El día 24 de Mayo se presentó, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, el informe Global sobre la Corrupción 2007, elaborado por Transparencia Internacional que recoge una visión sobre la corrupción, tanto desde un punto de vista mundial como en un conjunto significativo de países.
La edición de este año cuenta con una referencia especial a la corrupción en los sistemas judiciales. Además, se ha analizado con especial detalle, el estudio específico sobre la corrupción judicial en España. El Informe ofrece todos los años un tema clave. En 2006, analizó sector de la salud y, en 2005, el sector de la construcción. No es un trabajo cualquiera. Se analiza con detalle en congresos, soctorados y por la prensa especializada.
Un producto muy esperado de Transparencia Internacional es el llamado Índice de Percepción de la Corrupción, que se elabora en todo el mundo, y donde 0 supone la máxima corrupción y 10, máxima transparencia. El índice se confecciona a partir de las respuestas de empresarios y analistas de los distintos países. En el gráfico inicial el color de los países va del amarillo y claro (+ transparencia) al rojo y oscuro (+ corrupto).
En la lista de esos 178 países, España ocupa la posición 28, con una puntuación de 6.8. Desde el año 2000 su puntuación era 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. El catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria Mendieta, que ha sido el autor del informe como miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional, atribuye este empeoramiento a los escándalos de corrupción urbanística que se han destapado durante los últimos meses.
Un aspecto preocupante es que los ciudadanos, en una escala del 1 al 5, otorgan a los partidos políticos un nivel de corrupción del 3,9, cinco décimas más que en el 2005. Las empresas y el mundo de los negocios han pasado del 3,3 al 3,7, y los organismos encargados de los registros y los permisos administrativos han subido del 2,8 al 3,4.Así, dos de cada tres encuestados estiman que los partidos son bastante o extremadamente corruptos mientras que el 54% piensa lo mismo de las empresas. El resto de estamentos, incluidos los medios de comunicación, Hacienda, la policía o el ejército, obtienen porcentajes mucho más bajos, que no llegan al 50%.
La preocupación de los españoles por la corrupción en comparación con otros problemas ha seguido siendo relativamente baja en estos últimos años. El gráfico siguiente refleja la evolución mensual del porcentaje de quienes mencionaban la corrupción como uno de los tres principales problemas del país desde enero de 2002 a octubre de 2006 (porcentaje en decenas).
¿Cómo es posible que los ciudadanos piensen que existe mucha corrupción y les preocupe tan poco? Para Villoria la respuesta es sencilla: consideran que la corrupción afecta poco a su vida personal y familiar y, aunque piensen que afecta bastante al entorno de los negocios y a la vida política, “ni en el caso de la economía, ni en el de la política, se observan datos preocupantes en el panorama nacional”.España es uno de los 3 países de Europa donde los ciudadanos dan una puntuación más alta la gobierno en sus actividades de lucha contra la corrupción. Para Villoria «el gobierno ha reaccionado y ello ha tenido su impacto. No obstante, todavía cerca del 60% están insatisfechos con la respuesta gubernamental. En suma, hay que seguir trabajando».
¿Corrupción judicial?
Para el informe, con los datos en la mano, en España no existe corrupción judicial, por la inamovilidad y los sistemas selectivos de mérito. También por la protección constitucional y legal de su independencia e imparcialidad o por la existencia de un sistema muy riguroso de incompatibilidades y de prevención o gestión de los conflictos de interés.
Desaparecidas, gracias a los programas informáticos, las “astillas” para retrasar o agilizar trámites, considera excepcionales los casos de voluntaria pérdida de la imparcialidad judicial a cambio de un soborno. Sin embargo, para Villoria existe una cierta condescendencia de los propios jueces hacia sus compañeros cuando se trata de juzgarlos y sancionarlos.
Mención aparte merece al informe los supuestos de influencia política sobre los órganos de gobierno judicial, cuya composición puede facilitar la presión de quienes les nombraron, para que actúen con criterios partidistas en los asuntos disciplinarios, de nombramientos, ascensos y traslados. En España, dice Villoria, no puede decirse que se consiga menoscabar la independencia de los jueces, que “la aceptación de las presiones partidistas, si existen, son voluntarias y no fruto de un temor por su puesto”.
