Una autocrítica sobre el papel de los OCEX

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A mi izquierda, Miguel Angel Aurrecoechea (Cámara de comptos), Julián de la Morena (UCLM) y Jose Manuel Pérez Lema (Audiencia de Cuentas Canarias).

Durante las recientes Jornadas de fiscalización y control de universidades públicas celebradas en la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Manuel Pérez Lema, Jefe del Gabinete de Presidencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, presentó la última conferencia con el título “El Papel de los OCEX ¿Y si empujamos un poco más?”. El autor trató de dar respuesta a cuatro cuestiones básicas relacionadas con el trabajo realizado por las instituciones de control. Analizó, en primer lugar, el desconocimiento o la utilización interesada que ciertos “poderes” tienen/hacen de las funciones que desarrollan estas Instituciones. Igualmente, se examinan las aportaciones realizadas para mejorar la gestión de las entidades que forman el sector público autonómico. Asimismo reflexiona sobre el apoyo que a estas instituciones prestan, sobre todo, los parlamentos autonómicos y finalmente, apunta algunas medidas que habría que adoptar para que el trabajo que realizan los Órganos de Control Externo (OCEx) se valore convenientemente. Presentamos un resumen a continuación:

El Papel de los OCEX ¿Y si empujamos un poco más? Por José Manuel Pérez Lema, Jefe del Gabinete de Presidencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

imageEn los últimos años, coincidiendo con la fuerte crisis económica y la aparición de múltiples casos de corrupción, desde distintos ámbitos arreciaron las críticas hacia el trabajo desempeñado por los OCEx pidiendo, en algunos casos, la supresión de estas Instituciones. Estas criticas, en la mayoría de ocasiones, injustificadas, dejaban entrever el importante desconocimiento de la labor que desarrollan estos órganos o, en su caso, la utilización interesada de se hace de los mismos.

Los OCEx tienen como función principal, conforme disponen sus normas de creación, fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del correspondiente sector público, careciendo de competencia alguna, salvo en el caso del Consello de Contas de Galicia, (desde agosto de este año) para perseguir la corrupción, tal como ponen de manifiesto organizaciones tan reputadas como la INTOSAI o personalidades tan relevantes, dentro del mundo del control externo, como Juan Ramallo Masanet (ex – miembro del TCE) Ubaldo Nieto de Alba (Ex – presidente del TCu) o Rafael Vicente Queral (Sindico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat valenciana).

Abundantes, son los ejemplos de este desconocimiento o utilización interesada que tienen/hacen algunos profesionales relacionados con el mundo del control externo, que van desde realizar afirmaciones tales como “los OCEx carecen de competencias para realizar controles de legalidad, motivo por el cual remiten sus informes de fiscalización al Tribunal de Cuentas”, hasta criticar que dichos órganos se limitan a informar de las irregularidades que se producen en la gestión de fondos públicos y no actúan iniciando las vías jurisdiccionales oportunas para exigir responsabilidades que procedan.

Los OCEx, a lo largo de sus más de 30 años de vida, han puesto de manifiesto, en sus informes de fiscalización, múltiples irregularidades (muchas de las cuales han servido para destapar tramas de corrupción o ayudar a recuperar importantes cantidades de dinero indebidamente abonadas por diferentes organismos públicos), han advertido y puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas un elevado número actuaciones realizadas por las entidades integrantes del sector público indiciarias de responsabilidad contable y han revelado ineficiencias en la gestión de diferentes administraciones públicas, ayudando con ello a mejorar la gestión pública.

En este orden de cosas, hay que señalar que la labor de los OCEx se limita, de acuerdo con las conclusiones que se obtienen en los trabajos de fiscalización (así lo ha querido el legislador), a recomendar a los organismos que integran su respectivo sector público, la adopción de determinadas medidas para mejorar la gestión de los caudales públicos pero sin que puedan obligar a que estas se cumplan, función esta, que en su caso, correspondería adoptar a los Parlamentos.

El número de recomendaciones realizadas por los OCEx que han puesto en marcha las administraciones públicas sometidas a control ha sido moderadamente bajo. Las razones de esta escasa implementación son múltiples y variadas, pero quizás una de ellas se deba al insuficiente apoyo que los parlamentos brindan a las Instituciones de Control.

Resulta llamativo y frustrante que, año tras año, los informes de fiscalización reiteren recomendaciones realizadas en ejercicios anteriores sin que los parlamentos adopten medidas al respecto, que el poder legislativo cree órganos “ad hoc” para realizar funciones que ya están realizando los OCEx o que bien podrían desarrollar, o que estas asambleas legislativas, no den importancia a incidencias advertidas en los informes de fiscalización y posteriormente dicten normas (p.ej. Ley 19/2013) calificando dichas incidencias como conductas muy graves, sancionables incluso con la inhabilitación para ocupar puesto de alto cargo.

