Nunca hablo de Asturias; ni lo voy a hacer como podéis deducir de la última línea de esta bitácora. Pero el titular de prensa que encabeza esta entrada es tan bueno que no puedo dejarlo pasar, aunque sólo sea de manera incidental para introducir el tema de hoy.

El asunto no es otro que los recortes presupuestarios en las Comunidades Autónomas (CCAA), generalizados para el próximo ejercicio. El diario Cinco Días ha hecho un recorrido por las distintas CCAA. Así, el Gobierno de Canarias reducirá el presupuesto en un 12,5%, una cifra muy alejada de la Comunidad Valenciana, cuyo recorte se queda en el 4,8%, el menor de todas las regiones (ver artículo). La Administración del Estado también recortará un 7,9% el gasto no financiero, por primera vez.

En las últimas semanas de este otoño presupuestario, raro ha sido el día que no encontrábamos noticias, editoriales o declaraciones en relación a los recortes, sus efectos perniciosos o beneficiosos, según la diferente sensibilidad del emisor.

El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España, Manuel Núñez Pérez, reconocía durante un reciente homenaje, que «todos hemos contribuido» a la crisis que nos está cayendo encima por vivir por encima de nuestras posibilidades recurriendo al crédito fácil. Detrás de todo, añadió «hay una pérdida de valores» de ahí que la receta para salir de la crisis pase por «la austeridad en el gasto. No gastar más de lo que se ingresa», afirmó, además de apostar por la «transparencia en la gestión» y por el «rigor ético» en el manejo de fondos públicos. Núñez entiende que, en el futuro, el papel del Tribunal de Cuentas deberá centrarse más en la prevención de situaciones de endeudamiento en las administraciones públicas.

Así, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advertía que el principal riesgo de España en estos momentos a la hora de cumplir sus compromisos de reducción del déficit no está en la Administración central sino en las territoriales. No tardó en recordarnos que las Agencias de calificación consideran que existen importantes riesgos en las CCAA debido a la elevada inercia de su gasto corriente (crece al 9% anual desde 2003), la rigidez de las competencias autonómicas (sanidad, educación y servicios sociales) y la lentitud del crecimiento de los ingresos de las CCAA. De ahí la rebaja del rating, con perspectiva negativa, que han realizado las agencias de calificación sobre prácticamente todas las CCAA y  que ya presentamos el mes pasado.

Asimismo, el Círculo de Empresarios hacía público un documento muy crítico con las finanzas públicas españolas, pidiendo “mecanismos institucionales para garantizar la estabilidad presupuestaria, por ejemplo a través de un organismo fiscal independiente, como en el caso de EEUU”. Alguien pensará que bastaría con retocar la Ley del Tribunal de Cuentas de España para cumplir esa misión con la celeridad que demandan los tiempos.

Por último, la semana pasada, el reputado investigador, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Rafael Domenech nos proporcionaba multitud de titulares de prensa, sobre las dificultades en la financiación del déficit para una parte de las Administraciones autonómicas y locales.

Domenech, como economista jefe de BBVA Research, presentaba el último informe «Situación España» que incorporaba un análisis del grado de transparencia de las cuentas públicas autonómicas, según el cual sólo seis comunidades ofrecen una información completa y mensual, igual a la que proporciona la Administración General del Estado.

El documento alerta de la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de información sobre la ejecución presupuestaria que se ofrece a la opinión pública en general, y a los mercados, en particular:

En ausencia de esta política proactiva de mayor información y transparencia por parte de todas las AA.PP., y no sólo por el Estado, la incertidumbre respecto a la calidad de las finanzas del conjunto de AA.PP. podría prolongarse en el tiempo lo que implicaría el mantenimiento de primas de riesgo innecesariamente elevadas para una parte de la deuda pública española.

¿Nadie habla de aumentar los ingresos públicos? Si, desde una perspectiva política, aunque es muy difícil que recuperen una parte significativa del terreno perdido en términos de porcentaje sobre PIB.

Autovías ibéricas

Nuestros vecinos de Portugal, han probado a mejorar la recaudación, que siempre ha sido su talón de Aquiles, sometiendo a peaje las antiguas autovías gratuitas. Primero han sido las del norte, fronterizas con Galicia y después el resto: Interior Norte, Beira Interior y Algarve tendrán peaje a partir del 15 de abril de 2011, lo que afectará también a los ciudadanos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía que vivan y trabajen en zonas fronterizas. El sector hotelero está al borde del ataque de nervios.

En España, por el contrario, existen bastantes autopistas de peaje, pero su situación financiera general es crítica. La necesaria transposición del  IFRIC 12 de las Normas Internacionales de Contabilidad ponían en causa de disolución (pérdidas superiores al 50% de los fondos propios) a muchas sociedades concesionarias de autopistas de peaje, como avanzamos en su momento (ver) pues impide a las empresas amortizar en varios años los gastos financieros, teniendo que contabilizarlos en el ejercicio en que se producen.

Sin embargo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,  en el proyecto de Orden de normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria sobre los acuerdos de concesión de infraestructuras públicas, (en la actualidad, en información pública prorrogada)  permitirá diferir los gastos financieros durante toda la vida de la concesión, de manera que se aminora el fuerte impacto que estos tienen en los primeros años. Además, la Ley estatal de Presupuestos salvará de la quiebra a las concesionarias de autopistas que erán compensadas al tener menos tráfico del previsto cuando se adjudicaron.

No todo son penurias

Terminamos esta entrada con algo más alegre de cómo empezamos. Nada mejor que la intervención parlamentaria del ministro de Finanzas suizo, Hans Rudolf Merz que, a diferencia del prudente Consejero de Sanidad asturiano, no puede con la risa cuando contestaba a una pregunta de trámite, en una sesión de control donde lee una respuesta, también de trámite, que habían preparado sus aplicados y leguleyos asesores. Suiza debe ser el Paraíso (fiscal en este caso) aunque no sea «natural» como Asturias.