La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana ha entregado ayer a las Corts, el Informe sobre la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2008. Es el primer documento oficial sobre el agregado de los presupuestos municipales liquidados dentro el escenario de la crisis económica.
Sus conclusiones nos permiten extrapolar la situación presentada al resto del Estado español. Por lo pronto, la prensa valenciana titula que los municipios quintuplicaron su necesidad de financiación hasta los 185,40 millones de euros. En definitiva, que continúan en caída libre, como concluimos del informe del año precedente.
Así, en 2006, en plena bonanza económica, los ayuntamientos valencianos cerraron el ejercicio con una sólida capacidad para financiarse: 356 millones de euros. En 2007, tras sufrir las primeras consecuencias del frenazo económico y la consiguiente falta de ingresos, ya necesitaban 32 millones de euros, con 156 municipios en déficit y 107 con la liquidación de tesorería negativa.
Ahora, se detecta un peligroso descenso del resultado presupuestario y del remanente de tesorería; mientras que el gasto por habitante y el endeudamiento por habitante han aumentado. Un terreno resbaladizo, aunque los optimistas dirán que se esperaba peor. Estas cuentas deben permitir a los ayuntamientos enfrentar un futuro año electoral con limitación de endeudamiento, asumiendo una importante caída de la recaudación así como la devolución al Ministerio de Hacienda de los anticipos optimistas de la Participación en los Ingresos del Estado de los años 2008 y 2009.
Veámoslo.
Principales indicadores
No por esperado es menos pernicioso. El Informe refleja el “empeoramiento” de la situación de los municipios. Así, el resultado presupuestario ajustado agregado ha descendido un 38% respecto al año anterior y un 52% respecto a 2006, hasta situarse en 188,97 millones de euros al cierre de 2008. Además, 179 municipios de los 499 (casi el 36%) tienen un resultado negativo.
El remanente de tesorería, que constituye una magnitud fundamental, ha disminuido un 9%, hasta 1.080,37 millones. Del total de municipios, 144 liquidaron sus cuentas con remanente de tesorería negativo para gastos generales.
El indicador de capacidad o necesidad de financiación ha multiplicado por 5,6 las necesidades financieras de los ayuntamientos. Así, en 2007 esta necesidad se valoraba en 32,56 millones de euros y ha pasado a 185,40 millones en 2008. Por último, el endeudamiento por habitante se ha situado en 504 euros en 2008, lo que supone un 5% más que el ejercicio anterior.
Rendición de Cuentas
Compilar en un tiempo record las cuentas locales es toda una hazaña de los funcionarios levantinos, tanto de los interventores locales como de los auditores externos. El Informe recoge y analiza la información económico-financiera de las 588 entidades locales que han remitido sus cuentas a la Sindicatura, lo que supone el 90% del total, una vez deducidas las que no tienen actividad. Dentro de estas 588 entidades se incluyen 499 ayuntamientos, el 92% de los municipios valencianos, que representan el 98% de la población de la Comunidad. Los Ayuntamientos levantinos hicieron con cierta diligencia sus deberes (recuérdese que en Galicia, por ejemplo, la morosidad es del 60%): sólo 43 Corporaciones Locales no han remitido sus cuentas; de estos, dos tienen más de 20.000 habitantes (Villajoyosa y Sueca) y tampoco presentaron las cuentas de 2006 y 2007.
Sin embargo, el documento también destaca el «incumplimiento generalizado de los plazos relativos al ciclo presupuestario«, de forma que solo el 13 por ciento de las entidades locales que han presentado cuentas aprobaron en plazo el presupuesto y su liquidación. El 17 por ciento elaboró la Cuenta General en plazo y el 35 por ciento antes de la fecha preceptiva. Un asunto que ya motivó una interesante reflexión del OCEX valenciano, que ya fue comentado en esta bitácora.
En su informe, la Sindicatura reitera la exigencia de un régimen sancionador que contemple medidas disciplinarias o sanciones económicas para quienes incumplan la obligación de rendir cuentas o de prestar el deber de colaboración en la fiscalización.
Replica a La delicada y alarmante (o incluso catastrófica) salud financiera local. | Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización Cancelar la respuesta