Recientemente, el alcalde de una gran ciudad catalana se negó a empadronar a los inmigrantes ilegales. En defensa de esta posición esgrimió un informe de un prestigioso bufete de Barcelona. ¿Porqué no requirió el dictamen de los servicios jurídicos municipales? En otros destacados titulares podemos encontrar que la oposición castellanoleonesa critica pagar por un informe copiado …
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