Universidades contra el fraude

Hace unas semanas participé con José Ramón Chaves y Julio García en una interesante jornada de formación antifraude coordinada por Luis Marco para los principales funcionarios de la Universidad de Salamanca. Una formación obligatoria para responsables de fondos del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), así como el área financiera de la gerencia universitaria.

Las Instituciones de Control Externo, empezando por el mismo Tribunal e Cuentas de España y continuando por todos los OCEX del Estado, han acometido trabajos de seguimiento de cerca de los planes antifraude en las diversas AAPP.  Los propios XV Encuentros Técnicos dedicaron un importante apartado al asunto.

Todas las AAPP españolas están participando en mayor o menor medida de la ejecución de estos fondos. La gestión de los planes antifraude es objeto de análisis por los auditores y sus conclusiones pueden traer consecuencias. Las Universidades también se han tomado en serio las obligaciones de formación en este área. Algunos Consejos Sociales se han involucrado muy directamente en su seguimiento, como una extensión de su tarea de rendición de cuentas y de supervisión de las actividades económicas de las Universidades Públicas. 

La lucha contra las praxis fraudulentas en cualquier organización pública o privada debe ser sistémica, metodológica y proactiva. Así, las Universidades Públicas deberán armar en sus próximos Estatutos -y normativa interna- las previsiones del nuevo art. 39 de la LOSU:

4. Las universidades velarán por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración con los organismos y planes de los que, para estos efectos, disponga cada universidad.

La propia LOSU en su artículo 47.2, l) encomienda al Consejo Social velar también por ese cumplimiento en una redacción que e idéntica (y por tanto redundante: un apartado para toda la Universidad y otro para el Consejo Social) e inusitada en un mismo texto legal; una muestra más de improvisación por no hablar simplemente de mala técnica legislativa.

Los primeros análisis doctrinales de estas redacciones también echan muy en falta que el legislador hubiera cerrado el círculo de la lucha antifraude, completando el espectro de integridad en la función docente e investigadora con un mandato expreso para abordar el fraude en la gestión económico-financiera de la Universidad. Fraude en contratos públicos y en la actividad subvencional u otros desembolsos que no acredite la necesidad del gasto.

Os recuerdo que a finales de septiembre, Toledo será la sede de un interesante y esperado congreso auspiciado por la UCLM sobre La Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. Gobernanza, Control Interno y Régimen Económico. Ponentes procedentes del mundo de la gestión y de la auditoría interna o externa (comunicaciones hasta el 6 de septiembre) afrontarán los principales temas de interés.

Destacamos entre las actividades regulares de formación, los seminarios para las  universidades promovidos por la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana, con la tercera edición del curso para personal PAS de la Universidad de Valencia sobre “Prevención de riesgos de corrupción en la gestión pública”, con más de un centenar de asistentes entre gestores universitarios, así como otro para el personal directivo cuadros técnicos de las cinco universidades.

Universidades de Cataluña

Al respecto resulta ilustrativo el reciente informe 16/2023 de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña relativo a los Planes antifraude aprobados por las universidades públicas que participan en la ejecución de las medidas PRTR. El ámbito temporal abarca las actuaciones  realizadas por las universidades hasta el 28 de febrero de 2023.

El trabajo, pendiente de traducción al castellano, fue presentado por la síndica Anna Tarrach como ponente a finales del mes pasado. Supone una fiscalización limitada que incluye la revisión del cumplimiento de la normativa aplicable a los planes de medidas antifraude que deben aprobar las universidades públicas que participan en la ejecución de los fondos del PRTR y la evaluación de la estructura de gobernanza y los procedimientos adoptados para la elaboración, aprobación, difusión, implantación y seguimiento de los planes aprobados.

Ya hemos comentado en esta bitácra la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 1030/2021 que determina el sistema de gestión del PRTR y establece que toda entidad que participe en su ejecución debe disponer de un Plan de medidas antifraude (PMA) que permita garantizar que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas y, en particular, en lo referente a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Dicho plan debe cumplir unos requisitos mínimos.

Las universidades catalanas participan como ejecutoras de forma directa 84,33 M€ en el período 2021-2023 siendo, además, beneficiarias de otros proyectos incluidos en el PRTR.

La fiscalización realizada ha incluido la revisión del cumplimiento de la normativa aplicable a los PMA y, en concreto, la evaluación de la estructura de gobernanza y los procedimientos adoptados para la elaboración, aprobación, difusión, implantación y seguimiento de los PMA aprobados.

Los auditores examinaron el proceso de elaboración y los contenidos de los PMA y han analizado los sistemas de difusión empleados para dar a conocer el PMA y si se disponía de sistemas de gestión y seguimiento económico de los ingresos y los gastos. Sus principales conclusiones son:

• Las 7 universidades públicas aprobaron un PMA y previeron una estructura de gobernanza, Comisión Antifraude, que sería la responsable de llevar a cabo los PMA. El 28 de febrero de 2023 todas las universidades excepto una, habían constituido formalmente dicho órgano.
• No todas las universidades hicieron los tests de autoevaluación y riesgo que contempla la normativa como paso previo a la elaboración del PMA: 5 universidades los facilitaron y 2 universidades no lo facilitaron. De las que los facilitaron, solo en 2 casos estaba completo.
• Respecto al procedimiento para tratar el conflicto de interés y la suscripción de una DACI, todas las universidades disponían de un modelo, pero en 4 universidades no se habían aprobado procedimientos específicos para la gestión de los conflictos de interés.
• La matriz de riesgos es una herramienta para facilitar la evaluación de la probabilidad de impacto de determinados riesgos en diferentes áreas de gestión. 5 universidades facilitaron la matriz de riesgos, si bien no de forma completa.
• En relación con las medidas de detección, los PMA de todas las universidades prevén que deben contar con mecanismos de notificación y denuncia y con el desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) como señales de alerta. 2 universidades han implementado un canal de denuncias y solo 1 universidad ha establecido un listado de banderas rojas.

Por último, la Sindicatura indica en el informe un conjunto de recomendaciones que considera que deberían ser objeto de una atención especial por parte de las universidades públicas de Cataluña. En particular, destaca la recomendación de que el PMA y las medidas de prevención, detección y persecución del fraude y del conflicto de interés deberían ser fácilmente visibles y accesibles desde las páginas web de las universidades.