Cuarenta años no es nada

Duplicamos en el titular el conocido tango Volver que inmortalizó Carlos Gardel. Se cumplían los cuarenta años de actividad reciente de la Cámara de comptos de Navarra, cuyo equipo directivo convocó en Pamplona una entrañable jornada con el título «La reforma de la Administración Pública«.

Tened en cuenta que la historia de la Cámara de comptos se remonta ni más ni menos que a 1365, aunque hay un primer libro de Comptos que data de 1258. El propio logo institucional recrea un sello de la época. En los siglos XIV y XV la Cámara gozó de una gran importancia y prestigio por sus competencias, profesionalidad e independencia. Desaparece formalmente en 1836, pero será recuperada tras la aprobación de la Constitución Española, aunque formalmente tras la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, justo, justo, hace 40 años. No es una fecha fácil, con muchos de sus colegas síndicos y consejeros compareciendo en sus parlamentos respectivos o aprobando su plan de trabajo 2025. Y siendo la víspera de la entrada del invierno adivinamos el parpadeo de las luces que a lo lejos anunciaban una tarde lluviosa y fría.

Volver

Asistimos a un acto que tenía mucho de sencillo homenaje y de reconocimiento entrañable a la Institución a la vez que de reflexión crítica de la situación actual de la Administración. En mis años de función pública, incluidos los 14 de síndico, estuve en bastantes ocasiones en jornadas convocadas o apoyadas por la Cámara de comptos y sus prestigiosos técnicos o letrados, que siempre han sido una referencia en el mundo del Control externo.

Especial interés tenía la mesa sobre reforma del control interno y externo de la Administración, con Dolores Genaro (presidenta sección fiscalización TCu), Manuel Alejandro Cardenete (presidente Cámara de cuentas de Andalucía), Karen Moreno (moderadora, Cámara de Comptos), Pablo Arellano (Interventor General de la Administración Estado) y Juan José Pérez (Interventor General del Gobierno de Navarra).

En su intervención, Dolores Genaro destacó tres ideas fundamentales. Primera, el control externo está cambiando desde múltiples puntos de vista, sin necesidad de llevar a cabo modificaciones normativas. Reconoció que ayudaría contar con normas actualizadas para las nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos: un entorno cambiante, un sector público en continua evolución (especialmente impulsado por la tecnología) y la sucesión de acontecimientos y situaciones de emergencia que requieren actuaciones inmediatas. Como ejemplo puso el caso del Tribunal de Cuentas, que ha cambiado notablemente desde el año 2012, en el que ella fue nombrada por primera vez Consejera “y sin embargo, nuestra normativa prácticamente permanece intacta desde los años 80”.

Entonces ¿hacia dónde deberíamos cambiar? Desde su punto de vista, la INTOSAI P-12 titulada “El valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos”, señala claramente el camino, ser receptivos a entornos cambiantes y a riesgos emergentes para lograr ser relevantes en la vida de los ciudadanos. Para ello debemos ser flexibles y adaptables, tratando de recoger en nuestras fiscalizaciones aquellas actuaciones y servicios públicos que más preocupan a la ciudadanía. De esta manera nuestras recomendaciones a los gestores podrán tener un mayor impacto en la vida de los ciudadanos.

Después reflexionó sobre los factores están impulsando los cambios. En primer lugar, sin duda, la tecnología, su aplicación en todos los ámbitos de nuestras instituciones, y especialmente la utilización de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. En segundo lugar, disponer de capacidad de innovación y de reacción ante los nuevos asuntos que puedan interesar a los parlamentos y a los ciudadanos, para lo cual necesitamos equipos multidisciplinares y personas con capacidad de innovación. Por ello será necesario orientar la formación y la selección de nuevos perfiles profesionales en nuestras instituciones. De esta forma, los recursos humanos y su capacitación cobran una relevancia especial.

Por último, identificó algunos cambios importantes en los ámbitos de la fiscalización, así como en los enfoques y las metodologías utilizadas. “Nos centramos en ámbitos más limitados para reducir los plazos en las fiscalizaciones y la aplicación del enfoque evaluador o las auditorías de sistemas de información tienen cada vez más peso en nuestras actuaciones fiscalizadoras”.

Manuel Alejandro Cardenete, Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía -y de la conferencia de presidentes de OCEx- abundó en esas reflexiones con algunas pinceladas respecto al control interno.

Puso énfasis en el reto de situarse en una posición imparcial que permita pronunciarse por encima de los intereses de los servicios, organismos o empresas directa o indirectamente afectados por la fiscalización: “No resulta concebible una actuación sesgada a favor o en contra de ninguno de sus posibles intereses, pero, en todo caso, nuestro procedimiento de actuación es garantía suficiente para la depuración de cualquier contaminante a estos efectos”.

Mencionó la neutralidad como otro de los principales deberes. “Cualquiera de las fases del procedimiento de fiscalización, incluida la planificación de los trabajos, puede estar afectada por un sesgo determinado, sea cual sea su orientación. Ante este riesgo sólo puede oponerse la máxima profesionalidad de cuantos intervienen en la elaboración de los informes”.

