La aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, tanto en España como en Europa, se remitía al Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95) para el cálculo de la deuda y déficit computable. Esto trajo como efecto colateral la aparición de cierta ingeniería financiera en el sector público. Recordémoslo.
Hace unos años, el Gobierno austriaco, creó Bundesimmobiliengesellschaft una empresa de capital íntegramente público (BIG: www.big.at) para la gestión y mantenimiento de la mayoría de los edificios públicos: escuelas, universidades, prisiones, juzgados, etc. Unas propiedades que hoy día se valoran en 415.000 millones de euros.
El 98% de los ingresos de BIG, correspondía a los alquileres cobrados al gobierno austriaco, a precio de “de mercado”. Así pues, a principios de este siglo, BIG se endeudó enormemente para pagar (teóricamente) al Gobierno el precio de ese patrimonio, Eurostat (News Release nº 15/2002, de 31 de enero) decidió que la empresa era una unidad institucional, clasificada dentro del sector “Empresas no financieras” y su deuda no formaba parte de la deuda pública.
Todos nos quedamos con un palmo de narices y comenzó la carrera hacia la idea más brillante. Se vendieron los embalses a sociedades de abastecimiento de agua o se enajenaron los ingresos futuros de la explotación de líneas de metro, que no computaban como deuda.
El asunto parecía olvidado, un lejano recuerdo de la década del ladrillo loco y el dinero abundante, donde cualquier institución financiera apoyaba económicamente estos proyectos y sólo era necesario salvar los frágiles límites de la legalidad presupuestaria.
Sin embargo, en tiempo de penurias el ingenio patrio vuelve a resurgir. En este caso para paliar las dificultades impuestas por los límites en el endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA). La Junta de Andalucía acaba de anunciar que sus presupuestos para 2011 incorporan la fórmula europea conocida por ‘sale and lease back’, que consiste en vender un activo para inmediatamente después alquilarlo. Es lo que se hará con los 90 edificios administrativos de la Junta: «nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos», dijo la Consejera de Hacienda. Modelo Austriaco con tintes mediterráneos. Andalucía no puede endeudarse más del 1,3% del PIB, frente doble de este año, según lo estipulado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Para la Consejera de Hacienda de Castilla y León, “No es extraño que las autonomías busquen fórmulas alternativas de financiación” y admite que los mercados de capital están penalizando especialmente a las CCAA. Así, la alternativa planteada por Cataluña, con la emisión de 1.500 millones de euros en bonos de 1.000 euros para colocar (al 4.75% y a un año) entre pequeños inversores. Para equilibrar el presupuesto, la Generalitat ha de sacar de dónde pueda unos 3.500 millones de euros en lo que queda de año, después de haber realizado tres emisiones de deuda a lo largo del ejercicio.
La Comunidad valenciana parece que copiará en modelo catalán, pues las dos últimas emisiones importantes (unos 500 millones de euros, en total) se colocaron al 4,90% y al 5,90% de tipo de interés respectivamente. En lo que se refiere a las subastas de pagarés a corto plazo para mayoristas, que ofrecen rentabilidades mucho menores (en torno al 1,6%), siete de las últimas han quedado desiertas.
Para el diario El País, este presupuesto 2011 pone a prueba la credibilidad del sistema autonómico en año electoral. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, declaraba a pasada semana en el Congreso: «El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías», mientras pedía «buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades» y citó como ejemplo el techo de gasto que se impone a la Administración del Estado cada año.
Crece la deuda autonómica
La deuda de las comunidades autónomas creció un 10% en el segundo trimestre de 2010 respecto a los tres primeros meses del año, hasta alcanzar los 104.083 millones de euros según los datos publicados por el Banco de España.
A esas cifras hay que añadir los 5.502 millones de euros que deben devolver al Estado, durante cinco años, como resultado de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2008. En este caso, Andalucía es la comunidad más perjudicada, ya que debe 1.475 millones de euros, seguida por Cataluña (690 millones) y Valencia (635 millones). En el lado contrario destaca Madrid que es la única comunidad donde se recaudó más de lo previsto.
Como recuerda el diario Cinco Días, lo sucedido en 2008 palidece al compararlo con el año 2009, cuando el Estado recaudó 45.561 millones menos de lo previsto. Esto supone un grave problema para las comunidades autónomas que verán como en 2012 deberán empezar a abonar la liquidación negativa de 2009. Con todo, también tendrán derecho a pagar su deuda en cinco años. Las primera previsiones indican que por los anticipos a cuenta de 2009 las comunidades deberán devolver 20.000 millones de euros, un 2% del PIB.
Las Agencias de rating hacen el agosto
Las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA, que están íntimamente ligados a la evolución del PIB nominal (Standard & Poor’s).
De ahí, rebaja de calificaciones, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA. En el mes de septiembre, Fitch descendía un escalón las calificaciones crediticias a largo plazo de Andalucía, Canarias, Cataluña y Murcia, manteniendo para todas ellas la perspectiva negativa. En agosto había degradado las calificaciones de Cantabria, Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana.
Por su parte, Moody’s la reducía en Madrid, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, a la vista de las perspectivas de un “deterioro duradero” de sus finanzas regionales. Ayer mismo recogía la prensa las expresivas declaraciones del Presidente de la Junta de Castilla y León: «Hay un crecimiento exponencial del gasto social y eso no es sostenible» y reconoció que un pacto PP-PSOE es difícil, pero consideró que resulta «imprescindible», porque el modelo de financiación, dijo, «no tiene muchos más ejercicios presupuestarios por delante porque la situación es insostenible», insistió.
Fiscalizacion.es 
Brillante exposición Antonio. Permite que te añada un dato, para que no todo lo malo caiga sobre las espaldas de las CCAA.