Las recomendaciones que propone para mejorar el sistema son valientes y lúcidas:
Primero, despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y reforzar la figura del amparo ante él, cuando un juez se sienta presionado políticamente. Después potenciar los medios del servicio de inspección y otorgarle la máxima independencia.
Por último, adoptar políticas de calidad, con sus correspondientes cartas de servicios, oficinas de quejas, acreditaciones o índices, buscando un justo y objetivo sistema de evaluación del rendimiento que permita discriminar en los ascensos y en las retribuciones. Hablaremos de ello en una próxima entrada.
Este artículo, sin enlaces, fue publicado en el diario La Nueva España, el 13 de junio de 2007, festividad de San Antonio.
Fiscalizacion.es 
A tenor de lo dicho, demuestra que son nuestros partidos y sus dirigentes los que ensucian todo. No se puede hacer nada para frenar sus pretensiones económicas particulares y grupales. Consiento permitirles parte de la erótica del poder, pero nada más.
Estoy completamente de acuerdo en que no se nombre a nadie más a dedo en el Consejo General del Poder Judicial o cualquier otro órgano y se impida asimismo la generación y nombramiento de más cargos de confianza.
¡Qué podredumbre!. En este caso son aplicables las cuatro acepciones que nos da el Diccionario de la RAE.
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¿Siempre nos quedará Groenlandia?
Personalmente creo que no se debe generalizar esa desconfianza. Nuestro Estado de Derecho tiene suficientes mecanismos de defensa. Considero más problemática la falta de afiliación de los jóvenes, que se abstienen en su mayoría a pesar de que hay suficientes partidos en el espectro. Y como no hay renovación, la sangre azul institucional degenera como la hemofilia de las viejas monarquías.
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Ese experto dirá lo que quiera, pero los votantes de esta C.A. ayer premiaron a los imputados por corrupción, lo que, a mi ver, supone un acicate para aumentarla
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De la lectura de este acertado comentario analítico me ha resultado de mayor interés la pregunta que el propio autor, Antonio Arias, se hace ¿Cómo es posible que los ciudadanos piensen que existe mucha corrupción y les preocupe tan poco?, y ello porque, si bien yo ya me la había planteado en algunas ocasiones, en la noche de ayer y en la mañana de hoy me ha asaltado a cada momento dados los resultados electorales de ámbito local y regional producidos en la jornada de ayer.
Se ha evidenciado en estos comicios que no sólo a los ciudadanos españoles les «preocupa tan poco la corrupción» sino que «premian» con su voto -uno de los símbolos activos más significativos de la democracia- a aquellos políticos y gestores municipales y regionales que con mayor contumacia, sin ningún síntoma de arrepentimiento, y con más de un alarde público y notorio de sus actividades, “pasean” su actividad delictiva por el territorio nacional.
Así, podemos encontrarnos con algunos ejemplos, como el caso Fabra, en el que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se encuentra imputado por delito fiscal además de haber cuadriplicado sospechosamente su patrimonio en cinco años. O el supuesto de su número dos, Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón, que registró como donaciones 13 fincas estos últimos años en su pueblo, Vall d’Alba, del que es alcalde por el PP y mantiene los ocho concejales que tuvo en el anterior mandato.
Tampoco los votantes ha tomado en consideración la corrupción en Orihuela, donde el anterior alcalde, José Manuel Medina, tiene 16 causas abiertas en los juzgados y ha estado utilizando un Rolls y un chalé de un promotor beneficiado en operaciones urbanísticas en el municipio. Otro tanto ha ocurrido en Torrevieja, donde su alcalde, el popular Pedro Hernández Mateo, que lo es desde 1987, está imputado por una causa de tráfico de influencias y apenas ha visto menguado su poder municipal en un concejal, aunque mantendrá la mayoría absoluta en el próximo mandato. O en Alicante, donde su alcalde, Luis Díaz Alperi, está imputado en dos causas por el desfalco de seis millones de euros en Mercalicante y trato de favor al contratista Enrique Ortiz en tres aparcamientos subterráneos.
