La Semana Santa es periodo de penitencia y reflexión.  Sin duda una buena forma de encarar los pecados municipales es confesarlos y expiarlos, dando público conocimiento de ellos. No sabemos si por ello, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana hizo público su Informe (17 páginas sin anexos) y (158 páginas con anexos) de fiscalización de la “información sobre las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, reparos e informes formulados por la Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de las Entidades Locales contrarios al informe del Secretario, ejercicio 2012.”

Comienzan los Síndicos recordando que los Órganos de control externo deben apoyar el control interno de las entidades locales, en el ejercicio de la función interventora, que se refleja en su caso, en aquellos reparos e informes que se realicen sobre los actos no ajustados a derecho.

La Sindicatura de Comptes reguló (Acuerdo de su Consejo de 28-9-2012) la remisión por el sector público local de la información necesaria para conocer los gastos sin dotación presupuestaria (las facturas del cajón, mal endémico de las AAPP) o indebidamente adquiridos por cualquier otra causa, los reparos e informes formulados por la Intervención (más de 3000 euros) y los acuerdos adoptados contrarios a los informes emitidos por el Secretario de la entidad local. 

El sector público local valenciano, en el año 2012, estaba compuesto por 770 entidades incluyendo organismos autónomos, de las que 342 han remitido información con la cual se quería determinar si las entidades locales han presentado adecuadamente la información requerida por la Instrucción, realizar una estimación de los gastos efectuados sin consignación presupuestaria y analizar los reparos realizados por los funcionarios de habilitación estatal.

Del trabajo se desprende que existen, al menos, unas 10.882 facturas pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2012, por importe de 235.380.153 euros. El 91% de esas facturas estaban registradas en la contabilidad patrimonial, en la cuenta 413, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” del Plan General de Contabilidad Pública. La mitad del importe proviene de ejercicios anteriores al fiscalizado.

Conclusiones

Los reparos e informes que afecten a gastos o ingresos superiores a 3.000 euros o que supongan perjuicio para la hacienda local formulados por la Intervención muestran el siguiente contenido:

La mayor parte de estos reparos tienen su origen en las siguientes materias

–  Alterar el orden de prelación de créditos.

– Contraer obligaciones sin que exista dotación de crédito en la partida presupuestaria, o sin haber tramitado antes el preceptivo expediente de contratación, según la naturaleza e importe de las operaciones con un mismo proveedor.

–  No haber aprobado planes de ajuste ni plan económico-financiero.

–  Aprobar subvenciones y convenios con entidades culturales, deportivas u otras sin fines de lucro vulnerando la normativa en materia de subvenciones o de contratación, en su caso.

– Aprobar convenios con entidades deportivas que establecían unas condiciones en base a las que se podría interpretar que existe una relación laboral entre la entidad local y los empleados de aquellas partícipes del convenio que realizan las funciones.

–  Pagar complementos de productividad sin que conste que se hayan calculado con criterios objetivos establecidos previamente.

–  Aprobar modificados de contratos que tienen su origen en errores contenidos en el proyecto técnico inicial de la obra.

En las páginas 12 y siguientes, el informe entra en los detalles oportunos.

Acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios a informes del secretario en la función de asesoramiento preceptivo

Del examen de una muestra de acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe del secretario de la entidad local en materias de asesoramiento preceptivo, se observa que se refieren fundamentalmente a contratación y urbanismo, así como a personal y subvenciones y que no se aprecian indicios de responsabilidad contable.