Continúa desarrollándose el seminario del OBCP en Panticosa, con la asistencia de un centenar de profesionales vinculados al mundo de la contratación pública. Unas de las mesas interesantes tuvo como marco su vertiente cuantitativa: espacios de datos y sus aplicaciones, dentro del objetivo de la soberanía digital. El ingeniero Manuel j. García, ya es un habitual en esta vertiente y presentó aquí una interesante ponencia apuntado los diversos retos en la licitación de IA, cloud computing y big data.
Su exposición partió de un diagnóstico sobre el estado de los datos de contratación pública: tres años después de la Comunicación de la Comisión Europea de 2023, considera que la situación sigue estancada. Existen datos en abundancia —en manos de las plataformas de contratación, organismos con convenios de acceso como la CNMC, parcialmente los OCEX y la ciudadanía—, pero su aprovechamiento es limitado. Hoy se usan sobre todo para estudios estadísticos (OIReScon, TCEu, CNMC), artículos periodísticos, detección de colusión (BRAVA, ERICCA) e investigaciones policiales, cuando podrían servir además para estudios económicos que permitan legislar mejor (por ejemplo, facilitar la participación de las PYMEs) y para detectar proactivamente el fraude y la corrupción combinándolos con otras fuentes.
En materia de transparencia algorítmica, recuerda que la Sentencia del TS 1119/2025 (caso BOSCO) reconoció el derecho de acceso al código fuente de un algoritmo público, ampliando el concepto de «información pública» a los elementos técnicos de las decisiones automatizadas. Esta doctrina tiene implicaciones directas en contratación si se utiliza IA para valorar ofertas: los licitadores podrían reclamar acceso a los algoritmos empleados. Manuel distingue entre reglas determinísticas y modelos de lenguaje basados en redes neuronales y subraya que la IA presenta rasgos cada vez más “humanos”: sesgos (prejuicios), alucinaciones (suposiciones), aprendizaje sin nueva información (como hizo el software AlphaGo) y aprendizaje no lineal (llamado “grokking”.
Sobre la dimensión estratégica e industrial, señala que la IA requiere tres componentes —software, hardware y centros de datos— y que España solo puede competir realmente en el tercero, con Aragón como ejemplo gracias a su legislación favorable (los PIGA), aunque con el cuello de botella eléctrico como límite. Lo resume en una frase: “el país que no computa, no compite”. En el plano regulatorio, contrapone el modelo de libertad estadounidense frente a la regulación europea: el Reglamento de IA de 2024 calificó la contratación pública como uso de alto riesgo, exigiendo transparencia, trazabilidad y supervisión, y en 2025 llegaron las cláusulas contractuales tipo para la compra de sistemas de IA; pero la propia Comisión ya impulsa un Reglamento Ómnibus Digital para simplificar cargas. Plantea la pregunta de fondo: ¿quién tiene realmente la sartén por el mango, quién fabrica la tecnología o quién la regula, cuando la UE apenas representa el 5,5% de la población mundial?
Por último, abordó las cautelas en la adquisición y ejecución de contratos con IA. Los procedimientos tradicionales están pensados para comprar bienes y servicios cerrados, no soluciones que incorporan IA, lo que exige nuevas garantías de explicabilidad, auditoría, control humano y gestión del riesgo desde el propio contrato. En la fase de ejecución, ya afloran pliegos que obligan al contratista a informar de qué partes del contrato se ejecutan con IA, y el ponente propone ir más allá: exigir que se identifiquen las tareas concretas donde se usará, los proveedores y sistemas empleados, y las dos cuestiones clave de cualquier sistema (qué datos utiliza y cómo está programado). Cierra Manuel con una nota optimista: la IA también empodera a administraciones, empresas y ciudadanos para controlar y fiscalizar el gasto público, como demuestran los ejemplos de pideinfo.es así como de ContratosMenores.es, además de su prototipo de valoración de ofertas.
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