Simplificar los procedimientos administrativos

“¿Simplificar consiste en suprimir controles? ¿Administración electrónica equivale, sin más, a simplificación?”. Así abría el catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco López Menudo, el IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, celebrado en Santiago de Compostela durante los días 7 y 8 de febrero.

Este año, se dedicó especial atención a la reducción de cargas administrativas, su naturaleza costes y experiencias, así como a la administración electrónica. Entre las ponencias encontramos amplios y excelentes documentos sobre simplificación administrativa, así como agudas comunicaciones sobre el tema.

Manifiesto mi predilección por dos ponencias. La primera del Prof. Domènech Pascual (Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos) que hace un riguroso análisis coste-beneficio del procedimiento administrativo, de sus causas, presentando algunas interesantes experiencias del derecho comparado. Por otra parte, la ponencia del Prof. Gamero Casado (Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos: el procedimiento administrativo adecuado) presenta un inventario de técnicas de simplificación del procedimiento, estudiando el concepto como categoría jurídica.

De las Comunicaciones (descargar aquí y seleccionar segunda ponencia) es interesante y vanguardista la escrita por Juli Ponce Solé
(UB) y titulada “Nudging, simplificación procedimental y buen gobierno regulatorio: el Derecho Administrativo del siglo XXI y sus relaciones con las ciencias sociales”. También “La importación al derecho español de la cláusula “one in-one out” para la simplificación administrativa” de Dolores Rego Blanco ( UPO).

Terminamos reseñando el documento de Julián Valero Torrijos (UMU) titulado “La simplificación del procedimiento administrativo desde la perspectiva de la innovación tecnológica: las claves jurídicas de una relación de desencuentro” que analiza las razones que han dificultado el avance en este ámbito y se ofrecen algunas claves jurídicas a partir de las cuales debiera articularse el cambio necesario para que la innovación tecnológica se convierta en impulsora de la referida simplificación. En su opinión, el proceso de modernización tecnológica emprendido por la Administración española en los últimos años no ha satisfecho las expectativas de una mayor simplificación del procedimiento administrativo.