Se acaba de inaugurar, en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife, la segunda edición del Congreso Nacional de Contratación Pública con la asistencia de 400 estudiosos de la materia, desde gestores a órganos de control, asesores, políticos y empresas. Un magnífico programa organizado por el grupo Lefebvre con precisión artesana -como evoca su etimología en francés-, una entidad que cuenta con más de 2.500 empleados en ocho Estados de la UE. En esta ocasión, la dirección académica es responsabilidad de Pilar Cuesta De Loño, letrada del Consejo de Estado y doctora en derecho, junto a José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y principal impulsor del Observatorio de Contratación, que tantas iniciativas promueve. Israel Expósito, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, será el coordinador académico de este encuentro único, que parece llamado a ser referencia anual, a contar con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Federación Canaria de Islas.
Una contratación pública que se debe anclar sobre el resultado.
El propio Gimeno Feliú reconocía el año pasado que estas actividades se encuadran en el desafío de “avanzar en una nueva cultura de la contratación pública alineada con los objetivos europeos al servicio de las políticas públicas superando una visión burocrática y formal”. Un reto que se aprovecha ahora en el marco de la consulta para la reforma –que concluirá este año– de la normativa europea de contratación pública, donde el OBCP ha presentado -con el propio Gimeno como primer firmante- bastantes soluciones jurídicas diferentes a las actuales. Su lectura es estimulante. Simplificar de forma eficaz el Marco normativo (apunta un reglamento europeo que evite la distorsión de interpretación en cada país tras una directiva) y fomentando una cultura de la calidad y de valor público con una moderna colaboración público privada -prestando atención a sectores singulares, como el sanitario o el de la tecnología o la defensa.
En el mismo sentido, las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Melilla, a través de sus centros directivos en materia de contratación pública de sus respectivos territorios, acordaron en el IV Encuentro Autonómico de Contratación Pública celebrado en Sevilla los pasados días 6 y 7 de noviembre de 2025, participar conjuntamente en el citado proceso de consulta, con aportaciones similares.
Entre los fundamentos aportados desde el Observatorio, destaca la referencia al informe Especial 28/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo (hace tres años titulamos al dar la noticia “Una década perdida en la contratación pública”) cuyo (vara)parágrafo48 es muy claro:
“En general, la carga administrativa de los procedimientos de contratación pública se percibe como excesiva, tanto por los licitadores como por los poderes adjudicadores. Más de la mitad de los encuestados destacaron también que los largos procedimientos administrativos ejercían un efecto disuasorio en las empresas que participaban en la contratación pública”.
Burocracia defensiva
Pues bien, el diagnóstico enviado desde el Observatorio es demoledor:
“Este deterioro no tiene un carácter coyuntural, sino estructural. Responde a lo que se denomina burocracia defensiva. Los gestores públicos, abrumados por una normativa compleja y fragmentada, y temerosos de la fiscalización, optan por el cumplimiento formalista del expediente en lugar de buscar la mejor solución técnica o económica. El resultado es un sistema que, aun observando escrupulosamente las reglas procedimentales, fracasa en la consecución de sus objetivos: se compra mal, tarde y caro, aunque el expediente resulte jurídicamente intachable”.
¿Se puede decir mejor? Tras cuatro décadas metido es estos negocios, no me gusta a donde hemos llegado en esta compleja materia.
De todas las propuestas, hay una que me gusta especialmente, quizás por mi facilidad natural para meterme en líos y que destacaré en mi ponencia mañana. Dice el texto enviado:
“Para combatir la administración defensiva, el nuevo marco debe distinguir claramente entre el error administrativo (subsanable) y la ilegalidad o corrupción. Se debe proteger al gestor que innova y asume riesgos calculados en beneficio del servicio público”.
El congreso promete.
Gracias por comentar con el fin de mejorar