Evaluación de riesgos … de corrupción

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En Portugal, desde hace un par de años existe el Consejo para la Prevención de la Corrupción, que es un órgano administrativo independiente que trabaja “con” el Tribunal de Cuentas de Portugal para la prevención de la corrupción y los delitos conexos.

Ya hemos hablado Aquí de sus principales características, con un coste de funcionamiento mínimo y una orientación preventiva de la corrupción activa y pasiva, de la delincuencia económica y financiera, el blanqueo de dinero, tráfico de influencias, apropiación indebida de bienes públicos, de mala gestión, malversación de fondos, la participación en los asuntos económicos, el abuso de poder o violación del deber de secreto, así como la adquisición de bienes o valores como resultado del uso de información privilegiada ilegal en el sector público.

Todos los organismos y empresas públicas portuguesas, de ámbito estatal, regional y local, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada y debieron aprobar, antes del 31-12-2009, unos “planes de prevención del riesgo de corrupción y delitos relacionados”. Se trata de una iniciativa pioneira en el mundo de la gestión pública.

Recientemente, el Presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal, el Doctor Guilherme d’Oliveira Martins, recibía a una delegación española, de la que tuve el honor de formar parte, y nos confesaba su orgullo porque hasta la fecha, el Consejo ha recibido y analizado 753 planes de riesgos de corrupción, cuyo conocimiento y seguimiento es una herramienta fundamental del control interno. Esta es la síntesis de las principales conclusiones de esos planes.

Además, el Consejo había determinado los puntos comunes que todos los planes deben contener. Por lo tanto, cualquiera que sea la naturaleza de la entidad, todos los planes deben identificar todas las áreas y departamentos con riesgos de corrupción y delitos conexos, con indicación de las medidas para prevenir y mitigar su ocurrencia, con especial atención a los mecanismos de segregación interna de tareas, la rotación de los administradores, entre otros y la definición de los principales implicados en el plan de gestión. Por último, las entidades deberán elaborar un informe anual sobre la aplicación y ejecución de los planes.

Como la transparencia es la mejor manera de luchar contra la corrupción, el Consejo para la Prevención de la Corrupción decidió, en su reunión del 7 de abril pasado, recomendar a los órganos rectores máximos de Entidades y empresas públicas que deben anunciar en su respectivo sitio web, el propio plan de prevención de riesgos de la corrupción. Podéis ver aquí el correspondiente al Ayuntamiento de Oporto y aquí el plan del Instituto de Empleo.

El propio TCu portugués, como Entidad pública que es, aprobó el suyo, que podéis leer en portugués, pero de muy fácil entendimiento. Menuda lección.

Plural: 2 comentarios en “Evaluación de riesgos … de corrupción”

  1. ¡No todo lo que brilla es oro!

    En el inicio se sucumbe ante tal iniciativa pionera(la creación de un Consejo para la Prevención de la Corrupción). Pero analicemos su efectividad, con datos del Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparency International.

    a) Apéndice D. Tabla 1. ¿En qué medida percibe que las siguientes instituciones están afectadas por la corrupción? = partidos políticos, parlamento, sector privado, medios, sector público, poder judicial.

    Puntuación: 1= para nada corrupto.
    5= extremadamente corrupto.

    Resultado: Puntuación promedio.

    Portugal : 3.4
    España : 3.2

    b) Tabla 4. ¿Cómo evalúa las medidas del gobierno actual para combatir la corrupción?

    Inefectivas, Ni efectivas-ni inefectivas, Efectivas

    Portugal: 73% – 10% – 16%

    España: 44% – 27% – 29%

    Efectivamente…¡Menuda lección!

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  2. Los arts. 5 y 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción han venido a consolidar a la prevención como un instrumento imprescindible en la lucha contra esta pandemia, ante la constatación fáctica de que la adopción de medidas exclusivamente represivas resulta claramente insuficientes —NACIONES UNIDAS: OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, Un guide for Anticorruption Policies—..

    El Consejo para la Prevención de la Corrupción portugués se inserta dentro de las recomendaciones de este Acuerdo de establecer instituciones especializadas en estas tareas, dirigiéndose a un aspecto que generalmente queda fuera de las funciones de los organismos clásicos de control, como es el asesoramiento, la información y la formación, con el fin último de prevenir la comisión de actos defraudatorios de los intereses públicos.

