Ángel Gabilondo, presidente de la conferencia de rectores españoles (CRUE), clausuró el viernes pasado, en la Universidad Politécnica de Valencia, el V Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Aprovechaba el foro para reclamar a las Administraciones el cumplimiento de los pactos de financiación. La mejora del sistema universitario y la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior irían mejor con más recursos. «Pero la financiación», dijo, «no lo es todo»: se necesita un «cambio en la cultura universitaria«, y modernizar una forma de gestión que resulta «demasiado rígida y poco operativa».
Durante las últimas semanas asistimos a un rosario de noticias relativas a los difíciles tiempos que vienen para los servicios públicos, como es el caso de la educación superior. Ya hemos dicho que vienen malos tiempos para la lírica. En principio, el dinero no debería ser un problema: el Congreso de los Diputados ha instado por unanimidad al Gobierno a aumentar la financiación de las universidades y a garantizar la suficiente dotación presupuestaria para costear la adaptación del sistema universitario al proceso de Bolonia.
En este marco, el rector de la Universitat Poltècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró, acaba de despacharse frente al Ministerio, declarando que si el Gobierno hubiera querido diseñar «peor» la estructuración del Espacio Europeo de Educación Superior, «difícilmente lo hubiera hecho peor». Tampoco faltan voces (Joaquín Sevilla) que denuncian la estafa al proceso, desde el principio, donde los grados deberían ser de 3 años. Pero, los alumnos, ni se han enterado.
Se nota que los rectores están apurando la confección de los presupuestos universitarios. Como recuerda hoy el digital de Expansión (Función Pública) la transferencia corriente que envía la Administración Autonómica se dedica casi por entero a pagar las nóminas de los empleados públicos. Poco margen queda para las políticas de calidad o mejora contínua. La Comunidad Valenciana ha debido hacer filigranas para cuadrar el presupuesto para las Universidades, en lo que el diario El País titula «El mito del sistema mejor financiado«. Andalucía, sin embargo, crece un 11,6% en su Consejería de Ciencia.
La Ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presenta estos días la estrategia Universidad 2015, que “pretende situar a España entre los 10 países más avanzados del mundo en educación superior universitaria, ciencia, tecnología e innovación y a nuestras universidades entre las más atractivas y competitivas de Europa, garantizando que el sistema universitario español en su conjunto, siga avanzando hacia la excelencia y se consolide en el contexto internacional”.
El problema es que la Administración del Estado no tiene competencias en materia de financiación universitaria. El lunes 10 la Ministra presentará el borrador de Estatuto del Personal Docente e Investigador que plantea la regulación de la carrera funcionarial basada en la obtención de méritos docentes, investigadores y de transferencia del conocimiento, así como las condiciones en las que los profesores o investigadores funcionarios universitarios podrán participar en la gestión y explotación de los resultados de su investigación. Tambien aspira a promover la movilidad entre el sector público y también con el sector privado. Como reconoció Garmendia en su visita a la Universidad de Oviedo: «necesitamos que profesores españoles vayan a otros países y de otros países vengan por un tiempo a impartir docencia».
En europa, se están produciendo intentos de reforma universitaria que han movilizado a los estudiantes. Francia aprobó el año pasado una Ley de «libertad y responsabilidad de las Universidades». Su aplicación será gradual con el objetivo final de lograr una autonomía universitaria similar a la española. Un presupuesto por el que pasen todos los gastos e ingresos universitarios (los funcionarios cobran directamente del Ministerio) y se asumirá la titularidad del patrimonio inmueble.
Pero también se habla de bloqueo de los reclutamientos: en los próximos tres años está prevista una sola contratación por cada cinco jubilaciones. Así mismo, los franceses se enfrentan a una importante reducción (20%) de sus presupuestos: hasta 2013 está prevista una supresión de 1441 millones de euros, según el colectivo Attac.org , que anticipa una degradación del número de estudiantes por profesor, el deterioro de la calidad de la enseñanza, de la investigación y de todos los servicios auxiliares, como los comedores, las bibliotecas o las residencias universitarias.
No han faltado quienes han entendido que esto significa mercantilizar la Universidad Pública. Pero Italia quería ir más allá.
Italia
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha decidido congelar el proyecto de reforma universitaria que su Gobierno pretendía presentar la próxima semana, tras las protestas estudiantiles por la nueva ley de educación.
Las manifestaciones callejeras de alumnos, padres y profesores de los colegios italianos, que llegaron, incluso, a materializarse en una huelga del sector el pasado jueves -un día después de la aprobación de la ley-, han conseguido paralizar la reforma universitaria, que el ministerio quiere llevar con más calma, después del revuelo suscitado por la ley y prefiere, por ello, no presentar un proyecto para la Universidad.
Este proyecto, promovido por la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, pretende llevar a cabo recortes en los presupuestos universitarios, bloquear la «proliferación» de las asignaturas e, incluso, suspender los concursos públicos para los profesores. De hecho, los fondos para la financiación de la Universidad pública italiana ya han sido recortados en 700 millones de euros para 2009.
Las calles italianas, sobre todo las romanas, han sido escenario estas últimas semanas de continuas protestas de estudiantes contra la reforma, que fue aprobada el pasado miércoles y que contempla, entre otras medidas, una reducción de 87.000 empleos en la enseñanza, dutante los próximos tres años.
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