Y así podríamos continuar con una enumeración larga y bochornosa que no hace sino incidir en la pregunta de nuestro atento articulista, y ampliarla hacia otras más, ¿Nuestra democracia necesita un revulsivo? ¿El ciudadano no tiene información veraz y contrastada del cómo de la actuación de los políticos? ¿Nuestra justicia es lenta, ciega, y partidista con este tipo de actuaciones? ¿El ejercicio de responsabilidades en vía administrativa, tanto de índole disciplinario como patrimonial, ha quedado en el olvido?…
No soy pesimista, soy un demócrata decepcionado con sus conciudadanos.
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Hace pocos días, el profesor Sosa Wagner nos ilustraba desde las páginas de “El Mundo”, sobre el sistema de elección de los alcaldes en Alemania, calificada de “sugerente experiencia”, que –al parecer- permite que el gobierno municipal recaiga en personas procedentes de ámbitos profesionales, sin relación con los partidos políticos, vinculación partidaria que –cuando existe- se considera como un demérito para el candidato, que los electores castigan. ¿Hasta ese punto ha llegado el descrédito de la clase política? Sin embargo, es notorio que nada puede sustituirla, salvo otra nueva, que previsiblemente incurriría en similares comportamientos. ¿No estará ocurriendo aquí algo parecido, pero –a diferencia de lo que hacen los alemanes- sin ningún intento de solución?
No es difícil buscar y encontrar la fuente de la corrupción en España: basta con recorrer el camino de baldosas doradas que une las arcas públicas con las finanzas de los partidos y con algún que otro patrimonio particular, camino poco transitado, ni siquiera por los OCEX. ¿Y los jueces? Es cierto que los jueces de primera instancia –hasta que no se demuestre lo contrario- son de una integridad ejemplar, propiciada –como se indica en el Informe de “Transparencia internacional”- por una normativa orgánica que protege su independencia (al menos, frente al “palo”, no tanto frente a la “zanahoria”), pero la valoración no puede ser la misma a medida que se asciende en el organigrama judicial, hasta llegar a su órgano de gobierno, del que no merece la pena escribir nada serio, porque veinte años de intromisión política en su composición y funcionamiento lo han convertido en algo así como la Comisión Nacional del Hormigón, sólo que muchísimo más caro, inútil y con un nombre menos gracioso.
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La culpa de todo, sin duda, la tiene la realidad, terca ella, de la que cada uno de nosotros formamos una parte importante.
En cualquier caso, no me atrevería a decepcionarme con mis conciudadanos por razón de lo que deciden votar.
Se supone que entras en una tienda, miras dos, tres, cuatro televisores … cada cual con cosas mejores y peores que los otros, y te quedas con el que más te convence en su conjunto.
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Pingback: Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización » Blog Archive » Transparencia Municipal
Querido Antonio:
Te feicito por tu blog y me gustaría poner un ink de tu blog en nuestra plataforma del Sector Público Local.
Muchas Gracias
Un cordial saludo
Ana Yuncal
Directora General
http://www.elconcejal.com
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Circuló en muchos medios periodísticos el escándalo del Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Angel O Sala que conducía borracho, atropelló a un policía y fue detenido por varios patrulleros. Pese a la intervención de un Juzgado Correccional, NO LE HICIERON NADA, ni una sanción disciplinaria: ¿Por qué?. Se identifica con el KIRCHNERISMO. Esto se publicó en internet:
Borracho, un juez protagonizó un escándalo en pleno Palermo …10 May 2009 … Fue identificado como el juez Angel Sala, de la Cámara de Apelaciones Comercial. Una vez que tomó intervención el Juzgado Correccional 12, …
http://www.infobae.com/…/447410-100884-0-Borracho-un-juez-protagoniz%F3-un-esc%E1ndalo-pleno-Palermo – En caché
MAS INFORMACION EN: http://www.pjn.gov.ar
Después vino lo de la Jueza Rosa Elsa PARRILLI, que amenazó y discriminó a dos empleadas. Una jueza que tramita una indemnización como «desaparecida» en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La beneficiaron con la «probation» siendo jueza. Un disparate. Y va a juicio polìtico por «mal desempeño de sus funciones» en lugar de ir por «comisión de delito». ¿Por qué?. Para absolverla, porque no se desempeñò mal en sus funciones.-
LOS JUECES HONESTOS SON PERSEGUIDOS, DISCRIMINADOS hasta que un día cambie la cosa, porque todo cambia, y los acusadores sean enjuiciados y condenados.
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