Durante casi dos décadas, los funcionarios de las Instituciones españolas de Control Externo se reunían en unas jornadas técnicas, con exigencia preceptiva de ponencia y discusión. Era una buena manera de actualizar, con regularidad, conocimientos de forma participativa y dejando mucho material para estudio posterior. Sin una razón clara, los encuentros dejaron de realizarse desde 2004, hasta esta semana que la venerable Cámara de Comptos de Navarra, que dirige Helio Robleda, ha tomado el relevo.
Asistí por primera vez al encuentro de Las Palmas, en octubre de 1996, donde se incluía un apartado de fiscalización de Universidades. Dejé entonces constancia las principales aportaciones en la sección -Normas y Tributos- que llevábamos los lunes –Sevach y yo- en el diario Expansión. He encontrado dentro del librito de las conclusiones el recorte de prensa, convenientemente doblado, como puede verse en la imagen superior, con un Rajoy más joven.
Pude comprobar en las siguientes ediciones –Toledo’1999; Barcelona’2001 y Sevilla’2004- que el procedimiento era ejemplar y así dejé constancia en la revista Partida Doble: los funcionarios se agrupan de media docena de mesas de trabajo temáticas donde exponen sus comunicaciones moderadas por un coordinador. En torno a diez minutos por asistente, lo que obliga a tener trabajado el material. Un grupo de sabios agrupaba y resumía todas las conclusiones de las diversas áreas que eran asumidas literalmente por el comité organizador y remitidas a los parlamentos e instituciones de control.
Hasta ahí todo muy pulcro y democrático. Pero recuerdo que hubo algunas conclusiones que no eran pacíficas para los consejeros o síndicos que, sin embargo, las hacían suyas. Por ejemplo esta de 1996: “Las cuentas de todas las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación” que produjo un intenso debate pero sobrevivió, entre otras cosas porque es un deseo lógico pero casi imposible de llevar a la práctica.
En 2001 se concluyó lo siguiente: “Al igual que en otros sectores –vg: concursal- debería estudiarse la posibilidad de establecer un sistema de habilitación para poder ejercer la actividad profesional auditora –privada-en el ámbito de la Administración Pública, que considere criterios como la experiencia, la formación específica, etc.” Para el Tribunal de Cuentas de España, tan poco favorable a la presencia de auditores privados en el sector público, cosas así significan un retroceso.
Esta semana, la Cámara de Comptos está siendo el anfitrión del encuentro que se ha estructurado en seis áreas temáticas: tres sectores diferenciados (Entidades locales, socio-sanitario y educativo) y otros tres metodológicos (contenido jurídico de los informes, los riesgos de en época de crisis económica y cómo mejorar la realización del trabajo fiscalizador y de los informes).
En una entrada posterior presentaremos las conclusiones del Encuentro.
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