Las terribles noticias de sufrimiento y muerte que llegan de Haití, tras el terremoto que devastó su capital, hacen que muchos países y organizaciones internacionales movilicen cuantiosos y urgentes esfuerzos en su ayuda.

Al aeropuerto haitiano están llegando voluntarios de todo el mundo que nos reconcilian con la naturaleza humana. Aterrizan aviones cargados de alimentos, medicinas  o enseres básicos enviados por las principales organizaciones públicas y privadas. Pasados los primeros momentos de la emergencia, las Instituciones “harán cuentas” y fiscalizarán el empleo de los recursos, para sacar conclusiones sobre su eficacia y eficiencia.

Es el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, que acaba de aprobar, esta misma semana,  un interesante informe titulado “Ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento”. Comentamos a continuación sus principales conclusiones, presentadas en un impecable trabajo que es todo un ejemplo de calidad, concisión y comunicación; en definitiva: de las mejores prácticas.

Protagonistas

La Dirección General ECHO se ocupa de dar respuesta a las crisis humanitarias. Financia actividades encaminadas a salvar y preservar vidas en situaciones de emergencia y labores de rehabilitación a corto plazo. No ejecuta las actividades de forma directa, sino mediante socios como organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG). En 2008, comprometió un total de 937 millones de euros, la mitad a través de organizaciones de  las Naciones Unidas.

EuropeAid se encarga de la ayuda al desarrollo de la Comisión, incluida la rehabilitación a largo plazo. En 2008 comprometió un total de 670 millones de euros (8 % del total) a través de organizaciones de la ONU.

La Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de marzo de 2005, obliga a la UE a coordinar y armonizar las ayudas en estrecha cooperación con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Así, en 2006 y 2007, la Comisión realizó más de 700 contribuciones distintas en 90 países a través de 30 organizaciones diferentes de la ONU.

Los auditores europeos no se fían del buen samaritano

El propio Parlamento Europeo ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y ha solicitado garantías sobre la idoneidad de la gestión de dichos fondos. Por eso, el Tribunal afronta esta fiscalización para responder a dos preguntas concretas:

a) ¿Demuestra el proceso de decisión de suministrar la ayuda a través de la ONU que es la opción más eficiente y eficaz?

b) ¿Garantizan los mecanismos de supervisión la solidez de los procedimientos financieros y el logro de los objetivos?

Avanzamos desde ahora que ninguna de las preguntas tiene una respuesta afirmativa.

Elección del socio

Para el Tribunal, la elección de una organización de las Naciones Unidas no está fundada en pruebas suficientes que demuestren que dicho enfoque es más eficiente y eficaz que otras maneras de ejecutar la ayuda. Ni EuropeAid ni la DG ECHO llevan a cabo estudios formales y sistemáticos sobre mecanismos alternativos de prestación de la ayuda que compensen la ausencia de licitaciones.

Controles financieros y Auditoría Única

La Comisión verifica la solidez de los sistemas de gestión financiera mediante una evaluación previa de los llamados cuatro pilares: la idoneidad de los procedimientos de contabilidad, auditoría interna, auditoría externa y contratación por parte de los socios de la ONU.

El verdadero problema surge porque el grupo de auditores externos de las Naciones Unidas han cuestionado continuamente el derecho de la Comisión a efectuar controles financieros. Alega que sus sistemas de control son suficientes, pero no ofrece a la Comisión pruebas satisfactorias.

A menudo, esas organizaciones de la ONU subcontratan la realización de actividades a otras cuyos sistemas de control financiero no han sido supervisados por la Comisión, que también se muestra crítica con los informes sobre resultados de las Naciones Unidas que son demasiado generales, no comunican los problemas hallados y se presentan con retraso.

Trabajo de campo

Al tiempo que aumenta la cantidad de fondos canalizados a través de las Naciones Unidas, la Comisión ejerce cada vez más su derecho de realizar verificaciones sobre el terreno. En 2007, fueron 47 y en 2008, 34 y suelen estar enfocadas a la adecuación de los procedimientos, mientras que el examen de la eficiencia de la ejecución o de la eficacia en la obtención de resultados son cuestiones abordadas en los informes de las naciones unidas. El mandato habitual de una misión de verificación consiste en lo siguiente evaluar y comprobar los sistemas locales de contabilidad y verificar la subvencionabilidad del gasto.

Y pone algunos ejemplos, del que seleccionamos éste:

debido a las restricciones impuestas por la sede de una organización de la ONU, la misión de verificación de 2008 de la DG ECHO sobre los proyectos desarrollados en Uganda no pudo seleccionar un número razonable de operaciones para realizar pruebas que permitieran llegar a una conclusión general sobre la subvencionabilidad de los costes“.

En conclusión

El Tribunal resume de la siguiente manera:

“La Comisión se fía del trabajo de los auditores de las Naciones Unidas cuando se permiten los exámenes y el control de los mismos (…) hemos trabajado para superar sus diferencias respecto de las verificaciones, sin embargo la Comisión se ha encontrado con dificultades para acceder a los sistemas y documentos de la ONU”.

Aprendiendo del Tsunami y del Mitch

Anteriormente, el Tribunal había presentado dos informes sobre la ayuda aportada por la Comisión Europea a raíz del tsunami y del huracán Mitch, que azotó Centroamérica en octubre de 1998.