    El gran reto de esta entidad es no convertirse, como ha ocurrido con muchas otras iniciativas, en un nuevo florero que se añade a la pléyade de entidades de control ya existentes —y que curiosamente todas ellas tienen como origen común luchar contra las malas artes en la gestión de la cosa pública, aunque posteriormente se hayan desviado hacia fines menos comprometidos—, aunque hay que reconocer que sus funciones le configuran como un órgano de ‘inteligencia’, es decir, de procesamiento de información, al carecer de capacidades investigadoras como las asignadas a la OLAF europea.

    En este sentido, la implantación de los Planes de prevención de la corrupción y sus posteriores informes anuales no dejan de ser un paso en la buena dirección, desarrollado con una metodología moderna y plenamente validada, que exige a las organizaciones plantearse cuáles son sus riesgos de control y adoptar medidas básicas como los códigos éticos o la segregación de funciones. No es ninguna novedad señalar que el gran reto de estas medidas es que no se queden en meros documentos de declaración de intenciones que únicamente sirven para mostrar en las páginas web, junto con un estupendo código ético renovado con las últimas tendencias, sin que ello impida, por ejemplo, que, a pesar de que el organigrama de la entidad muestre una perfecta segregación de funciones, en la práctica la contratación la centralice esa persona tan válida y tan activa, que puede ser desde un secretario general al encargado del almacén —casos se han visto—, que posiblemente esté obteniendo por ello un buen sobresueldo.

    Para evitar estos riesgos que únicamente sirven para desprestigiar a estas instituciones nacidas de la mejor de las intenciones, y de paso volver a profundizar en el escepticismo que demuestra la ciudadanía hacia la voluntad política en la lucha contra la corrupción, deberían establecerse medidas para asegurar que estos planes funcionan realmente en la actividad cotidiana de las entidades públicas. Desde este punto de vista, dos son las cuestiones en que creo que es necesario incidir —aunque justo es decir que también son tenidas en cuenta en el desarrollo de estos documentos y en las declaraciones de intenciones del propio Consejo—: por un lado, el establecimiento de indicadores que permitan valorar en que medida se están cumpliendo los objetivos iniciales, y, por otro, la exigencia de que los informes anuales de seguimiento sean auditados por un agentes que garanticen que su contenido no es un mero reflejo de las intenciones —muy posiblemente irreprochables— de la alta dirección, pero que están alejadas de su realidad cotidiana.

    Además, me atrevería a plantear a este recién nacido Consejo que asuma un reto más en relación con la labor de información que también tiene asignada: que adopte como modelo las funciones desarrolladas por la Unidad de Inteligencia Financiera recomendada por el GAFI en la marco de la lucha contra el blanqueo de dinero. Aunque con grandes dificultades y muchos años de trabajo, el desarrollo paulatino de estas unidades ha pasado de limitarse a recibir información de carácter estadístico a ser auténticas unidades de inteligencia que procesan los datos recibidos (cada vez más valiosos y oportunos) para evitar la comisión de actos de blanqueo. El grado de desarrollo de estas unidades es de tal que en España, por ejemplo, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a través de su Servicio Ejecutivo, consigue en estos momentos información en tiempo real de operaciones sospechosas de blanqueo, alertando directamente a las autoridades policiales, consiguiendo, incluso, gracias a su información, que la policía haga acto de presencia en el mismo momento de estarse cometiendo la transacción delictiva —¿quién no recuerda el famosa caso ocurrido en una localidad andaluza en la que estaba presuntamente involucrado un antiguo presidente de un conocido club de futbol?—.

    Si este nuevo órgano consiguiera que sus funciones de asesoramiento e información fuesen realmente efectivas, mediante la promoción de las buenas prácticas administrativas y la obtención de información que permitiera no sólo conocer que se ha defraudado, sino impedir la comisión de estas defraudaciones, se legitimaría plenamente ante la opinión pública, haciendo honor a su denominación de ‘órganos preventivo’. No hay que olvidar que prevenir consiste no sólo en conocer un daño, sino tratar de evitar que este se produzca.

    En definitiva, la aspiración de todo organismo que trabaje en la prevención de la corrupción debe ser tratar de paliarla, pues, siguiendo que la máxima que Unamuno puso en boca de Abel Sánchez, el fin de la medicina no debe ser diagnosticar las enfermedades, sino curarlas.

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