¿Morirán las facturas del cajón?

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AIREF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la institución garante del cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Lo hace a través de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Como reconocía recientemente José Marín, director de la división de Análisis Económico de AIReF, la Institución es la consecuencia natural de un modelo de gobierno y administración tan descentralizado como el español. Sus informes y recomendaciones deben cumplirse por las Administraciones destinatarias o explicar por qué no se cumplen, con traslado a la opinión pública. 

En realidad, nuestra sociedad no valora suficientemente las ventajas de la sostenibilidad financiera. Quizás los jubilados -o quienes están cerca de la jubilación- sean más sensibles a este asunto, en lo que afecta al sistema público de pensiones. El sesgo al déficit es un efecto inevitable de nuestros ciclos electorales.

Lo cierto es que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal se va configurando como una institución clave de la gobernanza fiscal. Tras el debate político y mediático que tuvo lugar durante su constitución, empezamos a ver los primeros informes de la AIReF. En una de sus últimas opiniones, reconoce que seis Comunidades Autónomas no han cumplido sus objetivos de déficit en 2013 y podemos leer una afirmación incómoda a nivel nacional:

No es factible una reducción de más de 30 puntos porcentuales de la ratio de deuda desde el nivel actual hasta el año 2020 …

Ahora que el gobierno francés reconoce que también tiene problemas para cumplir con sus objetivos de déficit y deuda, Alemania muestra señales de flexibilidad en su rígida postura sobre la disciplina fiscal que adoptó durante los primeros años de la crisis de la zona euro.

Las facturas del cajón

Bruselas vs Valencia

En otro reciente informe titulado “Cambios en los procedimientos del ciclo presupuestario” la AIReF recomienda que se den los pasos necesarios para que la elaboración de los presupuestos de 2016 ya incluya una “base presupuestaria armonizada para todas las Administraciones públicas”. Al igual que los OCEX y el propio Tribunal de Cuentas, ha sido muy crítica con la utilización de cuenta no presupuestaria 413/409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, exigiendo cambios que obliguen a detallar los supuestos en que procede su utilización así como “el tiempo máximo de permanencia en cada caso y las circunstancias en las que una operación puede quedar pendiente de imputación presupuestaria a 31 de diciembre”.

Recuerda que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, considera como infracción muy grave la realización de compromisos de gastos sin crédito presupuestario. Recomienda que los titulares de la función contable de las AAPP amplíen la información a suministrar acerca de esta cuenta 409/413 con el fin de que los órganos de control interno y externo puedan examinarla con detalle. Esta información podrá comprender, entre otros aspectos como:

  • Fecha en se realizó la prestación
  • Fecha en que el justificante de la obligación de pago (factura o documento equivalente) tuvo entrada en la entidad
  • Razón por la que la obligación permanece en la cuenta

Además, en el marco de seguimiento trimestral de la ejecución presupuestaria y los periodos medios de pago debería hacerse un seguimiento de las operaciones registradas y su tiempo de permanencia en la cuenta.

Como nos recordaba ayer el blog de José Manuel Farfán, a partir del 15 de enero de 2015 será obligatorio para las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas, previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre (¡más madera!). También sugería una visita al Registro Contable de Facturas de la IGAE con abundante material, administrativo y divulgativo.

Por último recordar que todas las administraciones públicas de España deberán haber publicado en el mes de octubre y en términos homogéneos cuáles son sus plazos medios de pago a proveedores y si incumplen la Ley de Morosidad.

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