Pero es evidente, que la culpa de que las instituciones de control externo no tengan el prestigio que se merecen, no se debe solo al exiguo apoyo que les brindan los parlamentos, sino también a que los múltiples errores que han cometido estos Órganos y a los que es preciso poner remedio de manera urgente.

Las Instituciones de control, hasta hace relativamente pocos años, han centrado sus esfuerzos en verificar, casi en exclusiva, si las cuentas públicas se realizaban de acuerdo con las normas contables o si los organismos públicos ajustaban su actuación al ordenamiento jurídico vigente, sin prestar atención a si la gestión realizada por estos era eficaz o eficiente ni preocuparse por acercar el trabajo a la sociedad.

Afortunadamente, los OCEx son conscientes de que es necesario adoptar medidas para cambiar el rumbo y para conseguirlo, están empezando a apostar por la realización de auditorías de buena gestión, tratando de mejorar las metodologías de trabajo o empleando las tecnologías de la información para ganar en eficiencia.

No obstante, a pesar de lo loable de todas estas medidas, considero que hay aspectos fundamentales para lograr que los órganos de control externo sean conocidos, valorados y respectados a los que no se les está dedicando el tiempo ni el esfuerzo que suficiente.

En este orden de cosas, creo que para alcanzar estos objetivos, es esencial acercar nuestro trabajo a la sociedad e incrementar la calidad de nuestros informes.

El acercamiento del trabajo a la sociedad, en mi opinión, pasa, entre otras medidas, por fomentar que los jóvenes conozcan nuestra labor (la presencia de los OCEx en los centros de enseñanza es fundamental para crear una cultura de control), mejorar la política de comunicación, o explicar el trabajo de fiscalización a la prensa (para que puedan entender e interpretar adecuadamente los informes de fiscalización).

Por su parte el aumento de la calidad de los informes de fiscalización debe centrarse en la realización de un trabajo de supervisión más riguroso, siendo esencial, someter los informes de fiscalización a controles calidad, tanto internos (realizados por los órganos de calidad con los que cuentan algunos de los OCEx) como externos a estos (quizás fuese conveniente crear un órgano de revisión dentro de la propia Asociación de Órganos de Control Externo).

6 comments on “Una autocrítica sobre el papel de los OCEX”

  1. Unas reflexiones muy acertadas. Las recomendaciones de los OCEX deberían acompañarse de una valoración de su no puesta en ejecución. Adjudicar contratos de manera ilegal tiene un coste para la sociedad, por una parte para el sector público (se puede valorar el perjuicio acudiendo a precios de mercado o a las ofertas no tenidas en cuenta) y por otra para el sector afectado que observa una y otra vez comportamientos de trato de favor e ineficaces e ineficientes. Una valoración concreta de estos perjuicios es posible, resulta arriesgada pero se puede hacer.

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  2. Estoy de acuerdo en casi todo.
    También en que no es la función PRINCIPAL de los ICEX perseguir la corrupción. Pero de que no sea su función principal a que se desentiendan de ese problema va un trecho muy grande. El mismo Juan Ramallo al que se cita señaló en una entrevista en Auditoría Pública que los órganos de control deben ser inflexibles frente a la corrupción. El Tribunal de Cuentas Europeo en su Guía de auditoría sobre el fraude establece de forma bastante clara cómo se debe compatibilizar el hecho de que el fraude/corrupción no sea la función principal del Tribunal, pero sí un aspecto esencial de nuestro trabajo (el de los ICEX).
    Estos criterios del Tribunal Europeo también han sido recogidos en el Manual de Fiscalización de la institución que dirige Rafael Vicente, dándole al fraude/corrupción la importancia que siempre debió tener de acuerdo con la mayoría de las leyes que regulan los ICEX.

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  3. Desde mi particular prespectiva, director de obras publicas durante treinta años, y adecuando el tema a mi experiencia, creo que los objetivos se conseguirian mejorando la calidad de los informes, tal y como acertadamente dice el ponente, y yo añadiria: logrando que el organismo que los emite sea vinculante. En casos de corrupcion no basta con asustar hay que penalizar. El nivel de corrupcion que se ha producido en estos ultimos treinta años exige mas de un brazo ejecutor que no de una garganta profunda. La denuncia ya esta hecha, lo que falta es penalizar y perseguir la falta.
    En todo lo demas, estoy de acuerdo y aplaudo ponencias como esta que tienen puesta su esperanza en mejorar o mas bien en recuperar una administracion que, años atras, fue el orgullo de este pais.

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