El día 24 de Mayo se presentó, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, el informe Global sobre la Corrupción 2007, elaborado por Transparencia Internacional que recoge una visión sobre la corrupción, tanto desde un punto de vista mundial como en un conjunto significativo de países.
La edición de este año cuenta con una referencia especial a la corrupción en los sistemas judiciales. Además, se ha analizado con especial detalle, el estudio específico sobre la corrupción judicial en España. El Informe ofrece todos los años un tema clave. En 2006, analizó sector de la salud y, en 2005, el sector de la construcción. No es un trabajo cualquiera. Se analiza con detalle en congresos, soctorados y por la prensa especializada.
Un producto muy esperado de Transparencia Internacional es el llamado Índice de Percepción de la Corrupción, que se elabora en todo el mundo, y donde 0 supone la máxima corrupción y 10, máxima transparencia. El índice se confecciona a partir de las respuestas de empresarios y analistas de los distintos países. En el gráfico inicial el color de los países va del amarillo y claro (+ transparencia) al rojo y oscuro (+ corrupto).
En la lista de esos 178 países, España ocupa la posición 28, con una puntuación de 6.8. Desde el año 2000 su puntuación era 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. El catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria Mendieta, que ha sido el autor del informe como miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional, atribuye este empeoramiento a los escándalos de corrupción urbanística que se han destapado durante los últimos meses.
Un aspecto preocupante es que los ciudadanos, en una escala del 1 al 5, otorgan a los partidos políticos un nivel de corrupción del 3,9, cinco décimas más que en el 2005. Las empresas y el mundo de los negocios han pasado del 3,3 al 3,7, y los organismos encargados de los registros y los permisos administrativos han subido del 2,8 al 3,4.Así, dos de cada tres encuestados estiman que los partidos son bastante o extremadamente corruptos mientras que el 54% piensa lo mismo de las empresas. El resto de estamentos, incluidos los medios de comunicación, Hacienda, la policía o el ejército, obtienen porcentajes mucho más bajos, que no llegan al 50%.
La preocupación de los españoles por la corrupción en comparación con otros problemas ha seguido siendo relativamente baja en estos últimos años. El gráfico siguiente refleja la evolución mensual del porcentaje de quienes mencionaban la corrupción como uno de los tres principales problemas del país desde enero de 2002 a octubre de 2006 (porcentaje en decenas).
¿Cómo es posible que los ciudadanos piensen que existe mucha corrupción y les preocupe tan poco? Para Villoria la respuesta es sencilla: consideran que la corrupción afecta poco a su vida personal y familiar y, aunque piensen que afecta bastante al entorno de los negocios y a la vida política, “ni en el caso de la economía, ni en el de la política, se observan datos preocupantes en el panorama nacional”.España es uno de los 3 países de Europa donde los ciudadanos dan una puntuación más alta la gobierno en sus actividades de lucha contra la corrupción. Para Villoria «el gobierno ha reaccionado y ello ha tenido su impacto. No obstante, todavía cerca del 60% están insatisfechos con la respuesta gubernamental. En suma, hay que seguir trabajando».
¿Corrupción judicial?
Para el informe, con los datos en la mano, en España no existe corrupción judicial, por la inamovilidad y los sistemas selectivos de mérito. También por la protección constitucional y legal de su independencia e imparcialidad o por la existencia de un sistema muy riguroso de incompatibilidades y de prevención o gestión de los conflictos de interés.
Desaparecidas, gracias a los programas informáticos, las “astillas” para retrasar o agilizar trámites, considera excepcionales los casos de voluntaria pérdida de la imparcialidad judicial a cambio de un soborno. Sin embargo, para Villoria existe una cierta condescendencia de los propios jueces hacia sus compañeros cuando se trata de juzgarlos y sancionarlos.
Mención aparte merece al informe los supuestos de influencia política sobre los órganos de gobierno judicial, cuya composición puede facilitar la presión de quienes les nombraron, para que actúen con criterios partidistas en los asuntos disciplinarios, de nombramientos, ascensos y traslados. En España, dice Villoria, no puede decirse que se consiga menoscabar la independencia de los jueces, que “la aceptación de las presiones partidistas, si existen, son voluntarias y no fruto de un temor por su puesto”.
Las recomendaciones que propone para mejorar el sistema son valientes y lúcidas:
Primero, despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y reforzar la figura del amparo ante él, cuando un juez se sienta presionado políticamente. Después potenciar los medios del servicio de inspección y otorgarle la máxima independencia.
Por último, adoptar políticas de calidad, con sus correspondientes cartas de servicios, oficinas de quejas, acreditaciones o índices, buscando un justo y objetivo sistema de evaluación del rendimiento que permita discriminar en los ascensos y en las retribuciones. Hablaremos de ello en una próxima entrada.
Este artículo, sin enlaces, fue publicado en el diario La Nueva España, el 13 de junio de 2007, festividad de San Antonio.
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