millones de euros, para su imputación en los ejercicios 2010 a 2017, restando por contabilizar 962,6 millones, a imputar también en ejercicios posteriores. De este importe, 290,5 millones corresponden a facturas de noviembre y diciembre de 2009 de las prestaciones de farmacia, que han sido imputadas al presupuesto de 2010 y pagadas en el primer trimestre de este año. Al final quedaron en los cajones 672,1 millones de euros.

2.-  Caída de los ingresos

La evolución de los ingresos durante 2009 ha estado marcada por los efectos de la desaceleración económica. En este contexto, los derechos reconocidos (excluida la variación de pasivos financieros) sólo han aumentado un 1,3% respecto a 2008, tras haber disminuido un 0,1% ese ejercicio.

En relación con los derechos de ejercicios anteriores, existen, a 31 de diciembre de 2009, 776,6 millones de euros pendientes de cobro provenientes de los ejercicios 1990 a 2004 (de los cuales 633,9 millones son “derechos definidos”) y otros 304,1 millones provenientes de los ejercicios 2005 a 2008. La provisión por insolvencias asciende a 401,9 millones, por lo que debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los derechos que se estime dudoso cobrar, sin perjuicio de que se efectúen las gestiones que procedan.

3.- Endeudamiento

En relación al balance, el endeudamiento financiero asciende a 9.333,7 millones de euros (7.460,7 millones de euros el año anterior) una magnitud de tal calibre que la Sindicatura reclama en su informe “la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres años”.

El diario El País titula “La Sindicatura de Comptes destapa la deuda desbocada del Consell” en referencia a las dificultades de la situación financiera de la Generalitat que exigen el citado Plan:

“el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, atribuyó ayer a un “error” de la Sindicatura(la necesidad del plan) porque se anticipó a la última reunión del Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera -el órgano que reúne al Estado y a las comunidades autónomas-, que estableció que la Comunidad Valenciana no necesitaba un nuevo plan de reequilibrio. “La realidad es que la Sindicatura ya no quiso cambiar el informe”, sentenció Camps.

En efecto, el informe de la Sindicatura reconoce que la Intervención General de la Generalitat ha facilitado a la Sindicatura el cálculo de la IGAE sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Comunitat a efectos de cumplimiento con el objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de financiación por importe de 3.144 millones de euros, que suponen el -3,09% del PIB regional.

El incumplimiento del objetivo de estabilidad requiere la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres años.

4.- Gastos plurianuales

En relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, La Sindicatura alerta también sobre su crecimiento -muchos de los cuales se prolongan más allá de dos legislaturas- que solo en la Administración general -empresas aparte- se situaron en 32.101 millones de euros (25.5 en 2008).  Además, la información de la memoria no incorpora los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por un importe conjunto de, al menos, 3.025,3 millones de euros, relativos el plan plurianual de financiación de las universidades (760,9 millones) y otras empresas públicas.

5.- Contratación

En relación a la fiscalización de la contratación, se ha llevado a cabo un trabajo específico de revisión de la aplicación de la Ley de Contratos en los distintos niveles de la administración autonómica, así como de comprobación del diseño y funcionamiento de los perfiles de contratante y de las instrucciones de contratación.

Por otra parte, en la cuenta del resultado económico patrimonial y el pasivo del balance no recoge ninguna cantidad en concepto de estimación de los intereses de demora que pudieran devengarse por la aplicación del artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público. Aunque se desconoce el importe exacto, dicha cantidad podría ser significativa.

La Generalitat usa desde el año 2005, la modalidad de pagos denominada “confirming”, cuando se firmó el “Convenio general con entidades financieras por el que se establece el procedimiento para el pago de determinadas obligaciones a acreedores de la Generalitat” con siete entidades financieras, al que posteriormente se han adherido otras muchas. Adicionalmente, se han firmado convenios individuales con las empresas acreedoras adheridas a esta (en la actualidad hay 642 empresas adheridas).

