El pasado miércoles asistí en Madrid (Palacio de Linares, Casa de América en la Plaza de Cibeles) a un interesante encuentro de trabajo entre Interventores de grandes ayuntamientos españoles y la Subdirectora General de Estudios y Coordinación (IGAE), Mercedes Vega García. La jornada, que estuvo organizada por la firma de auditoría GLOBAL & LOCAL AUDIT, fue intensa y fluida. Intentaré dejaros un resumen de lo debatido.

El original formato evita presentaciones innecesarias ante la calidad del publico asistente, algunos de los más cualificados funcionarios del control interno local que aportan su propia y crítica visión, de acuerdo con su experiencia diaria. Son todo preguntas, respuestas de la IGAE y debate cruzado sobre la aplicación del Reglamento de Control Internodel Sector Público Local, aprobado por Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. Una norma que incorpora la obligatoriedad de establecer en cada Entidad Local un Plan Anual de Control Financiero, sobre la base de un análisis de riesgos.

Recordemos que este Plan deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la función interventora y “con medios propios o externos”, al menos, un control efectivo anual del ochenta por ciento del presupuesto general consolidado, que en el transcurso de tres ejercicios consecutivos deberá alcanzar su totalidad. Se incluyen aquí tanto las actuaciones de control permanente como las auditorías financieras, de cumplimiento y operativas que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos. Mercedes Vega recordó que el 80% se calcula dejando fuera las obligatorias reguladas por la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. También que la aplicación de la disposición adicional segunda de esa misma prohíbe catalogar como auditorías a los informes que realicen los colaboradores del interventor en el modelo de control efectivo. Estas contribuciones se denominan “memorándum  de auditor”. La disposición transitoria del Real Decreto inicia su cumplimiento “sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019”.

La IGAE está  preparando una resolución para aclarar muchísimas de las dudas suscitadas por el RD 424/2017.

También matiza la norma la metodología a seguir, pues serán de aplicación las normas de control financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal y los trabajos tendrán el alcance que le marque el responsable de Control Interno en la entidad local. En las auditorías contempladas por la Ley de Auditoría de Cuentas, la metodología la establece la ICAC, y están bajo su supervisión.En las restantes, no hay tal supervisión del ICAC.

La queja general de los asistentes tenía como eje la insuficiencia de medios, que por otra parte ha sido criticada por los órganos de control externo. En ese sentido, se reconoció la posibilidad de buscar apoyo en terceros profesionales libres en otros ámbitos de actuación: ingenieros, arquitectos, informáticos, etc., siempre dejando claro que los informes son el Interventor.

Intensa participación

Tras la presentación de la jornada por  los organizadores, María del Mar Ramírez y Joán Pamiés, fueron sacando temas de discusión sobre los que inicialmente fijaba su posición la IGAE y comenzaba la participación. Mercedes Vega reconoció que contestarán a todas las consultas con independencia del formato que utilicen (registro, correo electrónico) si bien reconoció que con los limitados medios de la IGAE tendrían preferencia las que se planteasen a través de colectivos representativos.

Alertó asimismo de los posibles conflictos de los interventores en aquellas entidades en las que ellos mismos llevan la contabilidad, con problemas de auto-revisión. Por ello, en los Organismo Autónomos, aclaró que la función del interventor debería ser sólo de inspección de la contabilidad.

El Informe anual.

Sobre la obligatoriedad de remitir a la IGAE (y al Pleno) durante el primer cuatrimestre de cada año, un informe resumen anual donde se reflejen los resultados del control interno (tanto de la función interventora como del control financiero) están ultimando una plataforma para su rendición y mantienen conversaciones de coordinación con el Tribunal de Cuentas en relación con las comunicaciones sobre la información que le deben remitir.

Recordó que sobre esa base las Entidades Locales deben formalizar un plan de acción (art. 38) con las medidas a adoptar para subsanar las deficiencias detectadas.

En el ámbito del Control financiero de las subvenciones, tanto al centro gestor que las concede como al beneficiario que las recibe puede incorporarlas en los controles que contrata la intervención, con las limitaciones específicas de esta contratación (solo actuaciones “de campo”).

Una queja general de los interventores presentes fue la poca valentía del Real Decreto por exclusión de los concesionarios del ámbito de las auditorias del Plan Anual. El viejo Reglamento de Servicios daba pie a las actuaciones de inspección lo que permitiría soportar jurídicamente esa auditoría, caso de no estar prevista en el pliego de contratación. Sin embargo, la IGAE excluyó tal posibilidad inicialmente contemplada en el borrador pero se cayó durante la tramitación.

En fin, espero haber reflejado la imagen fiel de tres horas intensas (entendí que estudian algún salto “a provincias”) y que sirva a quien no pudo asistir pero sigue regularmente a este humilde bloguero. Os agradezco, interventores o auditores internos y externos, los saludos con que me dais en los actos donde coincidimos y que contribuyen a cargar mis pilas para seguir echando una mano como los últimos doce años. Disculpad también que este verano haya sido demasiado improductivo.