En el segundo trimestre de 2010, con datos del Banco de España, la deuda de las Entidades Locales a través de sus empresas públicas (fuera del perímetro de consolidación) llegó a un máximo histórico del 0,8% del PIB, el doble que sólo tres años antes. Uno de cada cinco euros de deuda local ya es de este tipo. Y sigue subiendo.
Realmente estos datos de deuda oculta o «no consolidable» son preocupantes y ahora ya no sirven las justificaciones basadas en la supuesta mejor eficiencia de las entidades instrumentales. Son, simplemente, trampas al solitario.
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EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PROPONE UN ORGANISMO INDEPENDIENTE QUE FISCALICE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS DE COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS.
El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, ha presentado hoy el Documento “Presupuestos Generales del Estado 2011: España en la encrucijada”. En él se plantea la necesidad de un ajuste fiscal de naturaleza estructural para tratar de salir de la delicada situación en que se encuentra la economía española. Una visión desde la Patronal:
«Teniendo en cuenta que los equilibrios fiscales de las CC.AA y de las CC.LL son la clave para el cumplimiento de los objetivos fiscales adoptados frente a la Unión Europea, se propone la creación de un organismo fiscal independiente, en línea con la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU., al que deberían estar plenamente sujetas las políticas fiscales de estas Administraciones públicas. De esta manera –dice– se corregiría la actual asimetría del sistema en el que las posibles sanciones europeas recaen únicamente sobre la Administración Central”.
Mi pregunta es ¿Porqué no vale el Tribunal de Cuentas? ¿Las Sindicaturas? Supone esto un reconocimiento del fracaso del modelo de control externo español. A mi juicio, bastaría con copiar a nuestro primos brasileños, cuyos Tribunales (el Federal y los 28 estatales) realizan trimestralmente y por imperativo de su Ley de Responsabilidad Fiscal (idéntica nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria) informes de seguimiento del déficit y deuda para cumplir los objetivos pactados, para los ratios de deuda y déficit sobre el PIB.
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Para mí la receta es sencilla: duras y ejemplarizantes sanciones para los gestores públicos que no jueguen limpio con ‘sus’ cuentas (información económico-financiera), así como duras sanciones también para los encargados (internos o externos) de su control que miren para otro lado.
Saludos cordiales.
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Y si hablamos de déficit local, no digamos.
En términos de control del déficit, el Estado tiene un grave problema con la administración territorial, realmente, POR CULPA DEL PROPIO ESTADO.
La misma normativa contable para ayuntamientos es ambigua y poco clara. Las provisiones de dudoso cobro se cocinan a gusto del consumidor, lo que redunda en mayor remanente de gasto. A su vez, las autonómicas Sindicaturas de Cuentas NO TIENEN POTESTAD SANCIONADORA por los incumplimientos las CCLL de su territorio. Y para rematar la faena, la MAYORÍA DE AYUNTAMIENTOS NO DISPONEN DE INTERVENTORES DE CUERPOS NACIONALES ni de funcionarios que puedan plantarse ante los desmanes de los políticos de turno (la mayoría del personal administrativo es laboral, en contra, incluso de lo dispuesto por ley –RDL 781/1986, de 18 abril – Artículo 132). En resumen, la percepción que tengo es que el déficit anunciado por el estado es bastante superior, y que no disponer información de los entes territoriales o tenerla sesgada, puede darnos alguna sorpresa desagradable en un futuro no muy lejano. Al final resultará que sí nos parecemos a Grecia.
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Totalmente de acuerdo con los comentarios relativos a las provisiones de dudoso cobro, que creo habría que hacer extensivos a no haber limitado la utilización de los ingresos derivados de la construcción para financiar gastos corrientes, establecimiento de un porcentaje mínimo de cobertura en las tasas y otra serie de medidas que se podían haber tomado en la época de “vacas gordas”, sin que se hiciera nada a este respecto.
En cuanto a la inexistencia de funcionarios habilitados en muchos ayuntamientos, creo que es “un problema” pero que no es “el problema”. De hecho, los municipios de capitales de provincia, que cuentan con habilitados nacionales (salvo alguna excepción) acumulan tanta más deuda que el resto de municipios del país.
Saludos.
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Caro amigo Antonio Arias:
A tua exposição em “Tiempo de penurias” é magistral e preocupante. Aún no nos libramos de la crisis mundial que se inició en 2008, y la constatación de procedimientos de esa naturaleza son demasiado preocupantes; en el lenguaje de los economistas, se trata una crisis financiera de ancha escala, que perdura los días actuales. Aunque haya tenido crecimiento paulatino, se hizo más efectiva en septiembre de 2008, con a suspensión de pagos de grandes empresas financieras norteamericanas.
La Administración también la está sufriendo, aquí en Brasil. Todos tienen la tentación de realizar artificios contables ya no solo de deuda y déficit, pues, por ejemplo nuestras leyes impiden superar determinados porcentajes de gastos de personal sobre el total presupuestado. O obligan a una inversión mínima en educación.
Pero, nos quedamos en la expectativa de que nuestros hermanos españoles sabrán tratar de forma conveniente este tipo de problemas presupuestarios.
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Cumprimentos e um grande abraço desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul , Brasil.
Helio Saul Mileski
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Pues Mexico nos sorprende, hace unos 10 días, con una noticia que ha pasado bastante desapercibida. Me refiero a la colocación por parte del Gobierno de México de bonos por importe de 1.000 millones de dólares, con vencimiento a 100 años a una tasa de rentabilidad del 6,1%. El rating actual de México según Moodys es de Baa1, un par de escalones por debajo del de la Generalitat de Catalunya.
Si quereis saber más, ver Gurusblog:
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