En este convenio se establece un sistema de pago a 120 días a los proveedores y las entidades financieras pueden anticiparles los importes de las obligaciones contraídas con ellos. La Generalitat, al vencimiento de las remesas podrá solicitar a las entidades financieras el aplazamiento del pago por un máximo de 180 días.

Figura en la Memoria el detalle del confirming por entidades, ascendiendo el límite de estas operaciones a 760 millones de euros con un dispuesto de 304,7 millones, de los que 182,7 millones figuran a 31 de diciembre como en operaciones de tesorería a corto plazo y 122,0 millones de euros en endeudamiento. Los tipos de interés que se han aplicado a estas operaciones han oscilado entre el euribor más 0,5-1,20 centésimas.

Plural: 8 comentarios en “Finanzas al límite”

  1. Permítaseme volver a dar la brasa con la supuesta falta de financiación de la sanidad pública:
    ¡¡ ES MENTIRA ¡¡

    Que no se presupueste nada en GASTO MILITAR y se dote todo el crédito presupuestario suficiente a la sanidad pública …

    Que el debate sea, pues, la insuficiente financiación del gasto militar y dejen a la sanidad en paz … lo que no significa que no se pueda (y deba) gastar en sanidad (en lo público, en general) de forma más eficiente (hay que hacer más con menos), buscando también fórmulas que impliquen mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos incluyendo, por qué no, el copago.

    Por otra parte, parece, vamos bien … En la Comunidad Valenciana ‘sólo’ tenemos una Necesidad de Financiación en 2009 (es decir, menores ingresos que gastos en términos SEC95) de 3.144 millones de euros -un poquitín más de 500.000 millones de pesetas (*)- en un año. No se sabe bien a cuánto ascenderá de verdad (es decir, si la contabilidad registrase “todo” y “bien” lo que debe registrar) dicha magnitud.

    (*) Cifra que, perfectamente, puede ascender al coste anual -seguridad social incluida- de más de 100.000 funcionarios 😦

    ¡ Felices fiestas y próspero año nuevo ¡

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  2. Al hilo del comentario anterior ha resultado difícil resistir la tentación. La cifra de empleados públicos de la Comunidad Valenciana (según link señalado a continuación) es 228.453

    http://www.elpais.com/graficos/economia/funcionarios/Espana/Europa/elpgraeco/20100528elpepueco_1/Ges/

    Dando por razonablemente buena la cifra de empleados anterior, resultaría que el número de éstos que computaría en el ámbito de la “Estabilidad presupuestaria” de la Comunidad Valenciana en términos SEC95 ascendería a 133.023, una vez descontados 38.129 a cargo del presupuesto del estado y 57.301 a cargo de las entidades locales (se ruega corrección si hay equivocación).

    La “Necesidad de financiación” de 2009 de la Comunidad Valenciana en términos Sec95 (que, según indica el Informe de la Sindicatura de Cuentas Valenciana, fue calculada por la IGAE – Intervención General de la Administración del Estado) ascendió a 3.144.000.000 euros.

    En consecuencia, si en 2009 se hubiese dejado de abonar (coste seguridad social incluido) a cada empleado público de la Comunidad Valenciana 23.635 euros (casi 4 millones de pesetas), la “Necesidad de financiación” medida en términos Sec95 también hubiese sido negativa; pues el hipotético ahorro (133.023 empleados x 23.635 euros dejados de abonar = 3.143.998.605 euros) es menor que la magnitud real (bueno, calculada por la IGAE).

    ¿Es mucho?, ¿es poco?, ¿pasa algo? … ¿es sostenible?

    Nota: se ruega corrección si hay equivocación.

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  3. El informe reproduce muchísimas recomendaciones sobre la Ley de Contratos, contratación de personal, empresas públicas en causa de disolución,… Las empresas públicas se endeudan sin control como es el caso de la televisión autonómica.

    La pregunta es la siguiente ¿qué responsabilidad se puede pedir a los gestores de empresas públicas que producen estas pérdidas tan importantes? El problema es que contablemente todo es correcto, nadie se ha llevado un euro a casa, pero se generan pérdidas por un gestión descontrolada en contratación y sin control.

    ¿hay alguna experiencia al respecto?

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