El martes pasado, 13 de Junio, Transparencia Internacional España tuvo un interesante acto a cargo de Jesús Lizcano (Presidente), José María Gimeno y Jesús Sánchez-Lambás. Ante los periodistas se presentaron tres interesantes y oportunos informes que han tenido muy poco eco en los medios ante la rabiosa actualidad política de estos días que los ha eclipsado injustamente, porque se trata de trabajos muy costosos y documentados.

Presentamos a continuación sus principales conclusiones. 

1) La evaluación del nivel de transparencia de los Partidos políticos 2017 trata de medir el nivel de transparencia y apertura informativa de los principales Partidos políticos, a través de un conjunto de 30 indicadores, con el objetivo final de impulsar un importante aumento de los documentos y la información que los Partidos publican y ponen a disposición de los ciudadanos. Sus conclusiones evidencian que estas organizaciones han multiplicado en dos meses su nivel de transparencia, ya que el pasado mes de abril la valoración media era de 9´5 (sobre 30), y en Junio la valoración media final ha sido: 27´7.

Es la tercera evaluación que realiza en relación con estas instituciones, después de las efectuadas en el año 2014 y 2015. Concluyen que la generalidad de los Partidos políticos han publicado finalmente la casi totalidad de indicadores e informaciones de interés en las distintas áreas que ha utilizado por TI-España en la evaluación de su transparencia.

2) El nivel de cumplimiento por el Gobierno de los Compromisos asumidos contra la corrupción. El Gobierno español asumió en la Cumbre Anticorrupción celebrada en Londres en mayo de 2016 un conjunto de 26 compromisos contra la corrupción. TI-España viene haciendo un seguimiento de su cumplimiento y presenta un informe sobre el estado actual de los mismos. El balance es bien pobre: 3 cumplidos totalmente y 5 en proceso.

3) El Informe sobre el grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos, constituye el tercer Informe sobre el cumplimiento de la normativa sobre publicación de contratos en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública. Se basa  en los datos que la Plataforma de Contratación Pública del Estado tiene sobre cinco tipos de instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Parlamentos y Universidades públicas.

• De los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados, eran solo 29 en enero, y 33 en julio de 2016, los que cumplían esta obligación legal. En mayo de 2017 ha aumentado de forma clara este número, pasando a ser 56 las corporaciones locales que publican en la PCSP, lo que indica que es aproximadamente la mitad de los 110 grandes Ayuntamientos los que cumplen esta obligación.
• Por otra parte, en relación con las Comunidades Autónomas, mientras que en enero de 2016 eran sólo tres las que cumplían la normativa, en julio de ese mismo año fueron 6, y ahora en mayo de 2017 son 10 las CC.AA. (de las 17 totales) las que cumplen esta obligación; ello significa que es ahora un 60% de las Comunidades las que cumplen, pero sigue habiendo por tanto una proporción realmente alta las que siguen sin cumplir la normativa legal.
• En lo que se refiere a los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos), en enero de 2016 eran 5 Parlamentos los que cumplían la norma, número que se repetía en julio de 2016; en mayo de 2017 han pasado a ser 9 (en todo caso menos de la mitad, un 47%) los que cumplen esta norma y publican sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público; no deja de ser significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado continúen incumpliendo esta normativa.
• En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, mientras que en el primer análisis de 2016 eran 18 las Diputaciones que cumplían la normativa (de las 45 Diputaciones totales), aumentaron a 27 las que cumplían la norma en julio de 2016, esto es, el 60%. En mayo de 2017 se ha ampliado este número a 32 Diputaciones, lo que equivale al 71% del total, porcentaje éste el más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas por TI-España.
• En lo que se refiere a Universidades públicas, en el primer análisis de 2016 eran 30 las Universidades que cumplían, cifra que aumentó ligeramente a 33 en julio de 2016; también se ha dado un ligero incremento en el número de universidades que cumplen la normativa en mayo de 2017, siendo ahora 36 las Universidades que lo hacen, lo que significa que el 70% de los centros universitarios públicos españoles cumplen ahora con esta obligación legal.