Nunca como hasta ahora la Intervención local ha tenido tanta presencia en los textos legislativos y reglamentarios; pienso sinceramente que nunca como hasta ahora ha tenido tanto trabajo. Nos lo recordaba ayer mismo el secretario municipal, Pedro Antonio Martín, en un lúcido artículo titulado “La aplicación de la nueva Ley de Contratos: una operación de orfebrería jurídica”, donde reivindicaba para sus hermanos habilitados que las retribuciones crecieran en paralelo a las nuevas responsabilidades: “como si no estuvieran cargados los Interventores en la actualidad de trabajos de remisión de informes al Ministerio de Hacienda al Tribunal de Cuentas, a las Comunidades Autónomas …”.

En efecto, el R.D. 424/2017, de 28 de abril, regulador el Régimen Jurídico del control interno en las Entidades del Sector Público Local, que entra en vigor dentro de exactos cuatro meses va a exigir al Interventor ser un superman. Menos mal que cuenta con ayuda.

Nueva edición de la Guía de fiscalización local

Por suerte, contamos entre la profesión interventora con esforzados funcionarios que consiguen arañar tiempo para analizar esas relevantes funciones y divulgarlas entre sus compañeros. En este sentido queremos traer a la bitácora la recientísima obra de José Manuel Modelo Baeza, “Guía de fiscalización en las entidades locales”. Se trata de una actualización del manual clásico del que ya dimos cuenta hace seis años en esta bitácora (“Modelo de interventor”, ¡estaba yo lúcido ese día!) y también presentamos en 2009.

La obra facilita especialmente la confección de útiles informes o informes-tipo en los cuales se han incluido interesantes pronunciamientos (del Tribunal de Cuentas, de los órganos de control externo de las CCAA y, fundamentalmente, de las diferentes Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, así como de los tribunales encargados de la resolución de los recursos especiales en materia de contratación) sobre las cuestiones propias y los aspectos más controvertidos de cada una de las fases de los expedientes a fiscalizar.

El asunto se las trae; sobre todo en la obligatoriedad de establecer en cada Entidad Local un Plan Anual de Control Financiero, sobre la base de un análisis de riesgos. Un programa que deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio de la función interventora y “con medios propios o externos”, al menos, un control efectivo anual del ochenta por ciento del presupuesto general consolidado, que en el transcurso de tres ejercicios consecutivos deberá alcanzar su totalidad.

Se exige al Interventor de la Entidad Local, además de sus variadas tareas, realizar anualmente la auditoría de todas las entidades dependientes sobre las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

Para esta tarea necesitará ayuda de los auditores privados. Un nuevo escenario que será estudiado y debatido en unas interesantes jornadas gratuitas del Comité de Coordinación del REA Auditores del Consejo General de Economistas de España, el 25 de abril en Madrid. Del avance del programa destaca la conferencia inaugural a cargo de José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y las ponencias de Jorge Castejón, Director Nacional de Auditoria (ONA) y José J. Boyero, auditor de la Junta de Extremadura. Terminará con una mesa redonda en la que tengo el honor de participar junto a Eduardo J. Garro, Interventor General de la Comunidad murciana y Ángel A. Bravo, Interventor del Ayuntamiento de Aranjuez.