Novedades en control Interno

Los claveros fueron los primeros elementos históricos del control interno, como bien saben los Ayuntamientos españoles. Una forma sencilla y práctica para garantizar la regularidad del gasto público era que el acceso a los caudales se hiciera con el consenso de otros responsables, que guardaban su propia llave de la caja fuerte, de tal suerte que se necesitaban su uso simultáneo (tres por lo general) para acceder al dinero allí depositado. Es el caso del Arca de los caudales de la venerable Universidad de Salamanca, con tres claveros y un blindaje a prueba de cualquier bandido.

He querido hacer este pequeño recordatorio histórico para iniciar una entrada dedicada al control interno en la Universidad Pública Española, que por su naturaleza de Administración Pública está sometida a unos especiales procesos de control interno. No han faltado voces pidiendo alterar su régimen jurídico transformándolas en fundaciones. El asunto tiene su enjundia por el distinto rigor de sus controles, como queda patente en esta noticia:

Así, Rafael Termes (director) en el Libro Blanco sobre el Papel del Estado en la Economía.  (1996- pág. 481) sugería reformar las Universidades Públicas (y sus órganos de gobierno: reducirlos en número, potenciar sus órganos de gestión propiamente dichos) y transformarlas en fundaciones, regidas por la legislación laboral, mercantil y civil.

Sin embargo, la Universidad pública española se configuró como una Administración independiente, vinculada a las Comunidades Autónomas, servida mayoritariamente por funcionarios públicos, puesta al servicio de la enseñanza y la investigación y con un marcado carácter burocrático.

En consecuencia, una de las servidumbres de la actual naturaleza jurídico-administrativa de las Universidades es su régimen económico financiero, del que ya hemos hablado en esta bitácora.

Seminario

En Cádiz, este jueves y viernes asistiremos a una reunión sobre Auditoría y control interno, organizada por la FIASEP y la Universidad de Cádiz. Se trata de revisar las principales áreas de riesgo con los funcionarios encargados de Gastos de Personal, Investigación y Desarrollo, Finanzas y Tributos. Tanto interventores como auditores o gestores de las respectivas funciones públicas.

Uno de los aspectos discutidos en el entramado presupuestario de las universidades públicas es la dependencia del órgano de control interno, que ya hemos presentado en la bitácora. Hay una gran mayoría de Universidades que prefiere los sistemas de auditoría interna de influencia anglosajona (ver) frente al sistema tradicional de Intervención con fiscalización previa, aunque sea limitada.

También hemos analizado el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA), sobre las Cartas de Servicios en la Junta de Andalucía y del que ya dimos cuenta en la bitácora. Su metodología fue presentada por el Auditor de la CCA, Enrique González Pol (a la derecha en la foto, con Luis Barrio).

Novedades legislativas

La nueva Ley canaria 5/2009 modifica aspectos relevantes de su sistema universitario como el régimen, competencias, composición y funcionamiento de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Canarias. En ese sentido, la Exposición de Motivos declara como objetivo establecer mecanismos más eficaces para facilitar las tareas de supervisión a los Consejos Sociales de las Universidades Canarias. Para ello, incorpora en la ley la dependencia orgánica y funcional del órgano de control económico interno o de intervención, a los propios Consejos Sociales. Esta medida complementa la ya existente relativa a la propuesta de nombramiento por el Rector de los responsables de estos órganos.

Además, incorpora dos previsiones respecto del personal adscrito a la Intervención o a la unidad responsable de control interno que desempeñará sus funciones con autonomía respecto de los órganos cuya actividad está sujeta a su control. El interventor o el responsable del control interno, además de los informes a emitir en el ejercicio de sus funciones, anualmente elaborará una memoria de su gestión, que será elevada al pleno del Consejo Social para su informe.

Por último, cuando se mantengan discrepancias con reparos planteados por el órgano de fiscalización interna, corresponderá con carácter general al rector resolverlas.