Tenemos una extraordinaria función pública. Es mi opinión personal que recientemente corroboraba uno de los primeros estudios comparativos a nivel mundial. Se trata del índice que será referencia obligada en los próximos años para medir internacionalmente (¡más rankings!) la eficacia de los servidores públicos de los diversos países. Se trata del InCiSE 2017, que evalúa cómo funciona el servicio civil en los diferentes países y desde diversas perspecivas. Como imagináis, el medallero lo encabezan los de siempre:
- Canadá
- Nueva Zelanda
- Australia
- Reino Unido
- Finlandia
- Suecia
- Estonia
- Noruega
- Corea y
- Estados Unidos.
España ocupa el puesto 18 en el Índice y su posición se eleva al 15º tras los ajustes del PIB per capita. Obtenemos el séptimo lugar en el indicador de la administración tributaria, logrando una puntuación particularmente buena en cuanto a la extensión y calidad de la provisión digital. Asimismo, alcanzamos el noveno puesto del indicador de la administración de la seguridad social, lo que sugiere unos costes administrativos razonables como proporción del gasto total del sector.
La realidad es que tenemos una función publica envejecida, con dos de cada tres empleados públicos mayores de 50 años, lo que representará un problema a largo plazo si no se resuelve definitivamente el asunto de las tasas de reposición de efectivos. Algunos estudiosos de nuestra burocracia (Francisco Longo, por ejemplo) sostienen que nuestros salarios públicos son superiores al sector privado en los puestos de cualificación media-baja mientras que los puestos públicos de alta cualificación están por debajo del mercado privado. Ahí os dejo este recurrente debate. Sobre los múltiples aspectos del tema, el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo celebrará el próximo 29 de septiembre la jornada titulada «Novedades en la visión del personal de las administraciones públicas«, organizada en colaboración con la Asociación de Letrados de las Entidades Locales.
En la sesión intervendrán expertos juristas y letrados de diferentes administraciones autonómicas y locales, se analizará la incidencia de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE en la situación actual del personal de las administraciones, así como diferentes aspectos relacionados con el empleo público.
Las sesiones se desarrollarán en el Salón de Actos del ICA Oviedo.
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