Más control para la obra pública

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Cinco Días, 31 de octubre de 2009

Hace veinte siglos, Marco Vitrubio Polión, describió la arquitectura del imperio romano compuesta de cuatro elementos: el orden (relación de cada parte con su uso), la disposición (“el trazado en planta, en alzado y en perspectiva”), la proporción (“Concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros”) y la oikonomía (“procurar el menor coste de la obra conseguido de un modo racional y ponderado”).

Esta última y sencilla afirmación del único texto clásico que nos ha llegado (De Architectura,) sobre construcción romana -seguramente no el mejor de su época- es suficiente para recordar que los problemas siguen siendo los mismos, tras siglos de historia.

Pues bien, Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó remitir al Congreso el proyecto de ley de captación de financiación por los concesionarios de obras públicas, que, entre otras novedades, establece un nivel mínimo de solvencia financiera para poder optar a un contrato de concesión y limitará la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse al 90% de la inversión total prevista en la obra.

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó tras la reunión, la intención del Ejecutivo de adoptar nuevas medidas de control contra el fraude, mediante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para reforzar el control de los contratos de obra pública y potenciar así la lucha contra la corrupción urbanística.

La citada reforma exigirá a todos los contratos a largo plazo, la autorización del Pleno. La correspondiente oposición municipal podrán ejercer su función política y solicitar las aclaraciones sobre el desarrollo de los proyectos, concesiones, servicios u obras públicas.

El asunto, pone de relieve la gran preocupación de todas las instituciones por la licitación de obra pública. También por la transparencia, aunque siempre quedará la represión penal de las comisiones ilegales. Recuerden aquello de “ustedes tienen un problema y es el 3%” que nos dejó la impresión de que hablaban para iniciados y que ninguna formación parlamentaria decía todo lo que sabía sobre el asunto.

Ahora, los dos grandes partidos aseguran que promoverán el consenso para mejorar la legislación, afectando al Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos, la Ley de Bases de Régimen Local y la del Tribunal de Cuentas, entre otras. En Cataluña, la Oficina Antifrau tiene una unidad de análisis que está alerta para detectar posibles casos de corrupción, por ejemplo en operaciones en las que participan empresas con distintos nombres pero de una misma persona, y puede pedir que se pare un procedimiento.

Recuerda el diario ABC que el último gran cambio legislativo, de mayo de 2007, pretendió que los convenios urbanísticos, la adquisición de bienes y derechos por valor superior al 10% del presupuesto municipal y las permutas de parcelas y edificios fuesen competencia del Pleno. “Pero la experiencia ha demostrado que no fue suficiente” dice el artículista. El Gobierno entiende que debe ser incorporado a Internet e introducir una explicación pública de por qué un suelo pasa de ser rústico a urbanizable, y que toda modificación presupuestaria de una contrata o adjudicación sea autorizada por el pleno.

En China, todo es posible

Plural: 3 comentarios en “Más control para la obra pública”

  1. El diario Expansión de hoy se hace eco de la siguiente noticia:
    Obra pública bajo la lupa europea

    Las llamadas ‘bajas temerarias’ en obra pública, consistentes en acudir a los concursos de la Administración con ofertas muy inferiores al precio base de licitación para elevar las posibilidades de triunfo, pueden convertirse en una praxis mucho más arriesgada en el futuro.

    Hasta ahora no lo es tanto gracias a que la Ley de Contratos del Estado permite a las empresas pedir una revisión al alza del presupuesto adjudicado para hacer frente a los ‘imprevistos’ y compensar así la falta de rentabilidad inicial. Pero esa práctica no agrada en Europa, por lo que podría tener los días contados. Bruselas reclama al Gobierno español que convoque una nueva licitación en aquellos proyectos que precisen de revisión presupuestaria.

    De consumarse, las pretensiones de Bruselas trastocarían los esquemas de contratación en España, lo que no tiene por qué ser necesariamente malo. Es cierto que, al obligar a los aspirantes a hilar más fino en la elaboración de sus propuestas y en los costes, los plazos de ejecución podrían dilatarse, pero el estrechamiento del margen para efectuar ofertas demasiado a la baja tendría otros efectos beneficiosos.

    De un lado, ayudaría a primar los aspectos técnicos sobre los económicos, y de otro, a equilibrar la competencia en el sector, ahora condicionada por la posibilidad de presentar ofertas con teóricas rebajas de entre el 20% y, en algunos casos, hasta el 40%. Al final, lo aparentemente barato puede acabar saliendo muy caro.

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