Carlos G. Otero Díaz fue el primero en muchas de sus vertientes profesionales. Su tesis doctoral en 1960 fue pionera: “Una investigación sobre la influencia de la economía en el derecho”. Tras ejercer varios años de Catedrático de Economía Política y también de Hacienda Pública en la Universidad de Santiago de Compostela, sería designado Conselleiro de Hacienda del primer gobierno gallego de la restaurada la democracia,  con el conservador Fernandez Albor en 1982. Una labor que repetiría (¡pásmense!) cuatro años más tarde, con el socialista González Laxe en la misma consellería. Cuando se constituye en 1991 el Consello de Contas, el Parlamento de Galicia le pone al frente como Conselleíro mayor, donde estuvo una década.

En su necrológica del el diario El País en marzo de 2005, le dedicaba Xosé Hermida estas frases elogiosas:

“Hombre discreto y un tanto solitario, se había granjeado el cariño de casi todos los que le trataron en el mundo académico o en el de la política, incluidos los que defendían posiciones ideológicas muy alejadas de las suyas. Era un hombre extraordinariamente cálido en el trato, casi paternal, con un sentido del humor muy propio de su tierra y que, sin renunciar a sus simpatías políticas, demostró en numerosas ocasiones su independencia de criterio”.

Doy fe de ello a los lectores de mi bitácora. Pueden verlo en esta entrevista de Auditoría Pública. Tuve ocasión de disfrutar de algunas charlas afectuosas con él durante los encuentros técnicos de los OCEx del 1996 (Las Palmas) y 1999 (Barcelona). Cuando José Ramón Chaves y yo recogimos el I premio Auditoría Pública en el Guggenheim de Bilbao en 1997 compartimos con él una inolvidable visita al museo, previa a la cena institucional.

Por eso, hay que felicitar al Consello de Contas al crear el Premio de Investigación que lleva su nombre en el marco de las nuevas funciones de prevención de la corrupción del OCEX gallego. Este mes ha hecho público el fallo de su primera edición, a propuesta de una comisión de la que tuve el honor de formar parte y que valoró los trabajos de forma anónima.

José Antonio Fernández Ajenjo, experto en aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, fue el único agraciado en el concurso, con un accésit como autor del trabajo titulado «Instituciones de investigación administrativa y auditoría forense para la prevención del fraude y la corrupción en las administraciones públicas» que pronto veremos publicado en la institución fiscalizadora.

La estructura del trabajo premiado responde a una selección de instituciones vinculadas a las investigaciones administrativas de naturaleza preventiva en la lucha contra la corrupción. Se presenta mediante un estilo narrativo original, como reconoce el autor «a medio camino entre un manual básico en la materia y una guía de buenas prácticas» mediante la técnica de párrafos monotemáticos que suelen ir acompañados por alguna nota ejemplificativa, renunciando a un texto literariamente más elaborado.

El jurado destaca entre las principales aportaciones del texto la presentación de los conceptos fundamentales y los principales instrumentos jurídicos, explicados de una manera muy directa y sintética, junto a una jurisprudencia muy actual, incluyendo la europea, así como la mención en notas de referencias ejemplificativas de las distintas aportaciones autonómicas.

Todo ello hace que estemos ante una obra de gran utilidad práctica para los estudiosos de las experiencias normativas sobre prevención de la corrupción y las más recientes resoluciones de nuestros tribunales de justicia administrativa o constitucional.