VI Congreso Internacional de Control Público y Lucha Contra la Corrupción

Durante los últimos 25 años la Universidad de Salamanca (USAL) ha venido acogiendo sucesivas reuniones de las Instituciones de Control Externo iberoamericanas. La Fundación General de la USAL las realiza con agilidad y mucho oficio. Así, al igual que otros cientos de seminarios de todo tipo que generan intercambio de experiencias y opiniones entre los profesionales de múltiples campos del saber, que generan mucha actividad  académicas y ocupación en la ciudad.

La semana pasada coincidían en Salamanca media docena de Jornadas y, entre ellas, el VI Congresso Internacional de Controle Público e Luta Contra a Corrupção que impulso junto a mi buen amigo e irmãode Minas Gerais, el Doutor Sebastião Helvécio Ramos de Castro, subdirector del Instituto Rui Barbosa (IRB), entidad brasileña que promueve la investigación e formación de los miles de funcionarios de los 33 Tribunais de contas de esa inmensa nación.

La importancia de los Tribunales de Cuentas en Brasil (26 en los Estados, 6 municipales y el nacional: total: 33) queda patente con su principal competencia: aprobar las cuentas de las Entidades Públicas. Es una aprobación técnica, no política. En España estamos acostumbrados a esta última faceta, por ejemplo, cuando los plenos de los ayuntamientos aprueban (o no) las cuentas municipales. Pero este es un acto político que responde a las mayorías de gobierno y a la aprobación de la gestión. A diferencia de los administradores de las sociedades anónimas, que deben (todos) formular y firmar las cuentas anuales, con la responsabilidad que comporta, los concejales, por ejemplo, solo tienen responsabilidad política ante irregularidades o fraudes en las cuentas que aprueben.

Los Tribunales de Cuentas de nuestro continente emiten una opinión, mediante técnicas de auditoría, sobre la fiabilidad de información financiera que contienen las cuentas públicas. Los Parlamentos (y la opinión pública) valoran políticamente esos informes y salvo que de ellos se concluya malversación o falta de justificación de fondos, no se inician procesos de responsabilidad contable, competencia reservada en España para el Tribunal de Cuentas.

En Brasil, las cuentas públicas deben ser aprobadas por los Tribunales de Cuentas de cada Estado (las del Gobierno federal, por el Tribunal de Cuentas de la Unión) y para ello, instruyen un expediente de tipo judicial, con importante intervención del ministerio fiscal, y concluyen con un pronunciamiento expreso, como las sentencias. El gestor que no ve aprobadas sus cuentas por el Tribunal no puede ser candidato en ningún tipo de elecciones, lo que supone un importante acicate para el cumplimiento de la legalidad financiera. Es cierto que los sucesivos recursos jurisdiccionales pueden suspender y retrasar este reproche, pero tarde o temprano adquirirá firmeza. Esta es la verdadera competencia y responsabilidad de los Tribunales de Cuentas en Brasil, aunque también realizan multitud de auditorías operativas y, últimamente bastantes medioambientales.

La Ley de Responsabilidad Fiscal brasileña es un verdadero código de conducta gerencial en las finanzas públicas, con un texto de alta complejidad técnico-jurídica, que introdujo (así lo comentábamos hace dieciocho años) nuevos conceptos y procedimientos fiscales en la rutina administrativo-financiera del país y fijación de límites para el endeudamiento y para los gastos de personal, incluyendo reglas limitadoras a la acción del administrador en determinados periodos, como no poder realizar gastos, en final de mandato, que no puedan ser pagadas dentro del propio periodo de mandato. Los límites para el gasto de personal son distintos para la Unión o para los Estados y municipios, en torno al 60% del presupuesto.

El Tribunal de Cuentas de la Unión fue creado en 1890, siendo Ministro de Hacienda Ruí Barbosa (nombre que lleva hoy el Instituto de los TCu estaduales) y en la actualidad realiza una fiscalización concomitante(simultanea) de las obras públicas. En su normativa reguladora, puede pedir la paralización de las obras en curso. Unos procedimientos que los gestores entenden como un sistema muy burocrático. El propio Lula llegó a afirmar que había “demasiada fiscalización“.

Los brasileños están cada cada día más preocupados (desde la Carta de Curitiba, por ejemplo) por los controles de eficacia y eficiencia que fue una referencia permanente durante el congreso, junto a la prevención y el combate a la corrupción (Carta de Natal, por ejemplo).

Comentaremos en las próximas entradas algunas de las interesantes aportaciones del programa y ponentes (gracias amigos por vuestro esfuerzo al recorrer media España para atenderlos en los sucesivos paneles) que además incluyó un homenaje a dos expresidentes de TCEs brasileños como Antonio Carlos Flores de Moraes (aquí una reseña cariñosa) y Salomao Ribas Jr, (aquí comentando su tesis) doctores por la Universidad de Salamanca y prolíficos autores de libros y artículos.