Tribunales de Cuentas de Brasil (I)

 

Esperando a la inauguración con las banderas de los Estados de Brasil

Cada vez es más frecuente que los españoles dividamos nuestras vacaciones, dejando para el otoño o el invierno una parte de los reglamentarios días de descanso. Yo lo hago todos los años. Tengo muchas y buenas razones: los vuelos baratos fuera de temporada, el frió invernal de las regiones del norte o, simplemente, el exceso que supone tomar un mes entero de veraneo.

Todo ello hace preferible una escapada en estas fechas. Yo suelo emplear mis ahorros en irme a Brasil. Intento hacerlo coincidir con algún congreso donde saludar a tantos amigos consejeros y auditores de los Tribunales de Cuentas de Brasil y practicar el portugués (no encontrareis dietas ni gastos en la página de los viajes del síndico). Este año, se celebra el 50 aniversario del Tribunal de Cuentas de Río Grande do Norte (capital: Natal) y, con tal motivo, organizan la 24 reunión del sistema de control público brasileño que, como sabeis, tiene 26 Estados (más el DF) y por tanto otros tantos tribunales de siete miembros cada uno. A ellos hay que sumarle algunos tribunales municipales (Rio, Sao Paulo, Salvador, Pará) de siete miembros también.

Hace dos años, asistí en el Estado de Rio Grande do Sul (capital: Portoalegre) a la 23 reunión. Un millar de asistentes. No hace falta que os diga la dificultad de organizar un evento así. Diez autocares para mover los congresistas y un salón enorme. Casi nada. En 2005, presenté una ponencia titulada “Auditoria social e informação de sustentabilidade”. Este año, hablaremos de «Transparência e controle social«. Ya os contaré.

La importancia de los Tribunales de Cuentas en Brasil queda patente con su principal competencia: aprobar las cuentas de las Entidades Públicas. Es una aprobación técnica, no política. En España estamos acostumbrados a esta última faceta, por ejemplo, cuando los plenos de los ayuntamientos aprueban (o no) las cuentas municipales. Pero este es un acto político que responde a las mayorías de gobierno y a la aprobación de la gestión. A diferencia de los administradores de las sociedades anónimas, que deben (todos) formular y firmar las cuentas anuales, con la responsabilidad que comporta, los concejales, por ejemplo, solo tienen responsabilidad política ante irregularidades o fraudes en las cuentas que aprueben.

Los Tribunales de Cuentas de nuestro continente emiten una opinión, mediante técnicas de auditoría, sobre la fiabilidad de información financiera que contienen las cuentas públicas. Los Parlamentos (y la opinión pública) valoran políticamente esos informes y salvo que de ellos se concluya malversación o falta de justificación de fondos, no se inician procesos de responsabilidad contable, competencia reservada en España para el Tribunal de Cuentas.

En Brasil, las cuentas públicas deben ser aprobadas por los Tribunales de Cuentas de cada Estado (las del Gobierno federal, por el Tribunal de Cuentas de la Unión) y para ello, instruyen un expediente de tipo judicial, con importante intervención del ministerio fiscal, y concluyen con un pronunciamiento expreso, como las sentencias. El gestor que no ve aprobadas sus cuentas por el Tribunal no puede ser candidato en ningún tipo de elecciones, lo que supone un importante acicate para el cumplimiento de la legalidad financiera. Es cierto que los sucesivos recursos jurisdiccionales pueden suspender y retrasar este reproche, pero tarde o temprano adquirirá firmeza. Esta es la verdadera competencia y responsabilidad de los Tribunales de Cuentas en Brasil, aunque también realizan multitud de auditorías operativas y medioambientales.

La Ley de Responsabilidad Fiscal, del 2001, similar a nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su lucha contra el endeudamiento y el déficit público, atribuyó a los Tribunales de Cuentas de los Estados brasileños, la obligatoriedad de elevar un informe trimestral sobre la deuda y los gastos de personal. Téngase en cuenta que en Brasil las administraciones no pueden gastar en las retribuciones del personal más del 60% del presupuesto (varía según la Entidad) .

Estos órganos de control se consideran en la vanguardia de la lucha contra la corrupción. El propio Banco Interamericano de Desarrollo lo propicia patrocinando con 64 millones de dólares un plan de modernización para el periodo 2006-2008, con amplios programas de formación para varios miles de funcionarios de los Tribunales.

Para ir al mercado nada mejor que las esposas de los consejeros. Abajo, pintada publicitaria electoral. Los brasileños votan desde hace años a través de una urna electrónica y los candidatos difunden su código. Fabio ha tenido suerte y le ha correspondido un número muy fácil.

Abajo, el ejercito brasileño realiza muchas obras públicas, como la autopista federal que comunicará toda la costa brasileña.