Los artículos 70 a 76 de la Constitución Política Brasileña determinan que cada Estado de la Unión dispondrá de un Tribunal de Contas de siete consejeros “con notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y financieros o de administración pública” y más de diez años de ejercicio profesional, aunque menor de 65 años de edad.
Los consejeros de los Tribunales de Cuentas de los 26 Estados brasileiros (más el DF y los seis Tribunales municipales) me permitieron asistir, la semana pasada en Curitiba-Brasil, a la asamblea bianual de su órgano representativo (Atricon) para elegir sus cargos directivos, aprobar sus cuentas y discutir variados asuntos, entre ellos la posición institucional ante la nueva normativa nacional que promueve el gobierno de Lula.
Los miembros de los tribunales votaron (por asentimiento) como presidente de la ATRICON al consejero Salomao Ribas, del TCE de Santa Catarina, doctorando por la Universidad de Salamanca y fiel seguidor de esta bitácora. Para dirigir el Instituto Rui Barbosa, entidad de los Tribunales dedicadas a la formación, investigación y divulgación de la fiscalización, los presidentes eligieron a su joven y prometedor colega del Tribunal de Cuentas de Tocantins, Severiano Costandrade.
A quienes apasiona su trabajo, como es mi mi caso, disfrutamos al consumir la última semana de vacaciones en acudir a un congreso y costearnos el viaje para compaginar la actividad profesional, la formación y los buenos amigos brasileiros. Así, tuve el gran honor de presenciar la extraordinaria organización de los debates de Atricon (no exenta de tensiones, como en cualquier asamblea multitudinaria) en todos sus puntos del orden del día, uno de los cuales era conceder a “tres hermanos europeos” el Colar de los Tribunales de Contas de Brasil. En esta ocasión, se otorgó a Hubert Weber, miembro austriaco del Tribunal de Cuentas Europeo, a Rafael Medina, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias y a este síndico-bloguero al que lees.
Al día siguiente, la delegación española, también integrada por el Conselleiro Maior de Galicia, Antonio López Díaz, intervenía en un panel internacional del Congreso bianual de los Tribunales de Cuentas Brasileños, en el que tuve el privilegio de participar en su edición de 2007 (Natal) y de 2005 (Gramado).
Lula, adorado
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva cuenta con una popularidad superior a ningún otro dirigente del mundo democrático. Un 80% de sus conciudadanos aprueban su gestión, en un escenario donde Brasil ha sido la primera de toda Latinoamérica en recuperarse tras la crisis económica global. Por eso, Lula ha entrado en la historia y cuenta ya con su propia película biográfica.
El filme, “O Filho do Brasil”, de Fábio Barreto, abrió durante la semana pasada el 42º Festival de Cine de Brasilia, aunque no entrará en el circuito comercial hasta enero de 2010. Dramatiza los primeros 35 años de la vida del presidente Lula, desde su nacimiento, en 1945, en medio del árido «sertón» pernambucano, hasta 1980, cuando era un sindicalista. “La historia del presidente es fantástica. La película tiene buenos actores, está bien producida, es una película emocionante. Creo que vosotros también vais emocionaros”, dijo el Ministro del Presupuesto, Paulo Bernardo.
Ya hemos recogido aquí algunos enfrentamientos de Lula con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), al que acusó, en reciente entrevista, de crear dificultades al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) al recomendar su paralización en razón de sus múltiples irregularidades.
Semanas atrás, Lula defendió un debate en torno a futuros cambios en los órganos de fiscalización y dijo que prepara un informe para mostrar algunos de sus «absurdos». «Se parte de la suposición de que todo el mundo es deshonesto hasta que se demuestra lo contrario. Las personas no tienen la dimensión de lo que significa paralizar una obra del país ¿Con qué derecho alguien para una obra durante nueve meses? ¿Cuál es el coste para el país, para el pueblo brasileño? Cuánto dejamos de ganar con aquella obra paralizada. Creo que eso va a tener que cambiar», dijo.
La oposición política no tardó en atacarle por hacer «apología de la corrupción». Las mayores irregularidades identificadas fueron sobreprecios, sobrefacturación, licitación irregular, falta de proyecto ejecutivo y problemas ambientales. En 2008, 153 obras fueron analizadas por el TCU y 48 fueron calificadas de obras con problemas graves que tuvieron recomendada su paralización.
El Tribunal de Cuentas “concomitante”.
