El mes pasado, se hizo público documento de Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, ya conocido por sus siglas CORA. De las 218 medidas propuestas, 118 se presentan para evitar duplicidades(7 de carácter horizontal y 111 de carácter sectorial) dirigidas a la consecución del principio «una Administración, una competencia».
El informe intenta reforzar los mecanismos de planificación conjunta o de gestión integrada en aquellos ámbitos en los que, “pese a no detectarse la existencia de duplicidades en sentido estricto, concurren competencias sectoriales y territoriales”. Así, tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración autonómica estudia la posibilidad de que “sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor calidad” para lo que plantea que estos asuman las funciones realizadas por los órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa de la competencia. etc.
La crisis económica obliga a replantear muchas instituciones, hasta ahora incuestionadas. Aunque el primer envite no pasó de ser una mera declaración de intenciones, no tengo ninguna duda de que el CORA resurgirá en el otoño pidiendo a las CCAA que asuman sus contenidos.
Duplicidades o eficiencia del gasto
Los órganos autonómicos de control externo hemos sido señalados con el dedo de la comisión así que, querámoslo o no formamos parte del problema y debemos justificar ante la opinión pública nuestra propia existencia, sin el viejo y fácil subterfugio nacionalista, sino apelando a los datos. Y si hay dispendios deberán sanearse.
Desde al aparición del informe hemos escuchado muchas voces defender la necesidad de “más control”. Sin ir más lejos, en un reciente artículo de El Mundo lo dicen sin tapujos (El ‘perpetuum mobile’ de la Administración) los catedráticos de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes y Francisco Sosa Wagner:
Los órganos de control como los tribunales de cuentas, consejos consultivos y defensores del pueblo están en la picota por el coste que su creación y su funcionamiento han supuesto ya que han multiplicado cargos de confianza y personal no seleccionado por procedimientos de competencia pública y se han instalado con frecuencia en sedes dispendiosas (…) En cuanto a los tribunales de cuentas, sorprende que cuando es indispensable reforzar la fiscalización de los fondos públicos, se defienda su supresión. Hay que decirlo claro: los tribunales autonómicos de cuentas, allí donde existen, no suponen duplicidad alguna con el de idéntico nombre del Estado pues sus atribuciones se encaminan a la fiscalización de la Administración autonómica y de las entidades locales. Pretender que se creen secciones nuevas en el Tribunal de Cuentas de Madrid es un simple cambio de escenario que carece de la hermosura de los teatrales. No se olvide que este Tribunal de Cuentas soporta ya un ingente volumen de trabajo y que, por ejemplo, este año 2013 está aprobando informes de fiscalización de los ejercicios 2008 y 2009.
Pero de todas las voces que se han alzado en la defensa, destaco al presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya (CCJCC), Daniel Faura, que ha calificado de «inaceptable» la propuesta de supresión de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya, en el marco del XXIII Foro del Auditor que tuvo lugar la primera semana de julio con la presencia de 700 profesionales de toda España. En su opinión, la próxima Ley de Transparencia «puede servir de muy poco si se eliminan los instrumentos de control como la Sindicatura de Cuentas», aunque sí que se ha mostrado partidario de una reforma urgente de los organismos fiscalizadores, para que ganen eficiencia, eficacia en su gestión y en las actuaciones profesionales y la oportunidad de sus informes.
Los auditores catalanes ponen el dedo en la llaga. Quizás algunas instituciones de control tienen un nivel de gasto que no se corresponde con la actual precariedad de los presupuestos públicos ni la economía de guerra en que se ha sumido a gran parte de la ciudadanía, parada, desahuciada o en estado de pobreza. Eso es otra cosa y debe reconducirse como ha dicho los presidente de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León, si bien esa sangría económica propiciará la fuga de los mejores funcionarios.
El siguiente cuadro la situación a 31 de diciembre de 2012, relativa a las fechas de presentación de los informes de fiscalización de las diferentes comunidades autónomas y el Tribunal de Cuentas de España:
Algo deberá cambiar ….
Que los consejeros de estos órganos tengan una procedencia tan política es inaceptable, como lo es que las cuotas políticas hagan estos órganos de amplia colegiación para que estén representadas muchas sensibilidades. Redúzcanse. El órgano unipersonal es una opción muy eficiente. Discútase. Ahí está el modelo (en su doble sentido) de la incuestionable Cámara de Comptos de Navarra. Pero hay muchas más que han hecho un gran trabajo, oportuno y riguroso.
Algunas instituciones de control han sobrevivido con muchísima dignidad rodeada de casos de corrupción, mala gestión en la Administración o de facturas del cajón milmillonarias, que han sido denunciadas con enorme transparencia y profesionalidad. Me refiero a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, otro ejemplo que siempre hemos elogiado en esta bitácora. Ver aquí hace más de un lustro sobre la rendición de cuentas local y aquí alertando el déficit sanitario cuando éramos ricos, o este otro del 2009 denunciando las facturas de los cajones. Sería una pena que se le pasase factura por ello y la ciudadanía, además aplaudiera.
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