Permíteme que lo cuente. Estuviste todas esas vacaciones concluyendo un trabajo inédito para concurrir al IV premio bienal Ferran Termes. No fue por los 3.000 euros de recompensa sino porque, como investigador o divulgador que eres en transparencia y eficiencia, el tema te atraía y además incluía su publicación. Lo sé. Tampoco había muchas alternativas de viaje perimetral, así que trabajaste mucho para entregar antes del 20 de abril tu trabajo original, entre 75  y 200 páginas, basado en tu experiencia y conocimientos teóricos. Casí no llegas, lo recuerdo, pero viste publicada esta entrada en mi blog y echaste cuenta de que podías lograrlo, como lo hizo hace dos años la infatigable Conchi Campos, que en esta edición no participó.

Ahora en serio. Las entidades ACCID, el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, el Consejo del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña y la Sindicatura de Cuentas de Cataluñaconvocaron inicialmente el premio con un plazo de presentación que se fijaba en el 31 de marzo, aunque se ha acordado una prórroga hasta el próximo 20 de abril. Estas a tiempo. Mira las bases.

El tema de la transparencia no es ningún lujo. Que se lo pregunten al alcalde de Somiedo, concejo rural del límite asturiano-leonés que está medito en un lio morrocotudo. Nos cuenta la prensa que el regidor, según la Fiscalía, “pese a habérselo reiterado, no dio cumplimiento a la resolución del Consejo de Transparencia (…). El denunciante, con fecha 17 de octubre de 2016, ante la inactividad del Ayuntamiento, solicitó la adopción de medidas (…) El acusado persistió en no dar cumplimiento” .

Parece que la cosa se pone seria. Esta misma semana, tras un intenso debate parlamentario andaluz, conocíamos la sanción al Gobierno de la Junta de Andalucía por parte del Consejo de la Transparencia por ocultar información sobre expedientes.

Estas noticias me hacen recordar pasados tropiezos entre las Altas Instituciones del Estado. Así, en 2019 el Tribunal de Cuentas hacía público un informe de fiscalización (ver nota de prensa) sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017.

La fiscalización había puesto de manifiesto determinadas deficiencias. Algunas con cariño, como la insuficiente plantilla de personal, la presidencia vacante y la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno que no se adecuó, durante más de tres años, a lo establecido en su Estatuto, por incumplimientos parlamentarios. Pero también otras deficiencias en materia de funcionarios, no dando publicidad a las cantidades abonadas en concepto de productividad, ni figurar adecuadamente descritas las actividades fuera de la jornada laboral, que se han retribuido con gratificaciones por servicios extraordinarios.

Unos meses después el Tribunal Supremo se enfrenta a la solicitud de una Fundación elevada al Tribunal de Cuentas para que facilite el nombre y retribuciones del medio centenar de personas que desempeñan o han desempeñado puestos de personal eventual. La sala de lo contencioso da un repaso sin acritud al Tribunal de Cuentas, recordando la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afirmaba “dice que con carácter general primará el interés público si el empleado público ocupa un puesto de especial confianza, es de alto nivel o se provee mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad”.

En eso llegó el Viernes Santo …

Termino con un aviso a navegantes administrativos. El 2 de abril comienza a ser obligatoria la Administración Pública sin papeles, salvo que este martes el Consejo de Ministros apruebe el enésimo Decreto Ley prorrogando el plazo. Como dice Chaves tras su publicación: “Muerte y resurrección de la vigencia de la Administración electrónica”.

Recordad que el Real Decreto-ley 28/2020, en cuya Disposición final novena, relativa a su entrada en vigor de, se recoge “…. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día  2 de abril de 2021». ¿Estamos preparados? ¡Tela!