Otoño antifraude

Muchos organismos públicos españoles están dedicando tiempo y recursos a la lucha contra el fraude. La Unión Europea (UE) ha sido la mayor impulsora de estas actividades, tanto en sus propias Instituciones como en las beneficiarias de sus millonarias ayudas, fundamentalmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Repasamos a continuación algunas iniciativas que estamos conociendo durante este otoño.

El primero de ellos es el Informe Especial 26/2025, «Organismos de la UE que luchan contra el fraude» que lleva de subtítulo su principal mensaje-resumen: “Los mandatos son claros, pero el intercambio de información y la supervisión de la Comisión siguen siendo insuficientes”. Se anticipa así algunas conclusiones que el Tribunal publicará, a principios de 2026, en relación con un informe especial sobre la lucha contra el fraude en el fondo de recuperación de la UE para el COVID-19.

Los auditores constataron que la OLAF, la Fiscalía Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) tienen mandatos jurídicos claramente definidos. Sus funciones independientes son en realidad complementarias y pueden constituir una salvaguardia eficaz contra el fraude. Aunque acogen positivamente el apoyo mutuo cuando se les solicita, “el número de casos en los que se han apoyado entre sí en los últimos años ha seguido siendo relativamente reducido”.

Los procedimientos para tramitar las acusaciones de fraude contra los intereses financieros de la UE son complejos. Para empezar, las obligaciones de notificación del fraude son diversas y dan lugar a una duplicación de la notificación a la OLAF y a la Fiscalía Europea, lo que aumenta la carga administrativa. Además, el sistema no garantiza que todas las denuncias lleguen a la Fiscalía Europea, que podría evaluarlas para determinar la existencia de posibles actividades delictivas.

“Los procedimientos para remitir denuncias de la OLAF a la Fiscalía Europea son complicados, y la forma en que la Fiscalía Europea intercambia información con la OLAF también presenta limitaciones, lo que reduce la posibilidad de otras medidas de protección”.

Entre 2022 y 2024, la OLAF y la Fiscalía Europea recibieron un total de 27.000 denuncias de fraude. En un tercio de los casos se consideró que procedía abrir una investigación. Las cifras muestran que los organismos de la UE notifican tres veces más denuncias de fraude a la OLAF que a la Fiscalía Europea, mientras que en muchos Estados miembros existe una disparidad sustancial entre su cuota en el presupuesto de la UE y el número de casos de fraude que comunican. Los auditores instan a la Comisión a que analice las razones de estas variaciones y a que investigue las causas de cualquier deficiencia significativa en el número de notificaciones.

Tras sus investigaciones durante este período, la OLAF recomendó que se reembolsaran 615 millones de euros al presupuesto de la UE. Al final de 2024, ya se habían reembolsado 23 millones de euros. Durante el mismo período, la Fiscalía Europea procedió al embargo preventivo de activos por valor de 3.000 millones de euros. Tras sus investigaciones, en 2024 los tribunales ordenaron a las autoridades nacionales recuperar 232 millones de euros procedentes de actividades delictivas. Sin embargo, la Comisión no dispone de un mecanismo para supervisar si se han llevado a cabo las recuperaciones ordenadas por los tribunales y se ha recuperado el importe total adeudado al presupuesto de la UE. Por lo tanto, los auditores subrayan la necesidad de que la Comisión mejore su seguimiento de las investigaciones de fraude.

Información de referencia del informe

La UE y sus Estados miembros tienen el deber de luchar contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión; esto abarca todos los ingresos, gastos y activos de la UE. La OLAF (con sede en Bruselas) y Eurojust y Europol (ambas en La Haya) llevan funcionando más de dos décadas, mientras que la Fiscalía Europea (con sede en Luxemburgo y oficinas operativas en todos los Estados miembros de la Fiscalía Europea) se creó en 2021. Las autoridades nacionales están obligadas a comunicar los presuntos fraudes a la Fiscalía Europea, mientras que los organismos de la UE informan tanto a la Fiscalía Europea como a la OLAF; otros actores pueden informar a una u otra, o a ambas. Los datos sobre los resultados de las investigaciones de la Fiscalía Europea y de la OLAF no son comparables, ya que los casos de la Fiscalía Europea no afectan únicamente al presupuesto de la UE, sino también a los presupuestos nacionales y a otras víctimas. La Comisión es responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto de la UE y debe velar por que todos los importes adeudados sean recuperados rápidamente por las autoridades nacionales o de la UE. En julio de 2025, la Comisión inició una revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE mediante la publicación de un libro blanco. La arquitectura de lucha contra el fraude de la UE es el conjunto de políticas, instituciones, organismos y mecanismos establecidos para proteger los intereses financieros de la UE mediante la prevención, detección y represión del fraude y otras actividades ilegales que podrían afectar al presupuesto de la UE.

