Esta semana tuvimos clase on line en el Master de Auditoría del Sector Público de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) que dirige el Dr. Julio García. Cuarenta inscritos, casi todos profesionales del mundo del control interno o externo, que aportan un debate muy interesante y fluido. Durante la exposición de la responsable de la asignatura de Metodología -la Dra. Marta Riera- debatimos la sentencia 8/2026 de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España, que confirma la Sentencia 5/2025 del Departamento segundo, donde constan los hechos básicos de un caso de responsabilidad contable en el Ayuntamiento de Noja (Cantabria).
Un caso de fraude
La sentencia detalla un procedimiento de reintegro por alcance que examina la gestión financiera de la exinterventora accidental del municipio, quien desvió fondos públicos mediante la apertura de una cuenta bancaria y transferencias injustificadas a familiares y fines personales. A lo largo del texto, el tribunal desestima las habituales excepciones procesales presentadas por la defensa, por prejudicialidad penal (se sigue en paralelo al juez criminal) y se cuantifica el perjuicio económico total causado a las arcas municipales en más de 725.405 euros más intereses y costas.
Desde su creación hasta abril de 2021, la interventora interina operó la cuenta al margen de la Tesorería municipal, alegando que su única función era recibir ingresos. Así evitó el control interno y mantuvo oculta la cuenta en las Cuentas Anuales del Ayuntamiento y su control interno. Recordemos que el tamaño de la Entidad Local no exige un habilitado nacional a cargo de la Tesorería.
Modus Operandi
Como Interventora accidental entre 2017 y 2021 transfirió caudales públicos —procedentes de la participación del municipio en los tributos del Estado— desde una cuenta municipal oficial hacia la cuenta oculta donde realizó disposiciones injustificadas a favor de su entorno y beneficio personal.
La sentencia reconoce que “la única persona que conocía la existencia de la citada cuenta y efectuó operaciones en ella fue la interventora, lo que no resulta incompatible con que la firma del Alcalde en su apertura pudiera ser auténtica, ya que podría haber sido obtenida mediante engaño, dada la confianza que el Alcalde y la Concejala responsable de la hacienda municipal tenían depositada en la Interventora, de acuerdo con la declaración testifical”.
Los temas para debate aquí son: la importante cuantía para ese presupuesto y su difícil ocultación, responsabilidades de los restantes gestores así como los mecanismos automáticos para evitar este tipo de fraudes sin esperar a los relevos en los puestos. Por último, tras una hipotética estabilización como interventor en otro ayuntamiento, mientras se sustancia la pena imaginamos la angustia de la corporación de nuevo destino pero con el alcance firme tras los reprochables hechos.
Digitalización vs. reformas estructurales
Esta semana, también tuvimos con nosotros a Ángel Luis Martínez, socio de E&Y. Ángel es especialista de su firma en Sector Público, así como del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) como podéis ver en este artículo. Aunque su aportación estaba referida a las técnicas de muestreo (afectada por la IA pero que debe conocerse su normativa profesional) tocamos unos minutos (actualidad manda) el Informe Especial 29/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo aprobado anteayer y que analizó el uso de la ayuda del MRR en la Administración Pública que concluye: «Se han logrado algunos resultados, pero los avances en el cumplimiento de las recomendaciones específicas por país siguen siendo limitados». Reconocéis el lenguaje de los trabajos del TCEu ¿no?
El Tribunal fiscalizó 50.000 millones de euros del principal fondo de recuperación de la UE tras el COVID-19 — MRR— para medidas relacionadas con la administración pública (8,5 % de la financiación total) que “apenas han contribuido a resolver las insuficiencias que arrastran desde hace tiempo las administraciones públicas de los Estados miembros”, según apunta. Las reformas e inversiones financiadas por el MRR “solo abordaron en parte los retos relacionados con la capacidad administrativa, la coordinación y la gobernanza, y se centraron principalmente en la digitalización más que en reformas estructurales”. Algo más de un tercio de ellas ha logrado resultados significativos y, en algunos casos, su sostenibilidad después de 2026 podría estar en peligro, advierten los auditores.
Recordemos que estos fondos exigían a los países beneficiarios establecer reformas e inversiones vinculadas a las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre Europeo, el sistema de coordinación de las políticas económicas de la UE. Los auditores examinaron de qué manera las medidas del MRR incluidas en los planes nacionales abordaban las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020 en materia de administración pública. Constataron que ninguna de las recomendaciones se había abordado plenamente. Algo más de un tercio se había abordado en gran medida, más de la mitad solo marginalmente y algunas no se habían abordado en absoluto. Si se tienen en cuenta también las auditorías anteriores sobre las reformas del mercado laboral y del entorno empresarial, el MRR solo ha cumplido en parte uno de sus objetivos principales: abordar los retos señalados en las recomendaciones específicas por país en estos ámbitos.
La auditoría también puso de manifiesto que los gobiernos tendían a abordar unos retos de la administración pública más que otros. Solían favorecer actuaciones que podían ejecutarse rápidamente, como las inversiones en digitalización. En consecuencia, muchos otros retos estructurales siguen en gran medida sin resolverse. Por ejemplo, solo se abordó en gran medida el 14 % de las recomendaciones sobre gobernanza, un ámbito que suele requerir reformas más estructurales. No es de extrañar, por tanto, que las medidas del MRR solo ayudaran ligeramente a los países a avanzar en la aplicación de las recomendaciones del Semestre Europeo relativas a la administración pública.
Hasta la fecha, solo un tercio de las medidas de administración pública examinadas ha logrado resultados significativos. En los dos tercios restantes, los auditores hallaron solo resultados limitados o ninguna prueba de resultados. Además, menos de la mitad de las medidas comprobadas (el 43 %) contaban con indicadores de resultados adecuados. Sin ellos, es imposible determinar si las reformas han dado lugar a procedimientos más rápidos, menores costes administrativos, mejores soluciones para los usuarios o una mejor gobernanza. “Es probable que estos problemas persistan en los próximos años” dice la nota de prensa, ya que el seguimiento del rendimiento propuesto para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE solo subsana en parte las insuficiencias en la evaluación de los resultados detectadas en varias auditorías del Tribunal.
Los auditores examinaron asimismo el instrumento de apoyo técnico de la UE, que presta apoyo a los países miembros para diseñar y aplicar reformas. También en este caso el panorama es desigual: el programa solo tuvo un impacto marginal en el apoyo a la ejecución de reformas concretas del MRR, ya que los proyectos del instrumento tenían en su mayoría un alcance general. Las disposiciones prácticas del MRR y del instrumento de apoyo técnico, en particular los plazos, no estaban suficientemente armonizadas para que las sinergias entre ambos instrumentos se materializaran en la práctica. Al seleccionar los proyectos del instrumento de apoyo técnico, la Comisión no dio prioridad a los relacionados con retrasos en la ejecución de las reformas de los planes nacionales de los Estados miembros, lo que podría haber ayudado a reducir el riesgo de retrasos en la consecución de los próximos hitos y objetivos.
Según la base de datos de la Comisión, los Estados miembros de la UE asignaron un total de 400 medidas del MRR a 48 recomendaciones específicas por país vinculadas a la «administración pública» y a la «digitalización de la administración pública y los servicios públicos». La auditoría se centró en las recomendaciones de 2019 y 2020, que fueron las más pertinentes para el diseño de los planes nacionales de recuperación. Abarcó las reformas e inversiones en materia de administración pública de quince Estados miembros, y evaluó con más detalle cuatro de ellos: Alemania, Chequia, España y Grecia.
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