En España nos hemos acostumbrado al bajo seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría anual. Tanto interventores como órganos institucionales de control externo, desde las sindicaturas autonómicas hasta el Tribunal de Cuentas de España dejan cada ejercicio variadas alertas y advertencias que los gobiernos eluden acometer en profundidad. El más conocido: la calificación de insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones o revertir el endeudamiento galopante.
EE UU cuenta con avanzados mecanismos de control financiero de la Administración. La más importante es la GAO, una centenaria institución federal que es un ejemplo mundial por la calidad de sus trabajos, el alto nivel de sus auditores y de sus procedimientos. Cambió su nombre hace un par de décadas para dejar claro que iría más allá de las cuentas (“accounting”) entrando en el complejo mundo de valorar la gestión y las políticas desarrolladas por las Instituciones (“accountability”). En definitiva: hace tiempo que dejó de ver sólo facturas o contratos para profundizar en la eficacia y eficiencia de estos gastos. Llegaron a usar agentes encubiertos contra el fraude y tras el 11-S demostraron que podían superar los controles de protección en los aeropuertos. Digamos que son el FBI de los auditores y se hacen llamar los perros guardianes vendiéndose como «el mejor amigo del contribuyente» como recordábamos hace 18 años.
Sus informes, siempre contundentes, tienen un lenguaje muy medido y políticamente correcto. Por ejemplo, la semana pasada se aprobaba “La salud fiscal de la nación” donde volvía a alertar sobre el alto nivel de deuda pública federal equivalente al tamaño de la economía (98% PIB) pero creciendo imparable a un ritmo doble que esta. Miren que texto incluye, tan claro, calculado y paciente: “Seguimos recomendando que el Congreso desarrolle una estrategia para informar sobre las difíciles opciones políticas para abordar nuestro insostenible camino fiscal”. Y respecto al control formal sobre las cuentas anuales, la última auditoría financiera no pudo opinar sobre la liquidación del presupuesto federal. Algo así como un suspenso en el examen final.
Es verdad que cada año, aprobar el presupuesto americano era una suerte de líos y equilibrios (con funcionarios eventuales enviados temporalmente para su casa), pero tras el pacto económico los problemas pasaban a ser otros. Nadie preguntaba por los intereses de la deuda que crecieron un 14% el año pasado y allí superan los elevados gastos de Defensa. Un escenario que la propia GAO considera “insostenible” porque la dirección política de la Nación elude su debate y solución (como aquí) y el déficit presupuestario anual seguirá creciendo hasta enterrar a las generaciones futuras.
En realidad, así gobierna cualquiera. Si tienes una necesidad y puedes endeudarte para afrontarla, eludimos aquello que decía Leibnitz sobre la política como “el arte de lo posible”. Si se cambias cromos para aprobar los presupuestos, pero esquivas las decisiones estratégicas, no resuelves ningún problema, lo agravas. Ahora asistimos perplejos y en directo al drama de la motosierra norteamericana podando el gasto en las agencias federales. Sus rivales políticos no osan alzar mucho la voz (salvo ante las abruptas formas) porque son quienes han generado esa insostenible (sic) situación financiera. Algo similar -mucho más elevado, claro- pasa en Argentina. El problema de la política -también en Europa- es que si acometes esas reformas aun con prudencia -y nunca es buen momento- se paga un alto coste electoral pues los grupos perjudicados te retiran el voto. Y si no lo haces te acercas más al abismo y quien venga después muy probablemente lo afrontará al modo Trump o Milei. Truco o trato.
Por si aquellas alertas fueran pocas, el mes pasado la GAO recriminaba a la Administración Biden no aprovechar plenamente los beneficios de la tecnología moderna para “reducir costes y servir mejor al pueblo estadounidense, proporcionando un servicio moderno al público». Algo que ha permitido a los jóvenes halcones de Elon Musk, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) entrar en la cacharrería, con total pérdida de formalidades y cautelas por conflictos de interés. Se aprobaron despidos masivos en agencias, aunque algunos jueces han suspendido temporalmente esos expeditivos procedimientos. Este miércoles se firmó un decreto presidencial para aplicar a los funcionarios una tasa de reposición de efectivos de 1×4 (invento español, por cierto, durante la década pasada). Todo un culebrón que los aficionados a la auditoría pública seguimos con mucha atención, pero también con mucha preocupación pues las restricciones afectan a los gastos de defensa -un departamento que nunca superó las auditorías en este siglo- y han dejado vendidos a nuestros vecinos ucranianos en su apoyo militar ante la abominable invasión rusa. Y esto nos afecta muy directamente.
Publicado en La Nueva España
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