¡Más madera! Evaluación de los procedimientos de gestión y control aplicados por Puertos del Estado en la ejecución del PRTR

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el 28 de noviembre pasado, el Informe defiscalización de los procedimientos de gestión implantados por Puertos del Estado (PPE) para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ejercicios 2021-2024. El organismo participa en esos fondos con dos proyectos que suman 456 millones de euros que a 31/12/2024, tenían un grado de ejecución conjunta del 38 %.

Según los auditores, el organismo “ha implementado procedimientos, sistemas de información y una estructura organizativa adecuada para cubrir las necesidades de gestión, seguimiento y control de los fondos para la ejecución del PRTR”, así como para los requerimientos de prevención del fraude y los conflictos de interés.

Sin embargo, la fiscalización ha detectado que PPE ha establecido un sistema estructurado y orgánico de medidas y procedimientos antifraude que se organizó siguiendo el ciclo antifraude (prevención, detección, corrección y persecución) de conformidad con lo establecido en la normativa.

El Plan de Medidas Antifraude (PMA) recoge el resultado de la evaluación de riesgos de fraude de la Entidad, desarrolla medidas de prevención para abordar los conflictos de interés, evitar la doble financiación, y en sus anexos incluye documentos institucionales, procedimientos y modelos para el control y seguimiento de las actuaciones en materia antifraude. Su aprobación se produjo con algo más de 5 meses de retraso, respecto al plazo previsto en la normativa. Asimismo, no recoge las fuentes de información para evaluar los riesgos de fraude, ni los canales de comunicación entre los gestores y los órganos encargados de la evaluación.

Análisis crítico desde la Academia …

Este mes de noviembre se presentaba la obra “Los fondos next generation: análisis crítico de su implementación, gestión y control en Europa. En particular, en el caso de España” de Fernando García-Moreno Rodríguez y José Manuel Cantera Cuartango. El libro ofrece un análisis exhaustivo sobre la administración, gestión y control de estos fondos de la Unión Europea, enfocándose en España, y examinando su impacto en las estructuras públicas y privadas, con especial atención a los controles antifraude.

Se trata de un análisis crítico de la implementación de los fondos, a través de cuatro capítulos: el marco jurídico del sistema de gestión, control y disposición de esos fondos junto a una amplia perspectiva del grado de implantación de los instrumentos de gestión y control interno antifraude en la Unión Europea. Incluye un capítulo de análisis en detalle de los mecanismos y herramientas de control, tanto jurídicos como económico-financieros o políticos en España, así como de los problemas que ocasionan los nuevos mecanismos de control interno sobre estos fondos a nivel estatal, autonómico y local en la gestión de los contratos públicos, subvenciones, convenios y encargos por medios propios. Por otra parte, examina la incidencia de los Planes de Medidas Antifraude en las entidades del sector público y del sector privado.

En el capítulo final, a modo de conclusión, evalúa globalmente los sistemas e instrumentos de administración y vigilancia interna antifraude que contemplan los fondos «Next Generation» a la luz de su teoría y praxis. En suma, el libro ofrece con objetividad y rigurosidad una visión panorámica actual de la gestión y control de esos fondos y de los aciertos y defectos de las innovadoras herramientas de gestión y control interno implementadas en España en particular.

Las Universidades y la formación interna frente al fraude

Los PMA de cualquier organismo recogen siempre como necesidad esencial la formación sobre prevención del fraude de los empleados públicos, con la finalidad de construir una cultura contra el fraude en la institución. A continuación, dejamos constancia de diversas actuaciones en las Universidades Públicas desarrolladas durante este trimestre. El resultado fue una formación útil, cercana y orientada a la acción, que refuerza la cultura de integridad, responsabilidad y buen gobierno en el ámbito universitario y, por extensión, en el conjunto del sector público.

