Sobrecostes, corrupción y control

“En el mundo de los proyectos cívicos, el primer presupuesto es en realidad una especie de anticipo. Si la gente supiera el coste real desde el principio, nunca se aprobaría nada. La idea es empezar. Ponerse a hacer un agujero tan grande que ya no hay otro remedio más que traer el dinero necesario para taparlo”. Así recogía hoy el diario El País, en un magnífico artículo, las palabras del ex–alcalde de San Francisco, Willie Brown, justificando los habituales sobrecostes de la obra pública emblemática.

La laxitud con que los ciudadanos vienen aceptando estas desviaciones en la obra pública, hace que el 90% de los denominados megaproyectos terminen costando mucho más de lo licitado. Desde hace muchos años es conocida la técnica de las empresas licitadoras, cuya perfección encontramos en el reciente caso del Canal de Panamá. Proyectos modificados y complementarios por doquier que se vienen justificando desde siempre por causas técnicas imprevistas o nuevas necesidades y que dieron lugar a un rapapolvo desde las Instituciones Europeas que endurecieron nuestra normativa contractual. Así lo decíamos hace siete años intuyendo que esta práctica era la madre de todas las corruptelas.

Hoy, también hemos sabido que los españoles somos los europeos que más afectados se sienten por el problema de la corrupción. Según los datos del Eurobarómetro, el 63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, frente a un 25% de media en la UE. Por si no fuera suficiente, otra conclusión del estudio arroja que el 97% de las empresas españolas (segundo porcentaje más elevado de la UE) declaró que la corrupción está muy extendida en su país (media de la UE: 75%), mientras que el 88% (segundo porcentaje más elevado de la UE) consideró que la corrupción y el abuso de poder están extendidos entre los políticos, los representantes de los partidos o los altos cargos a nivel regional o local (media de la UE: 70%), asegura la Comisión Europea.

El informe sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y que pone de relieve los deficientes controles existentes en España para combatirla destaca las siguientes prácticas fraudulentas, denunciadas por las empresas:

• Pliegos de condiciones a la medida para determinadas empresas (80%);
• Abuso de los procedimientos negociados (72%);
• Conflictos de intereses en la evaluación de las ofertas (79%);
• Licitación colusoria (71%);
• Criterios de selección o evaluación poco claros (72%); y
• Modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato (69%).

El informe recomienda «Aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y de organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local«. Más en concreto, pide llevar a cabo una “evaluación independiente de los grandes contratos de obra pública así como las decisiones de planificación urbana celebrados durante el reciente período de referencia a nivel regional y municipal” con el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción. Por el contrario pide la “difusión de las mejores prácticas en materia de contratación pública a nivel regional y local”.

En definitiva, que el estudio permite al diario El Mundo titular que “Los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas” aunque no he encontrado esa referencia en el texto difundido, es un atractivo encabezamiento para ganar lectores y sensibilizar conciencias.

Por cierto, entre los fundamentos de su análisis (nota 70, pág 12), destaca el interesante trabajo de la revista Ería de la Universidad de Oviedo, titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España que merece la pena ser reseñado.