Finalmente, remarcó la objetividad que impone actuar de acuerdo con parámetros muy claros: “Esta es posiblemente la exigencia que requiere ser administrada con mayor prudencia por parte del control, puesto que supone su actuación con arreglo a criterios y referencias conocidos, contrastados y, en lo posible, que tengan la mayor aceptación”.

Cardenete: los OCEx, en el desarrollo de su actividad permanente de fiscalización, deben ser capaces de enriquecer el debate ciudadano y político convirtiéndonos en parte fundamental del devenir de las diferentes administraciones fiscalizadas.

Terminó recordando un reciente artículo de su colega Roberto Fernández Llera, Síndico Mayor de Asturias, en tanto que el control externo es el evaluador del sistema de control interno, “por lo que ambos viven una relación de riesgo, valga la expresión, pues el análisis y la valoración de riesgos es su razón de ser”.

Sentir

Las conferencias del magistrado José Ramón Chaves son siempre esperadas con mucho interés. Sus miles de seguidores diarios así lo evidencian. Su presencia en Pamplona le supuso un esfuerzo para reconocer también la ejemplar tarea de la Cámara de comptos. Su ponencia “Empleo público: modelo para armar” se basó en diez piezas que requieren solución. Deberéis escucharla con calma cuando esté disponible. Ya os avanzo que fue muy crítico con la situación jurisdiccional actual. Os dejo mientras tanto algunas pinceladas.

Así, la competencia del orden social extendida a los litigios sobre actos administrativos preparatorios de contratos laborales con la Administración Pública, iniciados con posterioridad a la STC 145/2022, provoca graves distorsiones, al repartir materias idénticas en dos jurisdicciones (ej. bases comunes, convocatorias) o al generar desorientación en jueces y abogados, pues se resuelven materias típicamente administrativas con criterios propios del ámbito laboral.

También pidió reconocer la acción pública en materia de función publica, en determinadas áreas con el contrapeso, para evitar abusos, de la imposición de costas o desestimar por abuso de derecho.

Insistió en que el legislador, o la jurisprudencia deben precisar con claridad la carga de impugnar, cuáles son reglamentos o actos y todo para evitar la indefensión o la fuerza de actos firmes. La STS de 18 de marzo de 2019, efectúa una serie de consideraciones al respecto de la naturaleza jurídica de la Oferta de Empleo Público evidenciando las dudas jurídicas que suscita la misma y, sin aclarar cuál es la posición del Alto tribunal al respecto. Sin embargo, parece que debe participar de la naturaleza de las RPT, o sea, mixta: son actos generales que no impiden su impugnación indirecta.

Insistió en acometer reformas legales procesales con rigor técnico que faciliten la economía procesal ante tantísimo litigio igual, o merecedor de corrección. Además, “debería facilitarse la expulsión de actos jurídicos ilegales, pese a la firmeza en vía administrativa, para evitar enojosos agravios comparativos entre los empleados Públicos”.

Vivir

Otro de los alicientes de la jornada era escuchar a Carles Ramió, entrevistado por Fermín Erviti. Una original propuesta donde Fermín sacó su alma periodística y extrajo en unos breves minutos el ácido (y muy certero, en mi opinión) diagnóstico de nuestro modelo de función pública, que dejo algunos titulares de prensa.

Carles Ramió es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra -donde ha sido vicerrector- con más de treinta años estudiando la función directiva de las administraciones públicas y veinte años ocupando puestos de referencia en la administración. Desde ese conocimiento acaba de presentar un ensayo pensado para, y así lo ha subtitulado, «evitar que la Administración pública encalle frente a nosotros». Se trata de “El colapso de la Administración en España: Un análisis políticamente incorrecto”(Catarata, 2024 – 156 páginas).

A su juicio, la Administración pública pasa por su peor momento desde la instauración de la democracia, inmersa en un claro declive y encaminada, si no hay remedios urgentes, a su inevitable hundimiento. Los ciudadanos, sorprendidos e indignados, constatan el deterioro de los servicios o de los trámites administrativos, “sin transformaciones significativas durante años (..) tras una pandemia que ha pervertido el modelo de atención pública, que no ha profundizado en la adecuada digitalización y ha instalado un teletrabajo deficitario”. A eso se añade que los procesos de selección de funcionarios son poco atractivos para una juventud que no está dispuesta a asumir los costes que suponen dedicar años para aprobar unas oposiciones memorísticas para acceder a uno de los grandes cuerpos del Estado.

Ramió: «Si no hacemos una reforma importante en España en los próximos años, de forma muy inmediata, en tres, cuatro o cinco años la administración española puede llegar al colapso”

Propone el rediseño de la atención al público, la suspensión de ciertos privilegios de los funcionarios que limitan su capacidad de gestión, la redifinición de los perfiles profesionales o la incorporación fluida de la inteligencia artificial.

Ramió preside el grupo de trabajo que desde noviembre aglutina 68 expertos en 12 grupos sectoriales de distintos ámbitos con el objetivo de «reimaginar, reformar y reforzar» el sector público catalán. Habrá que estar atentos a sus avances.

Continuará …