El tsunami desencadenado en el océano Índico el 26 de diciembre de 2004 causó la muerte de más de 200.000 personas y originó daños incalculables. A la respuesta de ayuda humanitaria inicial de la Comisión, que tenía como objetivo salvar vidas humanas y atender las necesidades inmediatas, siguió la ayuda a la rehabilitación a más largo plazo, de unos 300 millones de euros, para reconstruir las infraestructuras básicas.

La emergencia

En 2006, el Tribunal de Cuentas Europeo aprobó un Informe Especial sobre la respuesta de ayuda humanitaria de la Comisión Europea al Tsunami, que había movilizado una financiación de 123 millones de euros.

Con respecto a la rapidez y el nivel de la respuesta, el Tribunal constató que los procedimientos de la Comisión permitieron dar una respuesta rápida al tsunami, con la concesión de 3 millones de euros a los que siguieron otros 20 millones de euros en un plazo de cinco días. Otras decisiones subsiguientes, de febrero y diciembre de 2005, ascendieron a un total de 123 millones de euros de ayuda humanitaria. El elevado nivel de financiación resultó adecuado debido en particular a la transición, más prolongada de lo previsto, de la fase de auxilio a la de reconstrucción.

Por lo que respecta a la coordinación, la DG ECHO apoyó el papel de coordinador de las Naciones Unidas y proporcionó financiación para resolver la falta de información fiable y exacta sobre las necesidades. La coordinación con otros servicios comunitarios ha sido satisfactoria en la medida en que ha permitido una transición flexible entre los esfuerzos de auxilio a corto plazo y la reconstrucción a largo plazo. No obstante, la coordinación entre la DG ECHO y el mecanismo de protección civil, con base en la DG de Medio Ambiente, que se encarga de la coordinación de la asistencia de la protección civil de los Estados miembros, fue problemática.

Por lo que se refiere a la pertinencia de los proyectos y la eficiencia de su ejecución, durante la fiscalización se observó que, aunque algunas de las primeras propuestas de proyectos eran una respuesta estándar a una situación de emergencia, por lo general los procedimientos permitieron modificar los proyectos para hacer frente a la evolución de las necesidades. Aún habría que desarrollar la información sobre los costes comparativos de bienes y servicios para facilitar más detalles de las disposiciones organizativas y cuantificar la consecución de las actividades de los proyectos.

Con respecto a los resultados y a la sostenibilidad de los proyectos, algunas realizaciones fueron menores de lo previsto debido a la inflación y a las dificultades para obtener mercancías y contratar a personal cualificado. Sin embargo, los proyectos gestionados por los socios de la DG ECHO contribuyeron a satisfacer las necesidades básicas de la población en términos de refugio, alimentos, agua y saneamiento, sanidad, apoyo psicosocial, atención a niños y familias y telecomunicaciones.

Tras el desastre, la reconstrucción.

Respecto a la rehabilitación posterior, el Tribunal de Cuentas Europeo llevó a cabo visitas a los socios y a los proyectos desarrollados en Nicaragua, Honduras, Indonesia y Sri Lanka, con el fin de examinar si se habían definido de forma adecuada las necesidades en materia de rehabilitación de las personas afectadas por las catástrofes y si la ayuda fue ejecutada de forma oportuna y eficiente. Publicó su informe que comprobó que los proyectos habían logrado los resultados previstos, en particular con respecto al establecimiento de vínculos satisfactorios con la anterior ayuda humanitaria a corto plazo y el posterior desarrollo a más largo plazo.

En cuanto a la definición de las necesidades, el Tribunal constató que en el caso de ambas catástrofes la Comisión elaboró una estrategia de rehabilitación en menos de seis meses. Sin embargo, tras el huracán Mitch, el proceso de concepción que permitió plasmar esta estrategia en proyectos específicos se prolongó hasta cuatro años después de la catástrofe. Después del tsunami, el proceso de concepción fue más rápido y además evolucionó hasta lograr una mejor coordinación y consulta con los países beneficiarios a nivel nacional y local.

Con respecto a la ejecución de la ayuda, la respuesta fue más rápida en Indonesia, donde se llevaron a cabo numerosas acciones en los dos años posteriores al tsunami a través del Banco Mundial. Tras ambas catástrofes, la Comisión no veló por la definición de objetivos claramente cuantificados en términos de realizaciones para la totalidad de los proyectos, ni por que los sistemas generasen información suficiente para demostrar la eficiencia de la ejecución. Sin embargo, en Indonesia la Comisión había logrado mejorar la calidad de la información procedente del Banco Mundial. En Sri Lanka, donde la ayuda de la Comisión, de un importe de 95 millones de euros, se canalizó a través de organizaciones internacionales, no se habían establecido procedimientos de seguimiento y supervisión adecuados en todos los proyectos.

El vínculo con la ayuda humanitaria anterior ha sido más estrecho tras el tsunami que tras el huracán Mitch. En ambas catástrofes se estableció un claro nexo con el posterior desarrollo a más largo plazo, dado que los proyectos consistían generalmente en acciones de desarrollo más que en acciones de rehabilitación, lo que refuerza las perspectivas de sostenibilidad. Sin embargo, los proyectos no permitieron la aplicación de medidas suficientes para garantizar la continuidad de las acciones una vez finalizada la financiación inicial. Una reflexión del Tribunal que nos permite concluir con El Roto: