Esta semana se celebra la creación por Napoleón, hace 200 años del Tribunal de Cuentas de Francia. Con ocasión del evento, el Presidente Sarkozy, recién llegado del Chad con las azafatas españolas, visitó la sede y pronunció un interesante y directo discurso, donde recordó que el control del dinero público «no es sólo una exigencia técnica, sino moral», apelando a la ética republicana. He aquí la segunda parte del discurso, una exposición sin desperdicio:
La comisión de reforma de las instituciones presidida por Eduard Balladur propone que todos los poderes constitucionales estén sometidos al control de la Corte. Haré mía esta proposición porque necesitamos que la democracia sea irreprochable y porque la opacidad engendra siempre la sospecha y el descrédito. Qué se me comprenda bien: no se trata de arrojar la sospecha sobre la gran mayoría de los funcionarios, sobre su honradez, sobre su competencia, sobre su devoción. Al contrario, se trata de devolverles su dignidad, de hacerles insospechables, de preservar su honor.
A menudo tengo la oportunidad de decir que no me gusta la manera en la que se habla de los funcionarios en mi país y que es profundamente injusto hacerles responsables de las disfunciones del Estado, de su inmovilismo, de sus despilfarros que son imputables sólo a comportamientos, a elecciones políticas. Así como es profundamente injusto de hacer soportar a todos los funcionarios el peso de las culpas y de los errores de algunos de ellos.
Es la injusticia que quiero combatir. Un control más riguroso, una evaluación más sistemática, una mayor responsabilidad, de la cual ninguno debe ser sustraído, permitirán no sólo ahorrar para reducir nuestro déficit y nuestra deuda, sino también de restablecer el prestigio de nuestra función pública y de restaurar la autoridad del Estado que padece de todas las culpas y los errores que han sido cometidos en su nombre.
El despilfarro y el fraude destruyen el civismo y la confianza del ciudadano en el Estado y en los que le sirven. Menos despilfarro, menos fraude, esto es: más civismo, más confianza en la República y en la democracia, más respeto a los funcionarios. La lucha contra el fraude quiero sea una prioridad. Se lo prometí a los franceses. Esta promesa me obliga. Cada responsable de un servicio público, de una administración, deberá presentar un plan de lucha contra el fraude.
Pediré cuentas sobre los resultados obtenidos a cada Ministro, a cada Director de Administración central, a cada dirigente de establecimiento público. Quiero que cada uno se sienta concernido, implicado, responsable. Quiero que cada uno sepa que será juzgado también por este criterio. Lo repito: ni siquiera la organización y los procedimientos deben ser reformados para que sea resuelta la crisis de nuestra democracia y para que nuestro Estado y nuestra función pública recobren la confianza de los ciudadanos. Son los mismos principios de nuestra gestión pública los que deben ser refundados.
Esta revolución intelectual y moral tiene vocación de ser el brazo armado. Estoy convencido que no resolveremos nada, que no sanearemos la situación de nuestras finanzas públicas, que no reduciremos duraderamente nuestro déficit y nuestra deuda a través de políticas de austeridad. A los que creen sólo en la virtud de las políticas de sacrificio, quiero decir que los franceses no dejan de hacer en vano sacrificios considerables desde hace 25 años. A los que quieren dar prioridad a la reducción del déficit en lugar de dar la prioridad a las reformas, quiero decir que confunden las consecuencias y las causas y que son estas reformas las que reducen el déficit.
A los que reclaman políticas contables yo les digo que Francia necesita políticas económicas, no políticas contables. Les digo que el racionamiento presupuestario del gasto trae desorden al Estado, aumenta los despilfarros y agrava el déficit en lugar de reducirlo. Les digo que el racionamiento es una mala política y que la buena política es procurar aumentar la eficacia del gasto. El caso es que el Estado consuma menos pero que invierta más. El caso es que el gasto público sea considerado más hacia el futuro y menos hacia el pasado. Debe ser el papel del Tribunal de Cuentas ayudar al Estado a gastar mejor. Debe ser el papel del Tribunal de Cuentas iluminar las elecciones públicas para que el gasto público siempre sea más eficaz.
En unas décadas, el Tribunal de Cuentas ha cambiado mucho. Bajo el impulso de sus predecesores y más todavía bajo el suyo, querido Philippe Séguin, se volvió más reactiva, más operativa. Como prueba: la rapidez y la eficacia con la que aceptó el desafío de la certificación. Ya no estamos en la época en la que cada magistrado de la Corte trabajaba como si perteneciese a una profesión liberal, donde los magistrados compraban su puesto y se lo transmitían a sus hijos.
La Corte, en lo sucesivo, será una institución moderna que concentra las más grandes competencias y los talentos más diversos y más notables. Su estatuto judicial y su colegialidad le dan una independencia preciosa para el cumplimiento de todas sus misiones. Conozco los debates recurrentes alrededor de su papel. Conozco la entrega siempre renovada por su estatuto, por su independencia y por su posicionamiento. Un día se quiere cortarla en dos, separar la dimensión judicial y las funciones de peritaje, de evaluación, de certificación. Otro día se quiere crearle competidores, multiplicar los organismos de evaluación. Otra vez nos decimos que podríamos suprimirla o retirarle una parte de sus misiones.
Por lo que a mi concierne, considero que estos debates están cerrados, que los miembros de la Corte continuarán siendo magistrados, que ni su independencia ni su posición, ni sus misiones deben ser alterados. La Corte guardará su estatuto y su unidad. Continuará aportándo su concurso al Parlamento en su misión de control del ejecutivo. Usted me envió, Señor Présidente, un anteproyecto de texto que pretende reformar la Corte de Disciplina Presupuestaria y financiera, y le agradezco tanto por eso las proposiciones que contiene son estimulantes e innovadoras. Sepa que van en la buena dirección. Apruebo los principios y las grandes líneas.
Servirá para alimentar una reforma más amplia, en la cual pedí al gobierno trabajar. Afectará, por fin, a los principios de nuestra contabilidad pública, al control y a la puesta en juego de la responsabilidad de los ordenadores de gasto, al control de legalidad y a los poderes y a la organización de la jurisdicción financiera. Debemos refundar el Tribunal de Cuentas a partir de lo que la historia y la experiencia legaron. El mensaje que quiero mandar hoy es simple. No quiero atenuar la independencia del Tribunal de Cuentas, quiero preservarla. No quiero reducir las prerrogativas del Tribunal de Cuentas, quiero aumentarlas. No quiero disminuir las competencias del Tribunal de Cuentas, quiero aumentarlas. No quiero que tenga menos poder, quiero que tenga más. No quiero debilitar sus medios, quiero reforzarlos.
Quiero que la Corte permanezca como una jurisdicción porque es su fuerza y su originalidad, y que al mismo tiempo se haga el gran organismo de auditoría y de evaluación de las políticas públicas que nuestro Estado necesita. Tal función exige medios. Las condiciones en que trabajan los magistrados de la Corte no favorecen su eficacia. En este punto, todavía se está a mitad de camino entre la modernidad y los tiempos remotos. La Corte innovó en su reclutamiento para aceptar el desafío de la certificación. Deberá todavía innovar más sin duda. Le invito, Señor Présidente, a comprometer una reflexión colectiva sobre lo que podrían ser los poderes, los medios necesarios y la organización para que este gran organismo de auditoría pública, que Francia necesita, pueda ver la luz y funcionar reforzado. Deseo que usted me haga parte de su conclusiones en el plazo de tres meses.
He venido a invitarles a la audacia. Porque es audacia lo que necesitamos para hacer las reformas que sus informes muestran. Es audacia lo que necesitamos para modernizar nuestra administración, para innovar, para rehacer del Estado: la palanca del cambio, el agente principal del progreso que tan a menudo fue en nuestra historia y no el factor de inmovilismo y de conservadurismo en que acabó por convertirse. Tengan audacia y ustedes tendrán los medios que esta audacia reclama. Me comprometo a ello. Tengan audacia e impulsarán una revolución administrativa sin precedentes.
El Tribunal de Cuentas tiene doscientos años. Es poca edad para una institución, en un país que conoció ocho Constituciones entre las que estuvieron dos Imperios, dos monarquías, cuatro Repúblicas, sin contar el régimen de Vichy. Esta longevidad se la debe a la calidad de los hombres y de las mujeres que le sirvieron, a su alto valor intelectual y moral, a su pasión con buen fin público. Supieron hacerla indispensable para el Estado. El Tribunal de Cuentas tiene doscientos años y todavía una tarea inmensa por cumplir. Tiene doscientos años y comienza una nueva juventud. Tiene doscientos años y todo el futuro por delante. Vamos a edificarlo juntos. Gracias.
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