El titular de la contraportada que presenta el diario El Economista ofrece una perspectiva bastante negativa de la investigación universitaria. Supone una crítica fácil y superficial, a la que estamos habituados.
Es cierto que sólo un 12% de las patentes españolas se obtienen en la Universidad (ver ibercampus) según el informe de la RedOTRI: «las spin-off sigue siendo una vía de transferencia de conocimiento que precisa de mayor desarrollo legislativo a nivel general y una mejor organización a nivel institucional para que pueda desarrollarse adecuadamente”.
Hoy también encontramos en la prensa otras noticias relacionadas con el mundo de la financiación de la ciencia en España. Por un lado El País, avanza que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha decidido incluir nuevas convocatorias dentro del paquete de 490 millones de euros asignados para actuaciones de I+D+i en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E) que incluye:
Una nueva Ley de Ciencia y Tecnología.
Tras 22 años de vigencia. El nuevo marco regulatorio quiere adaptarse a las nuevas necesidades del sistema de I+D+i: aumentar la colaboración con el sector empresarial; mejorar los mecanismos de transferencia de los resultados de la investigación; reforzar la relación con las Comunidades Autónomas y aumentar la presencia de España en el Espacio Europeo de Investigación. Además, declara la intención de “simplificar procedimientos” y, por último, regular el desarrollo profesional del personal de investigación, facilitando la movilidad.
La Estrategia Universidad 2015
Como iniciativa que busca la modernización de las universidades españolas mediante diversas medidas. Además, pretende “mejorar la gobernanza de las universidades, disminuyendo la burocratización, actualizando los sistemas de control y seguimiento y permitiendo que las universidades desarrollen plenamente su autonomía”. Los que sabemos leer entre líneas ya hemos captado el mensaje. Algo que yo interpreto como esto (por orden de aparición y colores): más poder para el rector, normas especiales de contratación administrativa de la I+D, suprimiendo definitivamente la fiscalización previa y, por último, reduciendo las competencias de los Consejos Sociales«
La Reforma de las Instituciones de Investigación Pública.
En este apartado, el Ministerio es mucho menos concreto y declara esta línea estratégica en estudio manifestando que “Se llevará a cabo una reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) españoles para homogeneizar su naturaleza jurídica y mejorar la coordinación entre sus áreas comunes de actuación, potenciando las sinergias entre ellas”. Sin embargo, hace un guiño al personal investigador y el desarrollo de sus carreras “para hacerlas más homogéneas y atractivas”.
Mientras tanto continúa el debate (ver foro) sobre el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador.
OBAMA
En víspera de un día histórico, no podemos terminar esta entrada sin hablar de Obama, por el que ya manifestamos nuestra esperanza en esta bitácora. Pues bien, Cesar Nombela expone, también hoy en Expansión, el entusiasmo que despierta el presidente electo norteamericano entre los investigadores y científicos de su país, muchos de los cuales le apoyaron en la campaña electoral. Hace unos días, Obama afirmaba que la ciencia sería una prioridad nacional.
Sin embargo, recuerda Nombela que se aproximan etapas de incertidumbre, también para la actividad de I+D en el mundo: En EEUU, “¿será posible aumentar sustancialmente el presupuesto público de I+D, en un país que soporta un enorme déficit público, sostenido gracias a la inversión externa?”


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