El titular de hoy puede dar lugar a equívocos. Ya van dos en un mes. Quizás sería más apropiado resaltar que los auditores comunitarios critican la deficiencia en la inversión realizada en eficiencia energética. Lo cierto es que la Evaluación de las Políticas Públicas y su hermana la auditoría operativa, están de moda. Traemos hoy dos buenas noticias sobre el asunto.

El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar un informe especial 2/2022 donde pide una aclaración sobre las contribuciones de los fondos de la UE a la eficiencia energética en las empresas. El documento se titula: “Eficiencia energética en empresas – Se da un cierto ahorro de energía, pero con insuficiencias en la planificación y selección de proyectos”. Recuérdese que los informes del TCEu suelen incorporar al título su principal conclusión, que este caso señala una financiación de la UE insuficientemente ligada a las necesidades de la empresa. Entre otras cuestiones, los auditores hallaron pruebas de que algunos proyectos podrían haber sido fructíferos sin ayuda pública.

El informe cuestiona el valor añadido real de las ayudas.

La UE destinó cantidades significativas de financiación de subvenciones para apoyar la eficiencia energética de las empresas entre 2014 y 2020. Unas medidas adicionales a las propias de los Estados miembros. Para todos ellos, el año 2016 fueron 3.200 millones de euros disminuyendo gradualmente hasta los 2.400 millones de euros en 2020.

Aunque se reconoce que las subvenciones de la UE tienen ”cierta influencia en las decisiones de inversión de las empresas, en la mayoría de casos, las inversiones objeto de financiación ya estaban planificadas”. En otras palabras, muchos proyectos habrían seguido adelante sin la ayuda de la UE. Los auditores observan que “resulta más económico ahorrar una unidad de energía que pagar por la misma cantidad de electricidad”, sobre todo desde el reciente aumento de los precios de la energía. Vamos, lo que hacemos en casa con la luz del pasillo. Pero no nos desviemos.

Los auditores observan que no es posible realizar una evaluación del rendimiento a escala de la UE: las autoridades nacionales cuentan con indicadores, pero estos difieren de un Estado miembro a otro, e incluso, a veces, entre programas de un mismo Estado miembro.

A falta de información consolidada para toda la UE, los auditores han hecho sus propios cálculos. Según sus estimaciones, los posibles ahorros generados por los proyectos cofinanciados en empresas representan aproximadamente el 0,3 % del esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia energética de la UE de aquí a 2030. En otras palabras, los proyectos de eficiencia energética financiados por la UE solo contribuirán modestamente a la consecución de los objetivos de la UE.

Entresaco algunas de sus conclusiones que aún deben estar escociendo en Bruselas:

• Vinculación confusa entre la financiación de la UE y las necesidades de las empresas
• La Comisión no identificaba la necesidad de los fondos de la UE
• Los Programas Operativos proporcionaban principalmente subvenciones sin justificar esta elección

No torturo más en este apartado, aunque no puedo evitar un desahogo: luego dicen de los mediterráneos …

Evaluación de políticas públicas

La necesidad de la evaluación de los programas y políticas públicas concita una rara unanimidad tanto en los ámbitos académicos como políticos y administrativos. Algo que para Antonio López Hernández y Juan Antonio Garde Roca “contrasta con lo limitado del dialogo existente entre ambos mundos, la insuficiencia de su uso efectivo y la limitada influencia práctica en la toma de decisiones públicas”. Los autores escriben un interesante artículo dentro de la Revista Española de Control Externo que dedica un reciente número monográfico a la Evaluación de Políticas Públicas.

Un tema considerado como herramienta técnica esencial, así como un elemento estratégico para el buen gobierno que justifica el esfuerzo del Tribunal de Cuentas de España en promover no sólo esta publicación doctrinal sino sus propias iniciativas fiscalizadoras.

TCu tenía programado dentro del plan 2021 bastantes informes de fiscalización (a la espera de conocer el de 2022) tanto en materia de evaluación como de auditoría operativa. El incremento de las fiscalizaciones operativas se ha constituido en objetivo institucional (concretamente, el 1.4 de su plan estratégico)

He aquí algunas pinceladas donde la eficacia y la eficiencia serán la estrella:

• Actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética
• Sistemas de información de sanidad y salud pública
• Grado de ejecución por España de los fondos estructurales y de inversión 2014-2020
• Implementación del teletrabajo en los ministerios del Área de Administración Económica del Estado
• Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género
• Actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la AGE y las CCAA desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19
• Fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social
• Fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina
• Fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la jubilación
• Fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética
• Fiscalización operativa de las subvenciones en el área de atención a mayores
• Fiscalización operativa sobre la gestión de los bienes y derechos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social
• Fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social

Como apuntan Antonio L. Hernández y Juan Antonio Garde, la evaluación y la auditoría operativa forman parte, “desde una visión transversal y complementaria, de un mismo ecosistema de evaluación, en el que ambas comparten conocimientos, enfoques y herramientas”. Un contenido de lectura obligatoria para la comunidad fiscalizadora: