Esta mañana he participado en una interesante jornada de formación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en la Diputación de Valencia. Se trataba de analizar y discutir los últimos informes de fiscalización local de las Instituciones de Control para un nutrido grupo de funcionarios, dentro del Programa «Aspectos prácticos de la fiscalización y gestión presupuestaria de las entidades locales».

Lo primero que debemos destacar es la incorporación a esta área del excelente trabajo que está realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Cuenta con un Observatorio de información económico-financiera de las Corporaciones Locales que recopila los datos económico-financieros relevantes para el análisis de la situación presupuestaria de todos los ayuntamientos y diputaciones,explotando las bases de datos de la Sec. Gral. Financ. Aut. y Local e Intervención Gral. del Estado así como del Instituto Nacional de Estadística.

Como podéis ver a continuación, permite visualizar mediante gráficos la evolución de las principales ratios y magnitudes que definen la sostenibilidad a medio plazo, sirviendo para la detección de riesgos de cumplimiento de las reglas fiscales, así como, en su caso, para realizar comparaciones entre corporaciones locales. Como modesto homenaje a los anfitriones estos son (ampliar) sus indicadores  económico-financieros:

Esta presentación se complementa con la ofrecida por el Tribunal de Cuentas y los OCEX en su portal rendiciondecuentas.es para facilitar la rendición de cuentas de las Entidades Locales y, sobre todo, permitir a los ciudadanos tener acceso a la información y conocer la gestión desarrollada. Como nuevo homenaje a los anfitriones presenté la estadística del ejercicio 2017, liderada por la Comunidad Valenciana:

Destaca el alto cumplimiento en plazo de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (en foto finish con Aragón) así como el estado actual, cercano al 100%, que el año anterior logró únicamente la Comunidad Balear.

La propia Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana mantiene una estricta supervisión de esa rendición, como puede verse en el siguiente cuadro resumen:

Tras un largo debate, muchas CCAA han legislado imponiendo sanciones (multas coercitivas) o impidiendo ser beneficiarios de subvenciones a los Entes que no rindan  cuentas. El escenario administrativo ya contaba con el ímpetu de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impone al mundo autonómico y local el aliento en la nuca desde Ministerio de Hacienda, con un seguimiento periódico de los avances sobre la ejecución y (lo que es decisivo) la liquidación presupuestaria.

El propio Tribunal de Cuentas viene pidiendo desde hace tres lustros regularlo con rigor. Así, hace tan solo un par de meses, las Cortes Generales a través de la  Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, se instaba (así mismo supongo) a adoptar las modificaciones normativas oportunas para revisar los importes de las multas coercitivas contempladas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que pueden imponerse por dicho Tribunal, previa la realización del correspondiente requerimiento conminatorio, en el caso de incumplimiento del deber de rendición de cuentas, incrementando la cuantía de sus límites, fortaleciendo con ello la efectividad de esta medida.

En fin, una fructífera jornada de convivencia con funcionarios del mundo local, que empezó con José Ramón Chaves (en la foto presentado por Beatriz Moreno, tesorera de la diputación organizadora) y terminó con Elena Estrada (IGAE) hablando de la cuenta 413.