El titular que nos proporciona el letrado Jesús Sánchez Lambás, de Transparencia Internacional, con ocasión de su participación en un seminario y en la ponencia técnica del proyecto de ley asturiana de transparencia, nos permite abordar el desarrollo por las CCAA de la Ley 19/2013 de transparencia, Acceso a la información y buen gobierno (LTBG).

La apertura de datos no es gratis. Manuel Villoria nos recuerda, en un amplio y bien elaborado artículo titulado “La publicidad activa en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e insuficiencias” (gracias, Borja) que según la Oficina de Auditoría Británica, la media de gasto por departamento en la implantación de un sistema de open data oscila entre 53.000 y 500.000 libras. No solo cuesta la tecnología, sino también el tiempo de trabajo de funcionarios relevantes. 

En el actual contexto de restricciones de gasto público, tengo la impresión de que la implantación en las AAPP de toda esa nueva política de transparencia será a coste cero, dentro de eso que popularizó Al Gore: “hacer más con menos”. La gran mayoría de la información presupuestaria se elabora mensualmente para su remisión al Ministerio de Hacienda, que exige a las CCAA y EELL información –periódica y no periódica- detallada relativa a personal, planes de tesorería, deuda viva y las fases de ejecución del presupuesto. No hacerlo acarrea las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Luego está la información sobre contratación que también se encuentra digitalizada en el perfil de contratante y en los expedientes de remisión obligatoria al Tribunal de Cuentas y los OCEX. La nueva LTBG (y en gran medida su desarrollo autonómico) incorpora los contratos menores a esa publicidad activa -aunque basta con divulgarlos trimestralmente- lo que supondrá un nuevo quebradero de cabeza para los responsables de esa área.

En todo este escenario, estoy detectando en los últimos años un cierto hartazgo de los funcionarios del área financiera sobre la cantidad de trabajo que se desarrolla para el Ministerio de Hacienda, así que cuando llegamos los auditores pidiendo más documentación notamos menos cariño que antes.

El próximo año, con la entrada plena en vigor de las obligaciones de la LTBG para las administraciones autonómicas y locales, habrán de alimentar también el portal institucional de transparencia y quizás se haga con los mismos efectivos. También asistiremos a la implantación de la obligatoriedad de la factura electrónica y la contratación electrónica. En menos de un lustro, la Administración habrá cambiado totalmente. En plena crisis y sin reposición de efectivos.