La noticia con que abrimos hoy esta bitácora tiene como protagonistas a los habilitados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, objeto de duras acometidas por parte de los gestores locales. Me desagrada la desigual posición de unos cargos electos que arremeten públicamente contra el secretario o el interventor sin que estos pueda defenderse por los mismos canales. No es imaginable a los atacados convocando una rueda de prensa para rebatir los argumentos utilizados. Rindo mi modesto y lejano homenaje a esos funcionarios con habilitación estatal que celebran, la próxima semana en Cádiz, el congreso bienal del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) lo que nos da una magnífica ocasión para prestar atención a las demandas profesionales de un colectivo que tan grandes y valiosos servicios está prestando al mundo local. 

 Entre las actividades programadas, la Asamblea prevé aprobar una Ponencia elaborada por la Comisión Ejecutiva del Consejo General relativa a la “Declaración sobre las líneas generales a seguir en la reforma del régimen jurídico de los SITAL” que resume el status quo de la profesión así como el futuro deseable.

Entre las conclusiones que se plantean destaca la mención al Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que refuerza aún más la figura del Interventor, por lo cual esperan “que se mantenga esta motivación esencial en el texto definitivo”. Sin embargo, hay muchas otras referencias que es preciso destacar en esta bitácora.

En materia de oferta de empleo, selección, movilidad y régimen disciplinario, los habilitados consideran necesario reforzar el carácter estatal de la Escala como garantía de la imparcialidad y como sistema de enriquecimiento de la actividad jurídico- administrativa y de gestión económica y financiera de nuestras Entidades Locales, para lo cual piden la derogación de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.

Así, la instrucción y sanción de las faltas graves y muy graves debería corresponder a la Administración General del Estado “para una mayor garantía de la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad en el ejercicio de funciones de tan especial relevancia relacionadas con el control de legalidad, el manejo y custodia de los fondos públicos y la satisfacción de los derechos de los ciudadanos en condiciones de igualdad”.

Controles

Esta misma semana, el presidente del col.legi de Censors de Catalunya, Daniel Faura (con varios años de experiencia en la gestión local) publicaba en el diario Cinco Días una Tribuna titulada “Mejores controles, más transparencia” donde argumentaba la imposibilidad de levantar la mano en los controles, sea en su acepción preventiva o en su aplicación coercitiva, “entre otras razones como consecuencia de los perversos efectos provocados por su ausencia”. Por decirlo en otras palabras: cuando se han relajado los controles, los chanchullos no han tardado en florecer.

Por eso la declaración reconoce que “uno de los grandes problemas del sistema ha sido la corrupción”. Para combatirla resulta necesaria “una mayor transparencia en la gestión pública local en general, y de forma especial en el urbanismo y la contratación pública”. La transparencia significa, además, que se debe potenciar el derecho de información ciudadana en un sentido amplio.

En este sentido, resulta obligado mencionar que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se incorporan a la última tendencia y tendrán que remitir sus cuentas a la Cámara de Cuentas si quieren beneficiarse de subvenciones, según se desprende del anteproyecto de Medidas Fiscales y Administrativas que ha presentado este jueves el presidente autonómico. Se trata de una práctica que empieza a imponerse en la normativa autonómica.

Por último, destaco de la propuesta de Declaración del COSITAL, que en consonancia con la homogeneización contable que establece el SEC 95 y con la finalidad de unificar los procedimientos de control público, los habilitados consideran necesario “el establecimiento normativo preciso para la homologación en los criterios y procedimientos de control interno con los del resto de las Administraciones Públicas en el marco de la Ley General Presupuestaria”.

En esa línea piden desarrollar el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, “aprobando el detalle de los requisitos básicos a fiscalizar, en los casos en que se opte por establecer la fiscalización limitada previa, debiendo tenderse a un sistema único para todas las Administraciones”.

En fin, una función -la que ejercen estos funcionarios- compleja y arriesgada que exige una mentalidad muy especial.