Universidad de Salamanca

En el marco de esta formación, la Universidad de Salamanca viene celebrando desde 2023 este tipo de Jornadas especialmente dirigida a jefes de servicio y responsables económicos y de contratación. La última, celebrada el 14-11-2025 en el Aula Unamuno del Edificio Histórico, fue también retransmitida mediante streaming para todo su personal, de forma que tuviera la máxima difusión, contribuyendo así al crecimiento de esa cultura.

Universidad Pública de Navarra

El Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) celebró el 17 de noviembre pasado, una sesión de trabajo dedicada a la implementación de un sistema de “compliance” o de cumplimiento normativo alineado con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que encomienda a las universidades garantizar los principios éticos, la integridad académica y las directrices antifraude en la docencia y la investigación. El encuentro, enmarcado en el Foro Social y Empresarial del Consejo Social, analizó algunos de los mecanismos de control ya existentes en la institución académica, como el canal interno de denuncias o el código ético.

Durante la jornada, Lucía Sánchez-Ocaña Leyún, directora global de Riesgos, Compliance y Sostenibilidad en Qualitas Energy y vicepresidenta de ASCOM (Asociación Española de Compliance), abordó el papel del código ético como eje de un modelo eficaz. A continuación, Ignacio Cabeza del Salvador, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, ofreció una valoración de los criterios generales relativos al modelo de cumplimiento normativo de la institución académica. La normativa vigente, la actualización del código ético y la gestión del riesgo de conflictos de interés fueron presentadas, respectivamente, por Roldán Jimeno Aranguren, secretario general de la UPNA; María Sauleda Munárriz, directora del Servicio de Control Interno de la institución académica navarra, y Susana Olcina Guerrero, secretaria del Consejo Social de la UNED.

Universidad de Oviedo

La Jornada anual de Prevención, Detección y Corrección del Fraude tuvo como eje la experiencia del Ayuntamiento de Gijón en el desarrollo de un Plan Antifraude, explicada por dos de sus habilitadas nacionales destinadas en esa Entidad Local.

Por una parte, Inmaculada Fernández Gancedo, Secretaria General del Ayuntamiento de Gijón, analizó Contexto y análisis crítico de los Planes Antifraude. Los conflictos de interés y los canales internos de denuncias. A continuación, Covadonga Prieto Díaz, Responsable de Contabilidad del Ayuntamiento de Gijón, acometieron un taller de “Herramientas para la prevención y la detección del fraude: Evaluación de riesgo y Banderas Rojas”.

El Ayuntamiento de Gijon es un ejemplo de implantación del Plan Antifraude. Su Plan de Integridad Municipal (PIM) tiene por objeto establecer el marco general de regulación del Sistema de gestión de la Integridad Municipal, en el que expresamente se comprende e incluyen las actuaciones relativas al “ciclo antifraude”, de prevención, detección, corrección y persecución de irregularidades e ilícitos de fraude, corrupción y conflicto de intereses en relación a todos los fondos públicos y, en particular los provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Universidad de Vigo

En el Paraninfo del edificio Ernestina Otero del Campus de Vigo se llevó a cabo una interesante acción formativa sobre “Xestión de risco e xestión de risco de fraude. Vectores comúns e diverxencias metodolóxicas” acompañado por un “obradoiro de traballo” para análisis de supuestos prácticos.

Durante dos intensas jornadas, la Universidad de Vigo se convirtió en un espacio de reflexión y aprendizaje compartido en torno a uno de los grandes retos de la gestión pública: la prevención y detección del fraude. La formación, dirigida a responsables universitarios y miembros de la Comisión Antifraude, ofreció una mirada práctica y estratégica sobre cómo proteger la integridad en el uso de los fondos públicos. De la mano de Julio García Muñoz, los participantes recorrieron el ciclo completo del antifraude, desde la identificación de riesgos hasta la mejora continua de los sistemas de control. Lejos de un enfoque meramente normativo, las sesiones combinaron análisis de casos reales, talleres participativos y herramientas específicas aplicadas a fondos estructurales y Next Generation. La Universidad fue analizada como una organización singular, con riesgos propios y soluciones adaptadas a su complejidad. Especial atención mereció la gestión de los conflictos de interés, abordada con ejemplos concretos y propuestas operativas.