Una década perdida en la contratación pública

De acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, en el conjunto de la Unión la competencia en los contratos públicos adjudicados por las autoridades nacionales, regionales y locales se ha ido desvaneciendo en el transcurso de la última década. Entre 2011 y 2021, cada vez eran menos las empresas que competían por suministrar obras, bienes y servicios, mientras las autoridades a menudo recurrían directamente a determinada empresas. La reforma de 2014 no consiguió incrementar el atractivo de los procedimientos de contratación pública, cuando esto habría aumentado la competencia y ayudado a los Estados miembros a sacar el mejor partido posible al dinero de los contribuyentes. “De hecho, los procedimientos se hicieron aún más largos y, a día de hoy, la transparencia sigue siendo problemática” glosa la nota de prensa emitida. En España lo sabemos bien.

El valiente Informe Especial 28/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo «Contratación pública en la UE – La competencia en la adjudicación de contratos de obras, bienes o servicios ha disminuido en los diez años anteriores a 2021» recuerda que en 2014, la UE reformó sus Directivas sobre contratación pública para lograr que los procedimientos fueran más simples, transparentes e innovadores, y resultaran más fáciles para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo …

«En los últimos diez años, la UE y sus Estados miembros no han incrementado la competencia en los contratos públicos; por eso, desafortunadamente, puede decirse que esta ha sido una década perdida», afirma Helga Berger, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «La Comisión debería presentar un plan de acción para superar las barreras clave que se oponen a la competencia y lograr que los contratos públicos resulten más atractivos para las empresas».

En la mayoría de los Estados miembros, las tendencias de los principales indicadores de competitividad (contratación con una única oferta, adjudicaciones directas y número de licitadores) siguieron sin ser satisfactorias, y no se produjo una mejora general en la competencia. En 2021, la contratación con una única oferta alcanzó su máximo, ya que el 42 % de los contratos se adjudicaron a empresas que habían sido las únicas en presentar una oferta. Además, desde 2011, la contratación con una única oferta se había multiplicado por dos en la UE, mientras que el número de empresas que presentaron ofertas se redujo prácticamente a la mitad, pasando de aproximadamente seis por procedimiento a tres. Asimismo, al contratar, con frecuencia, las autoridades, sin haber realizado una convocatoria de licitación, pedían directamente a una o más empresas que presentaran una oferta. Pese a que estas adjudicaciones directas se permiten en circunstancias muy específicas porque reprimen la competencia y deberían ser excepcionales, ahora son más frecuentes en casi todos los Estados miembros, y representaron alrededor del 16 % de los procedimientos de contratación notificados en 2021.

Si bien la Comisión lanzó una nueva estrategia en 2017, ni ella ni los Estados miembros se esforzaron por determinar y combatir las causas profundas de la caída de la competencia, entre las cuales, según los auditores, destacan la carga administrativa, los criterios restrictivos en exceso y las especificaciones a medida, además de la concentración del mercado. Tanto la Comisión como los Estados miembros prestaron mayor atención al cumplimiento de las normas que al rendimiento; además, falta concienciación sobre el hecho de que la competencia es un requisito indispensable para la rentabilidad de la contratación pública.

«La reforma de 2014 no resultó eficaz para reducir la burocracia»

Así se lamenta el Tribunal. Antes bien, la duración de los procedimientos aumentó en un 50 % en estos diez años, y tanto los licitadores como las autoridades los consideraban engorrosos frente a los del sector privado, que eran más flexibles.

«La gestión de la contratación no se ha hecho más fácil. Es más, la duración de los procedimientos administrativos ha aumentado en un 50 % desde 2011».

El (vara)parágrafo 48 es muy claro:

“En general, la carga administrativa de los procedimientos de contratación pública se percibe como excesiva, tanto por los licitadores como por los poderes adjudicadores. Más de la mitad de los encuestados destacaron también que los largos procedimientos administrativos ejercían un efecto disuasorio en las empresas que participaban en la contratación pública”.

Tampoco aumentó la proporción de los contratos adjudicados a pymes, y los licitadores que presentaban las ofertas más económicas seguían obteniendo la mayoría de los contratos, lo que significa que los aspectos más estratégicos (medioambientales, sociales e innovadores) raramente se tienen en cuenta. Los auditores también manifiestan su preocupación no solo por la transparencia de los procedimientos, que constituye una salvaguardia clave contra el riesgo de fraude y de corrupción, sino también por el reducido volumen de contratación pública transfronteriza. En especial, instan a la Comisión a aclarar los objetivos de la contratación pública y a presentar medidas para superar los obstáculos clave a la competencia.

Los actuales procedimientos de adjudicación de contratos duran mucho más que hace diez años.

En especial, el período total de decisión hasta la adjudicación del contrato, sin incluir los recursos contra las decisiones de adjudicación ha aumentado, pasando de 62,5 días en 2011 a 96,4 días en 2021

Información de referencia

Cada año, los países de la UE gastan alrededor de 2 billones de euros (aproximadamente el 14 % del PIB de la UE) en la contratación pública. Sus prácticas varían: en 2021, la mayor proporción de adjudicaciones directas se registró en Chipre (42 %) y la menor, en Grecia (3 %); la mayor contratación con una única oferta se produjo en Eslovenia (73 %), y en Polonia se mantuvo en un nivel elevado de aproximadamente el 50 % durante el período de diez años. También había diferencias entre sectores: desde 2011 se registraron cada vez menos adjudicaciones directas en los servicios financieros, mientras que, en 2021, el mayor número se registró en el sector energético.