La crisis está dejando una larga resaca de análisis críticos con el gasto público. Todo está en revisión. Las Administraciones proponen reducir organismos y entidades o fusionando empresas públicas para ahorrar costes de estructura mejorar las actividades de control y para implantar actuaciones corporativas coordinadas.
Uno de los informes más conocidos es el Estudio del Sector Público de la Generalitat de Cataluña elaborado por un equipo de expertos que propone reducir los 245 organismos hasta 97: ¡suprimir 104!, considerando que otros 14 ya están en proceso de ser suprimidos. Para 23 proponen cambiar la figura jurídica y a 7 les cambiarían las funciones asignadas.
No dejo de reiterar la sorpresa por el silencio de los órganos de control para hacer esos diagnósticos del sector público. La letrada del Tribunal de Cuentas de España, Pilar Jiménez Rius lo resaltaba en un interesante artículo de la semana pasada en Expansión:
Los dirigentes y, como se dice ahora, los «agentes políticos» no han mencionado ni una sola vez durante estos años de crisis económica la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema de control del gasto público. Nadie ha mencionado al Tribunal de Cuentas ni a sus homólogos autonómicos. No se han preocupado de analizar si dichos organismos responsables del control del gasto están funcionando correctamente y cumpliendo la misión que constitucional, estatutaria o legalmente tienen atribuida, según los casos. ¿No es algo extraño? En otras palabras, se quiere reducir el gasto público y se proponen ciertas medidas (más o menos eficaces), pero nadie se ha parado a reflexionar si es necesario realizar un control más férreo y eficaz de dicho gasto.
Salvo casos aislados, los OCEX han estado fuera de este debate. Sin embargo, la prensa francesa se hace eco hoy de los gastos de seguridad ocasionados por los guardaespaldas de la República que realizan misiones no siempre justificadas para el Tribunal de Cuentas de Francia. Cuando el gobierno anunció una reducción en el estilo de vida de sus ministros y sus funcionarios, la Court des comptes auditó el Departamento de Protección de Personalidades (HPPD), compuesto por casi ochocientos oficiales responsables de proteger a los miembros del gobierno y personalidades políticas francesas y extranjeras.
El informe provisional de esa fiscalización (por lo tanto pendiente de alegaciones) reseñado en Le Figaro, se moja mucho y pide reducir el gasto de esa unidad de élite en lo que llama «tareas de confort».
Durante dos años, el Ministerio del Interior coordinó un comité ad hoc que debe emitir una opinión para decidir la concesión o la continuación de los servicios de guardaespaldas. A principios de 2009, el HPPD propone eliminar las protecciones de Ségolène Royal o François Bayrou (candidatos a la presidencia francesa, frente a Sarkozy) debido a una falta de amenazas reales. Según el Tribunal de Cuentas, el HPPD, a pesar de sus propuestas, acabó manteniendo estos dispositivos de seguridad. El Tribunal recomienda limitar las protecciones de los ex primeros ministros y ex ministros del Interior dentro del año después del cese en sus funciones, así como la eliminación de protecciones para los dignatarios extranjeros en visita privada en Francia.
Este debate sería impensable en España, como consecuencia de la amenaza terrorista, pero nos demuestra las enormes tensiones presupuestarias con las que debemos empezar a convivir. Recientemente, el presidente Sarkozy debió afrontar un informe de la Cour sobre “el delicado asunto de los desplazamientos oficiales en avión” y la cuestión de los gastos privados del Presidente. Se abordaba particularmente la cuestión de sus desplazamientos a título privado y los pequeños gastos de su vida diaria, que comentamos en su momento.
El Tribunal de Cuentas de España ha emitido hoy una nota de prensa sobre el informe que acaba de remitir al Congreso en relación con la contabilidad de los partidos que concurrieron a las elecciones europeas de junio de 2009. Incluye una recomendación relativa al uso de medios oficiales de transporte por Altos Cargos para asistir a actos de campaña electoral, como es el caso del avión Falcon que utiliza el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al objeto de solicitar que se regule su empleo.
El órgano fiscalizador hace esta sugerencia en un

Replica a Eduardo manostijeras Cancelar la respuesta