La aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, tanto en España como en Europa, se remitía al Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95) para el cálculo de la deuda y déficit computable. Esto trajo como efecto colateral la aparición de cierta ingeniería financiera en el sector público. Recordémoslo.
Hace unos años, el Gobierno austriaco, creó Bundesimmobiliengesellschaft una empresa de capital íntegramente público (BIG: www.big.at) para la gestión y mantenimiento de la mayoría de los edificios públicos: escuelas, universidades, prisiones, juzgados, etc. Unas propiedades que hoy día se valoran en 415.000 millones de euros.
El 98% de los ingresos de BIG, correspondía a los alquileres cobrados al gobierno austriaco, a precio de “de mercado”. Así pues, a principios de este siglo, BIG se endeudó enormemente para pagar (teóricamente) al Gobierno el precio de ese patrimonio, Eurostat (News Release nº 15/2002, de 31 de enero) decidió que la empresa era una unidad institucional, clasificada dentro del sector “Empresas no financieras” y su deuda no formaba parte de la deuda pública.
Todos nos quedamos con un palmo de narices y comenzó la carrera hacia la idea más brillante. Se vendieron los embalses a sociedades de abastecimiento de agua o se enajenaron los ingresos futuros de la explotación de líneas de metro, que no computaban como deuda.
El asunto parecía olvidado, un lejano recuerdo de la década del ladrillo loco y el dinero abundante, donde cualquier institución financiera apoyaba económicamente estos proyectos y sólo era necesario salvar los frágiles límites de la legalidad presupuestaria.
Sin embargo, en tiempo de penurias el ingenio patrio vuelve a resurgir. En este caso para paliar las dificultades impuestas por los límites en el endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA). La Junta de Andalucía acaba de anunciar que sus presupuestos para 2011 incorporan la fórmula europea conocida por ‘sale and lease back’, que consiste en vender un activo para inmediatamente después alquilarlo. Es lo que se hará con los 90 edificios administrativos de la Junta: «nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos», dijo la Consejera de Hacienda. Modelo Austriaco con tintes mediterráneos. Andalucía no puede endeudarse más del 1,3% del PIB, frente doble de este año, según lo estipulado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Para la Consejera de Hacienda de Castilla y León, “No es extraño que las autonomías busquen fórmulas alternativas de financiación” y admite que los mercados de capital están penalizando especialmente a las CCAA. Así, la alternativa planteada por Cataluña, con la emisión de 1.500 millones de euros en bonos de 1.000 euros para colocar (al 4.75% y a un año) entre pequeños inversores. Para equilibrar el presupuesto, la Generalitat ha de sacar de dónde pueda unos 3.500 millones de euros en lo que queda de año, después de haber realizado tres emisiones de deuda a lo largo del ejercicio.
La Comunidad valenciana parece que copiará en modelo catalán, pues las dos últimas emisiones importantes (unos 500 millones de euros, en total) se colocaron al 4,90% y al 5,90% de tipo de interés respectivamente. En lo que se refiere a las subastas de pagarés a corto plazo para mayoristas, que ofrecen rentabilidades mucho menores (en torno al 1,6%), siete de las últimas han quedado desiertas.
Para el diario El País, este presupuesto 2011 pone a prueba la credibilidad del sistema autonómico en año electoral. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, declaraba a pasada semana en el Congreso: «El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías», mientras pedía «buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades» y citó como ejemplo el techo de gasto que se impone a la Administración del Estado cada año.
Crece la deuda autonómica
La deuda de las comunidades autónomas creció un 10% en el segundo trimestre de 2010 respecto a los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 104.083 millones de euros según los datos publicados por el Banco de España.
A esas cifras hay que añadir los 5.502 millones de euros que deben devolver al Estado, durante cinco años, como resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008. En este caso, Andalucía es la comunidad más perjudicada, ya que debe 1.475 millones de euros, seguida por Cataluña (690 millones) y Valencia (635 millones). En el lado contrario destaca Madrid que es la única comunidad donde se recaudó más de lo previsto.
Como recuerda el diario Cinco Días, lo sucedido en 2008 palidece al compararlo con el año 2009, cuando el Estado recaudó 45.561 millones menos de lo previsto. Esto supone un grave problema para las comunidades autónomas que verán como en 2012 deberán empezar a abonar la liquidación negativa de 2009. Con todo, también tendrán derecho a pagar su deuda en cinco años. Las primera previsiones indican que por los anticipos a cuenta de 2009 las comunidades deberán devolver 20.000 millones de euros, un 2% del PIB.
Las Agencias de rating hacen el agosto
Las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA, que están íntimamente ligados a la evolución del PIB nominal (Standard & Poor’s).
De ahí, rebaja de calificaciones, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA. En el mes de septiembre, Fitch descendía un escalón las calificaciones crediticias a largo plazo de Andalucía, Canarias, Cataluña y Murcia, manteniendo para todas ellas la perspectiva negativa. En agosto había degradado las calificaciones de Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Moody’s la reducía en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, a la vista de las perspectivas de un “deterioro duradero” de sus finanzas regionales. Ayer mismo recogía la prensa las expresivas declaraciones del Presidente de la Junta de Castilla y León: «Hay un crecimiento exponencial del gasto social y eso no es sostenible» y reconoció que un pacto PP-PSOE es difícil, pero consideró que resulta «imprescindible», porque el modelo de financiación, dijo, «no tiene muchos más ejercicios presupuestarios por delante porque la situación es insostenible», insistió.
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