El órgano de control externo más antiguo del Estado español es la Cámara de Comptos de Navarra, que desde esta semana cuenta con Ignacio Cabeza del Salvador como nuevo presidente. El Parlamento foral asistió al solemne relevo de Asunción Olaechea, anterior titular desde 2016, y dio posesión al nuevo presidente.

Ignacio Cabeza lleva toda su vida profesional vinculado a la auditoría pública. Como auditor en la Cámara de Comptos desde 1987, pero antes en el Tribunal de Cuentas como técnico de auditoría. Recientemente jubilado, mantenía una activa agenda profesional desde la presidencia de la Fundación FIASEP, participando desde el estrado en todos (si, leen bien: todos) los congresos o encuentros técnicos de los últimos veinte años, sobre control externo donde siempre aporta su brillante y amplia experiencia así como su capacidad de análisis, plasmada en múltiples y variadas publicaciones. En una interesante entrevista de Pilar Jimenez Rius (un lujo promovido por una de las perspicaces letradas del ecosistema de fiscalización) para la revista El consultor, donde exponía los principales retos de la auditoría, a debatir en el IX Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público.

Aquí se viene aprendido

Los parlamentarios navarros han dado con esta designación un buen ejemplo de respeto por la elevada responsabilidad de fiscalizar los fondos del sector público. Tanto Cabeza como su predecesora, Olaechea (Asunción, en la Cámara desde 2005) llegaron aprendidos al oficio. No crean que es tan habitual.

Si la Cámara de Comptos es la institución decana de los tribunales de cuentas españoles, Ignacio Cabeza es, sin duda, el decano de los auditores públicos. Una veteranía que mantiene una energía y una capacidad de comunicación enormes. Ambas cualidades las ha empleado siempre en promover la formación, el estudio y la investigación de las mejores prácticas de la auditoría. Una de las primeras entradas de este blog relataba su premio «Auditoría Pública 2007» donde se atreve, en plena «época del ladrillo» a introducir la vertiente fiscalizadora en el urbanismo como área de riesgo.

Estamos ante un trabajador infatigable, ampliamente respetado, tanto del sector público como del privado, miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del Registro de Economistas Auditores, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

Impulsor de la serie documental opiniones dentro de FIASEP, las inició él mismo con el análisis (en tiempo real de pandemia) del  impacto del COVID en los estados financieros de las Administraciones. Un tema que pocos se atrevieron a tratar «en caliente».

En su primera intervención ante el Parlamento (presiento tardes de gloria) Ignacio Cabeza ha trasladado un reconocimiento expreso a los legisladores por depositar su “confianza” y ofrecerle el “gran honor” de culminar su vida profesional asumiendo el “reto de dirigir una institución respetada y bien valorada. Me comprometo a seguir por ese camino, a poner todo mi esfuerzo y capacidad profesional a servicio del control efectivo de todos los recursos que la ciudadanía navarra aporta a las arcas de las administraciones públicas”.

Bajo esas premisas y en su afán de contribuir al “buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público navarro”, hizo suyos los principios de “eficiencia, economía, igualdad y transparencia” para, tras subrayar el carácter “estratégico” de este último, instar a “fortalecer el sistema democrático”, también a partir de la “lucha contra el fraude y la corrupción”.

Gestionar la incertidumbre

Tras aludir al nuevo escenario que, producto del drama humano, social y económico derivado de la pandemia y, por extensión, de la guerra de Ucrania, “nos obliga a gestionar la incertidumbre” subrayando la “importancia de contar con unos buenos y robustos servicios públicos. Estas crisis nos plantean una situación nueva. Por un lado, exigen planes de choque que protejan a los colectivos y sectores en riesgo de exclusión. Por otro, han sacado a relucir problemas larvados o difuminados por el presentismo dominante en las administraciones públicas”.

A su parecer, la actual tesitura reclama de las administraciones un “cambio de paradigma en la cultura de control de los recursos públicos. Ya no basta con limitarse a analizar la legalidad de las actuaciones, hay que verificar el logro de objetivos en un marco de transparencia y sostenibilidad de las finanzas públicas. Gestión racional equivale a eficacia real. Como bien advierte la Organización Internacional de entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), las respuestas rápidas pueden producir mayores niveles de despilfarro y corrupción”.