La contratación es una de las prioridades estratégicas de la gestión y el control público. Los directivos buscan expertos que acepten el reto de un servicio complicado, que exige importantes conocimientos de la legislación de contratos, de los diversos servicios implicados, así como de la Plataforma de Contratos del Sector Público para su tramitación en una Administración digitalizada.
El propio Tribunal de Cuentas de España (que ha renovado su página con un magnífico diseño) declara la contratación como una de sus prioridades estratégicas al formar parte de las principales áreas de riesgo de la gestión pública en su Programa de Fiscalizaciones para 2026.
Así, acaba de publicar un informe de fiscalización sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia en la contratación pública municipal, principios que promueven la concurrencia, la igualdad de trato y el derecho de los ciudadanos a una buena administración. La fiscalización, referida al ejercicio 2023, analiza la información publicada por 17 ayuntamientos con población de entre 200.000 y 300.000 habitantes y sus entidades dependientes en relación con la contratación pública.
Los resultados muestran que el grado de cumplimiento en la publicación de información general sobre la actividad contractual es igual o superior al 50 % en 12 de los 17 ayuntamientos fiscalizados. Asimismo, el informe constata que la publicidad de los distintos trámites de los procedimientos de contratación es superior al 70 % en 16 de los 17 ayuntamientos analizados lo que refleja un nivel elevado de difusión de la información esencial asociada a los procedimientos contractuales (ver resumen).
En términos generales, el Tribunal señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia contractual a través de los portales de transparencia resulta satisfactorio, si bien se observan diferencias entre las entidades principales y algunas de sus entidades dependientes, lo que evidencia margen de mejora en la supervisión y coordinación interna.
A la vista de los resultados, el Tribunal de Cuentas recomienda reforzar la planificación y la información pública de la contratación mediante la publicación de planes de contratación globales, de carácter anual o plurianual, por cada órgano de contratación, con el fin de mejorar la previsibilidad, la transparencia y el control de la actividad contractual.
Todos podemos mejorar el proceso ¿cómo? En el núm. 79 de la RECEX, se incluye un interesante artículo titualdo Acciones de mejora en los procesos de gestión de la contratación pública de Carlos Huerta Mérida, Secretario del Máster de Contratación Pública de la UNED, donde expone algunos planteamientos de la práctica administrativa que pueden mejorar la compra pública en aras a su eficiencia y al cumplimiento de objetivos de las políticas públicas. En su opinión, no se trata de reformas legislativas complejas que se pueden dilatar en el tiempo, sino en aspectos operativos de su gestión.
¿Qué más podemos hacer?
Pues formarnos. Terminamos recordando que la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública, organizado por Lefebvre el 9 y 10 de febrero de 2026 en Tenerife, vuelve a contar con el impulso en la codirección de Pilar Cuesta de Loño, letrada del Consejo de Estado, y José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
A lo largo de dos intensas jornadas en el en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos y profundizar en cuestiones clave del ámbito de la contratación pública en España. Con un enfoque multisectorial y desde una perspectiva tanto teórica como práctica, los mayores expertos en la materia compartirán su visión, reflexiones y valiosa experiencia.
Allí estaremos.
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