En el diario “El Economista” de hoy, leo la constitución del portal Universidad digital. Los objetivos estratégicos que se declaran en este nuevo proyecto son atender los requerimientos del proceso del Espacio Europeo de Educación Superior, garantizar el acceso de los ciudadanos a la administración universitaria y romper las tres barreras de acceso a la Universidad: espacio, tiempo y dinero.Asistieron al acto sus fundadores: los rectores de varias universidades, los presidentes del Banco Santander, de Telefónica y de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU). Emilio Botín destacó la necesidad de encontrar soluciones tecnológicas e implantarlas en mejoras concretas de la actividad universitaria y, sobre todo, llevarlas a Iberoamérica.

En el futuro, la Universidad posiblemente cambiará el concepto de enseñanza por aprendizaje, centrada en el profesor, por una mayor orientación hacia el estudiante, asumiendo así los nuevos conceptos derivados de la administración digital, así como nuevas formas de comunicación y trabajo cooperativo.

Este tema debe relacionarse directamente con la calidad y la rendición de cuentas. El propio presidente de la Conferencia de Rectores de España, Angel Gabilondo, declaraba recientemente que ambos objetivos eran los elementos básico de la nueva universidad. Es cierto que hay importantes opacidades en algunas áreas, como la contabilidad analítica.

Al respecto, la propia Oficina de Cooperación Universitaria, durante el verano, hacía público el portal de los costes universitarios. donde puede descargarse el libro blanco dirigido por el catedrático de la Universidad de Málaga, Daniel Carrasco Díaz. En él se propone un modelo genérico de cálculo de costes para la Universidad Española que aspira a constituirse en referente a nivel nacional, aplicable a ésta a través de su adaptación a cada realidad específica, a través de los correspondientes proyectos de personalización.

En unas pocas semanas el Tribual de Cuentas de España deberá hacer público el informe horizontal de «fiscalización de la organización, de la actividad económico financiera y de la gestión del conjunto de las universidades públicas, en el marco de la normativa vigente y de los principios de eficiencia y economía”. En él se avanza una estimación de los costes por alumno de las titulaciones por grandes áreas (humanidades, ingenierías, etc) que, sin duda, reiniciará el debate presupuestario de la educación superior.

Nuestros vecinos franceses acaban de aprobar una Ley de autonomía («y responsabilidad») universitaria que intenta acercarse al modelo español. Aspiran a que sus cuentas anuales reflejen con trasnparencia todo el patrimonio universitario (no son titulares de los bienes inmuebles) o que los gastos incluyan los sueldos universitarios (los profesores funcionarios cobran del Estado) y puedan reflejar la imagen fiel de la gestión universitaria.