La Cámara de Cuentas de Aragón acaba de hacer público su Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2021. Se trata del principal (y preceptivo) trabajo anual que los órganos de fiscalización externa deben enviar a los parlamentos autonómicos y que servirán de base para los debates políticos sobre el empleo de los recursos públicos durante los próximos meses.

La página institucional de los auditores incorpora junto al extenso documento de fiscalización, un resumen divulgativo, la nota de prensa y una pequeña perla: el video. El esfuerzo que realizan los funcionarios responsables de comunicación en las Instituciones no impide que las diversas sensibilidades de los medios presenten su propio enfoque de la noticia:

El equilibrio entre divulgar y afinar exige, por ejemplo, que tras concluir con una salvedad, expliquemos qué es una salvedad. A continuación si se presenta una incorrección se matice la diferencia con otros conceptos. Un trabajo delicado que ayuda a distinguir entre lo importante y lo accesorio para el público, así como anticipar los intereses del ciudadano medio, a quien quizás importe más el incumplimiento del periodo medio de pago (allí ocho meses seguidos superando el mes) o la existencia de remanente de tesorería negativo (en realidad el origen de tal morosidad) por 404 millones de euros:

«Esta cifra indica que la Comunidad sufrirá tensiones de tesorería a corto plazo y que debería adoptar medidas para corregir este desequilibrio y recuperar ese saldo negativo, como pueden ser la reducción de gastos o el aumento de los ingresos ordinarios o la concertación de operaciones de crédito por ese importe en los siguientes presupuestos».

Intentar llegar al público en temas tan técnicos es una tarea muy difícil, pero no imposible, como demuestra la Cámara de Cuentas de Aragón.

Por cierto, la Cámara de Cuentas de Aragón será la encargada de organizar este mes de junio los Encuentros Técnicos de los OCEx, tal como se anunció en la clausura de los anteriores, que correspondió al Consello de Contas de Galicia y del que ya dejamos constancia.

Inclumplimientos y contratación pública

El asunto de los incumplimientos me hizo recordar que durante el mes pasado tuvimos el honor de recibir en el Master oficial de auditoría del sector público al presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña Ochoa, donde debatimos sobre su tipología. Ya sabéis que esta actividad de la Universidad de Castilla La Mancha (de la que soy profesor asociado y por tanto con posible conflicto de interés en el elogio) incorpora un nivel asistencia donde es difícil distinguir los profesores y los “estudiantes”.

En este caso, y dentro de la asignatura que lleva Nuria Josa, nuestro invitado aragonés nos contó su experiencia en fiscalización de la contratación. Aquí es vital contar con una mirada de profundidad y de finura como la aportada por Alfonso Peña, en una materia donde es fácil distraerse entre el fondo y la forma, entre las dependencias auxiliares y los principios esenciales. Algo “sencillo” para quien ha sido cocinero (Alfonso trabajó el caldo del control interno como Interventor General de esa comunidad) y actualmente ejerce de fraile en la orden del control externo autonómico. Por si fuera poca expertise, a ello se suma el singular gracejo del maño, que habla alto y claro del enfoque que necesitaría entrenar cualquier profesional de la auditoría pública.

En cierta ocasión un reputado magistrado de lo administrativo fue preguntado acerca de si había tenido tiempo de bucear en una recién aprobada ley de contratación pública. Su respuesta, en un campo con la misma volatilidad jurídica que el éter, de sabio: “A ver si la tengo suerte y la modifican pronto. Así me evito estudiar pormenores”. Algo similar ocurre en la mirada metodológica que debe perfeccionar el auditor público frente a la contratación, que no es más que un procedimiento de gasto público en el que cada una de sus fases (preparación, licitación, ejecución, liquidación) presenta riesgos atemporales. Luego los detalles formales, los que correspondan.

Así comienza un bloque del master en el que se abordan temáticamente los principales modos de ejecución del gasto público (contratación pública, encargos a medios propios, subvenciones y transferencias) y las técnicas de auditoría pública asociadas. El círculo docente se cierra con un segundo eje según la tipología de entidad pública (entidades locales, fundaciones, empresas públicas, universidades, …) completando un programa académico (que ya ha superado su ecuador anual) guiado por referentes profesionales de los diferentes ámbitos en estudio, que estuvieron presentes en la primera clase, como veis en la foto de pantallazo que adjunto.

Pues bien, entre las reflexiones que pudimos disfrutar, destaco la relativa a los incumplimientos, con los que empezamos esta entrada de hoy. Alfonso recordó las Guías prácticas de fiscalización de los OCEX,  que establecieron una norma específica (4320: Guía sobre la importancia relativa en las fiscalizaciones de cumplimiento de la legalidad) aprobada por la Conferencia de Presidentes de la ASOCEX en 2016, donde se recuerda que, en líneas generales, cualquier incumplimiento que atente contra los principios y objetivos generales de la contratación se considerará significativo. La propia norma establece de forma orientativa una interesante (y comprometida) clasificación de los incumplimientos que se hayan observado en la fiscalización de la contratación y sus efectos en los informes de fiscalización, de la siguiente forma, parágrafo 11:

El Tribunal de Cuentas de España  acaba de hacer público el Informe anual de la actividad fiscalizadora sobre la contratación del sector público donde las incidencias se han clasificado en muy significativas, significativas o leves (pág. 19) de acuerdo con los siguientes criterios:

Serán muy significativas las incidencias que supongan un incumplimiento sustancial de las normas, considerándose que los contratos no se adjudicaron a los mejores licitadores, o la existencia de un elevado riesgo de que tal cosa se hubiera producido. Serán significativas las que impliquen un incumplimiento importante de las normas, a pesar del cual se considera muy bajo el riesgo de que los contratos no se hayan adjudicado a los mejores licitadores. Serán leves las relativas a un error intrascendente y, con frecuencia, meramente formal, que no incide directa y negativamente en el nivel de competencia o de adjudicación a las mejores ofertas, pero sí han podido tener incidencia en el control de la contratación.