El TCU fue creado en 1890, siendo Ministro de Hacienda Ruí Barbosa y en la actualidad realiza una fiscalización concomitante (simultanea) de las obras públicas. En su normativa reguladora, puede pedir paralizar las obras en curso.
El presidente del TCU, Ubiratan Aguiar, durante la inauguración del 25 Congreso de los Tribunales de Cuentas, criticó la posibilidad crear una cámara técnica para fiscalizar las acciones del tribunal. “Quiero creer que eso no será necesario. Si no dentro de poco va a haber el fiscalizador del fiscalizador del fiscalizador y eso no termina nunca”. Esto me suena a conocido.
La normativa que se discute en la cámara federal brasileña pretende la creación del Consejo Nacional de Tribunales de Cuentas y regular de manera “armónica” el proceso fiscalizador de los Tribunales de los Estados, los cuales enfatizaron su apoyo al “eficiente, concomitante y transparente” trabajo de fiscalización de obras públicas federales que viene siendo realizado por el TCU, que es un modelo de actuación para los variados Tribunales brasileños. También se aprobó, como es habitual en estos Congresos, la Carta de Curitiba, de la que hablaremos en una próxima entrada.
Mejores proyectos de obras
La Gazeta do Pobo (Paraná) dedicaba, durante el congreso, un atinado editorial al asunto, titulando “Tarea incomprendida”:
La estructura del TCU, sin embargo, no es suficiente para que el órgano cumpla plenamente su papel. De entre las 2.446 acciones del PAC de este año, ha fiscalizado 99 (un 3,9% del total) y pidió la suspensión sólo de 13. Es más una acción de control por muestreo que una fiscalización propiamente dicta. Aun así, esa actuación es extremadamente necesaria para cohibir tanto las desviaciones presupuestarias como la mala gestión de las obras. Y este es justamente el mayor problema de las obras del PAC…
Mejorar la calidad de los proyectos, obras y servicios de ingeniería y arquitectura y, así, evitar un mal empleo del dinero público en construcciones mal terminadas o inacabadas; fue el compromiso asumido por los presidentes de Atricon, del Instituto Brasileño de Auditoría en Obras Públicas (Ibraop) y del Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (Confea) formalizado durante el 25º Congreso de los Tribunales de Cuentas de Brasil.
Uno de los principales objetivos del acuerdo es garantizar que los gestores respeten la ley brasileña que cuida de la planificación necesaria antes de iniciar una obra pública. “El principal desafío es cambiar la cultura política del país, enseñando a los gestores públicos que el éxito de una obra depende de ciertas etapas iniciales”, dijo el senador Jefferson Praia.
Como en España, la Ley de Licitaciones especifica el llamado Proyecto Básico: un conjunto de trazados, memorias descriptivas, detalles técnicos, presupuestos, cronogramas y otros ítems necesarios antes de la fase de ejecución de una obra. “No es atropellando las leyes y las normas que tendremos un Brasil mejor, sólo que muchas veces el alcalde asume el mandato sin conocer tramos importantes de esa legislación específica”, alertó Praia.
Más ejemplos
En las obras públicas brasileñas encontramos, con la misma frecuencia que en España, abundantes reformados (aditivos) y aumentos de precios (apostilamentos) que son criticados con tanta frecuencia por los Tribunales de Cuentas de influencia latina.
La propia Gazeta do Pobo destacaba la noticia del embargo, por parte del TCU, de los bienes de cinco funcionarios del Departamento Nacional de Infraestructuras de Transportes (DNIT) en la delegación de Paraná, encargados de la construcción de autovías federales. Las irregularidades, que se evaluaron en 8.8 millones de reales (casi tres millones de euros), se basaban en el favorecimiento a determinadas empresas, mediante la dispensa de licitaciones en contratos de obras, sobre la base de emergencias, que como en España, sólo se admiten de manera muy restrictiva, a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro. Una denuncia anónima, que no suele aceptarse, alertó al Tribunal, que así lo concluye:
El extenso y minucioso informe elaborado por el equipo matricial de auditores de este Tribunal denota fuertes indicios de acción mancomunada entre los funcionarios de la unidad regional y las empresas contratadas …
En fin, que seguiremos de cerca las tormentosas relaciones entre el Gobierno brasileño y sus Tribunales de Cuentas; por otra parte, algo habitual en la fiscalización de las obras públicas, en todo el mundo.
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