En el reciente Informe 194/2021 de la Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares se presentan los resultados de la fiscalización del control interno del sector público local de esa Comunidad y los reconocimientos extrajudiciales de crédito del ejercicio 2019. Su contenido arroja un interesante análisis, no tanto en el enfoque de las fiscalización de los reparos contrarios o del reconocimiento extrajudicial de créditos como en el  moderno análisis del control interno tal como lo define COSO y auditando su componentes: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión.

El trabajo ha pasado injustamente desapercibido para los estudiosos de la metodología del estudio del control interno y para los amantes de los enfoques modernos de la auditoría, donde dada vez tienen más valor el análisis integral  y menos el simple cumplimiento normativo. Veamos su contenido.

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) publicó el Marco Integrado de Control Interno y en 2013 presentó su versión actualizada. COSO incluye cinco componentes cuya presencia en cualquier organización permite determinar la existencia de un sistema efectivo de control interno. Estos integrantes están interrelacionados dentro del proceso de gestión de la entidad, proporcionando una referencia válida para evaluar el sistema de control interno.

Frente al clásico examen jurídico del control interno, destaca esta moderna aproximación COSO cada vez más frecuente en los informes de fiscalización.

La novísima NIA-ES 315 Revisada, que fue aprobada por el ICAC el 14 de octubre de 2021 y será aplicable a partir del próximo 1 de enero de 2023, entre sus numerosas novedades, además de remover el corazón digital de nuestros auditores, introduce la actualización y alineación con el marco COSO 2013 de todos los aspectos relativos al control interno, que define como “el sistema diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables».

A los efectos de las NIA, el sistema de control interno comprende cinco componentes interrelacionados, que derivan de la forma como la administración gestiona la entidad, están integrados en los procesos administrativos y se clasifican como:

• Entorno o ambiente de control: conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización.
• Evaluación de riesgos: proceso dinámico e iterativo de identificación y evaluación de los riesgos que amenazan los objetivos de la entidad. Se ha de tener en cuenta que la definición previa de estos objetivos es el primer paso.
• Actividad de control: acciones definidas mediante políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar la ejecución de las instrucciones de la dirección con la finalidad de mitigar los riesgos anteriores.
• Información y comunicación: proceso continuo capaz de proporcionar y compartir la información obtenida de la interrelación de todos los componentes, el cual ha de ser relevante y de calidad, y debe ir en todas las direcciones.
• Supervisión y seguimiento: evaluación del funcionamiento adecuado de cada uno de los componentes del control interno.

Conclusiones del trabajo

La Sindicatura realizó un análisis por tipo de entidad, islas y tramos poblacionales de los componentes de citados. Sus conclusiones han podido ser presentadas  dentro del curso que organiza en Palma durante estos días 9 y 11 de mayo el INAP con el Cabildo Insular de Mallorca. Asistieron un importante grupo de interventores locales que también pudieron escuchar a José Ramón Chaves. Veamos las conclusiones.

Con respecto al entorno de control

• Las estructuras organizativas presentan debilidades importantes; así, el 40% no disponen de una relación de puestos de trabajo y un 80% afirma que existe una insuficiencia de recursos humanos destinados al control interno.
• El 48,5% de las EELL no dispone de una persona que ocupe el puesto de la Intervención con habilitación de carácter nacional.
• El 63% de los interventores afirman que su entidad local no tiene un Plan de formación actualizado y operativo.
• El nivel de procedimentación y de informatización de las actividades de control interno es bajo, así el 57% de las entidades no dispone de una guía, un manual o unas instrucciones de procedimiento, y un 87,7% de las entidades afirma no disponer de un software informático específico con el fin de desarrollar las tareas de control interno.

Con respecto a la evaluación de riesgos

• El 60,0% de las entidades no tiene establecidos objetivos relativos a las operaciones, la información y el cumplimiento. “Los objetivos son un elemento fundamental del sistema de control”.
• El 69,2% de las EELL no identifica, ni cuantifica ni diseña respuestas para mitigar los efectos de los riesgos asociados a los objetivos establecidos. “Sin esta evaluación no es posible diseñar un sistema de control interno efectivo”.

Con respecto a las actividades de control

• El 28% de las entidades locales no dispone de controles de autorización suficientes con respecto a operaciones de especial riesgo como son las siguientes: asientos directos en la contabilidad, disponibilidad de efectivo de las cuentas bancarias, baja de elementos del inmovilizado material, cancelación de derechos y registro de transacciones atípicas de las cuentas a cobrar.
• Un 58% de las entidades locales no ha valorado ni registrado el posible deterioro de su inmovilizado y el 29% no ha revisado la valoración de los saldos deudores con la finalidad de detectar posibles deterioros.
• Los controles financieros a posteriori son insuficientes, así el 68% de las entidades locales no previeron y, posteriormente, realizaron actuaciones de control financiero permanente. Con respecto a las entidades que tienen entes instrumentales, el 69% no ha previsto ni realizado auditorías de cuentas, y el 80% no ha realizado auditorías de cumplimiento u operativas.
• La salvaguarda de los activos es deficiente, dado que el 50% de las entidades locales señala que, en el ejercicio 2019, no se mantenía un inventario de bienes y derechos completo y actualizado. Esta debilidad también tiene consecuencias significativas sobre otro objetivo de control la entidad, como es la fiabilidad de la información económica.
• Los expedientes de contratación son el área de mayor riesgo, así la mayoría de acuerdos adoptados en contra de un reparo del órgano interventor y de expedientes con omisión de fiscalización previa, es consecuencia de expedientes de contratación.

Con respecto a la información y la comunicación

• La generación de información con la finalidad de planificar, ejecutar y supervisar las actividades de control es muy deficiente, vistos que un 77% de los interventores afirman no disponer de un plan anual de control financiero, el 68% afirma que no ha elaborado el informe resumen anual de los resultados del control interno del ejercicio 2019 y el 81% afirma que la entidad local no dispone de un plan de acción formalizado por el presidente.

Con respecto a la supervisión y el seguimiento

• La percepción de control de los órganos interventores resulta incoherente con respecto a la efectividad de sus sistemas de control, dado que sus estimaciones del 75% y del 83% de control sobre el presupuesto en un ejercicio y en un periodo de tres ejercicios consecutivos, respectivamente, no se corresponden con las respuestas del cuestionario, que describen debilidades generalizadas de los sistemas de control interno con respecto a su alcance, especialmente del control financiero, el nivel de procedimentación y la dotación de recursos humanos y materiales.
• El Pleno de las entidades locales no ha podido llevar a cabo un seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para mejorar la gestión económico-financiera, dado que el 81% de estos órganos no tuvo conocimiento del plan de acción, que ha de formalizar el presidente y determinar las medidas que se han de adoptar para subsanar las debilidades, las deficiencias, los errores y los incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe- resumen de la Intervención.